La impugnación fue presentada el pasado 16 de agosto por parte de diputados federales en contra de la determinación de los senadores y su promulgación por parte del Senado de la República.
La impugnación fue presentada el pasado 16 de agosto por parte de diputados federales en contra de la determinación de los senadores y su promulgación por parte del Senado de la República.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una impugnación presentada por diputados federales del PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD en contra del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocido como “Ley 3 de 3”, cuya redacción permite a los servidores públicos reservar su declaración patrimonial, la declaración de conflictos de interés y una versión pública de sus declaraciones fiscales.
La impugnación fue presentada a través de una acción de inconstitucionalidad, misma que fue admitida a trámite y turnada al ministro José Ramón Cossío para que elabore un proyecto de resolución en el que se determine si la actual redacción de la norma es constitucional o no.
La acción de inconstitucionalidad fue registrada con el número de expediente y su resolución definitiva podría tardarse entre 6 meses y un año, mínimamente.
El artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas formaba parte de las llamadas reformas anticorrupción y mediante este se pretendía obligar a los servidores públicos a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y fiscal, pero los votos del PRI, Nueva Alianza y Partido Verde modificaron su redacción, por lo que la publicidad de dichas declaraciones se volvió opcional.
Durante la votación de la citada norma, fue evidente la abstención de los legisladores vinculados a Morena, así como ausencias de senadores del PAN y el PRD, por lo que ese partido político y los legisladores ausentes también han sido cuestionados por su decisión.