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A principios de 2019, Daniel Tejeda salió a pescar en el caudaloso río Tonalá, la frontera natural que separa a Veracruz de Tabasco, y cuyas aguas plateadas desembocan en el Golfo de México. El hombre de casi sesenta años apenas había recorrido unos pocos kilómetros río arriba, cuando a la distancia vio a varias personas recostadas sobre ramas de mangles rojos, que crecían en la ribera. La curiosidad le hizo acercarse, pero antes de llegar, desde su pequeña lancha con motor fuera de borda distinguió la forma de armas largas. 

—¿Qué buscas, viejo? —le gritó uno de los hombres a Daniel, que en su lancha se acercaba a la orilla con el motor apagado.

—Nada, solo ando pescando; aquí vivo y siempre viajo en estas aguas —respondió Daniel, tratando de parecer lo más tranquilo posible y midiendo con los ojos la distancia entre el grupo armado y su bote, por si había que huir.

—Lárgate de aquí, esta madera es para las carboneras y no queremos mirones —dijo otro sujeto detrás de los restos de un gran tronco de mangle recién cortado.

A pesar de la experiencia, Daniel y un grupo de 22 personas, todas, pertenecientes al ejido Tonalá, del municipio de Agua Dulce, en el sur de Veracruz, decidieron organizarse para resguardar las extensas áreas de mangle rojo, blanco y negro que crecen a lo largo del río Tonalá frente a la incursión de las carboneras: industrias hiperlocales e ilegales que viven de transformar la madera de mangles, que tardan hasta diez años en alcanzar su madurez, en carbón que termina malbaratándose a diez pesos por kilo.

Así nació la Brigada Rural de Manejo del Fuego y Atención a Contingencias Sanitarias, auspiciada por el programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable de la Comisión Nacional Forestal (Conafor): un intento desesperado por salvar de la destrucción a la última frontera de manglar veracruzano, que, pese a su riqueza biodiversa, no está considerada como área natural protegida. Lo único que lo protege, entonces, es el trabajo comunitario.