El mandatario señaló que la PGR trabaja a profundidad y amplía las investigaciones, esa labor la mantendrá abierta hasta llegar a las últimas consecuencias
El mandatario señaló que la PGR trabaja a profundidad y amplía las investigaciones, esa labor la mantendrá abierta hasta llegar a las últimas consecuencias
El presidente Enrique Peña Nieto reiteró el firme compromiso del Gobierno de la República de esclarecer y sancionar a los responsables de los hechos violentos ocurridos en Iguala, Guerrero, en los que desaparecieron 43 alumnos.
El mandatario subrayó, en rueda de prensa, que la Procuraduría General de la República (PGR) trabaja a profundidad y amplía las investigaciones sobre ese suceso, ocurrido la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, labor que mantendrá abiertas hasta llegar a las últimas consecuencias.
El objetivo principal es ubicar y castigar a miembros de grupos criminales o autoridades municipales y policiacas locales, responsables de la agresión y desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El Ejecutivo federal también se refirió a la participación activa de México como observador del histórico acuerdo de paz que esta tarde se firmará entre el gobierno de Colombia y la guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Como parte de este pacto, que pondrá fin a un conflicto armado que estuvo vigente durante más de 50 años y permitirá devolver la paz a ese país y a toda la región latinoamericana, México participará para verificar el cumplimiento de ese acuerdo y de las acciones de desminado en territorio colombiano.
AYOTZINAPA A DOS AÑOS
La noche del 26 de septiembre de 2014 una seria de ataques coordinados en Iguala, en el estado de Guerrero, dejaron un total de 180 víctimas, incluidos los 43 estudiantes cuyo paradero aún se desconoce, otro que lleva dos años en coma y seis personas asesinadas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los estudiantes fueron atacados por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o inacción de otros cuerpos de seguridad, militares y autoridades.
La primera versión oficial -calificada por el ex fiscal general Jesús Murillo Karam de "verdad histórica"- aseguraba que los 43 jóvenes fueron quemados en un basurero y sus cenizas arrojadas a un río cercano, pero aunque se localizó e identificó un resto óseo de un estudiante la tesis fue rechazada por los expertos internacionales por falta de pruebas sólidas y por estar basada en testimonios de personas presuntamente torturadas. Recientes hallazgos de la propia fiscalía también cuestionaron alguno de sus puntos.