Así lo afirmó Adriana Chávez, integrante de la Copipev, quien señaló que ambos priistas manejaron los recursos de IPE de manera arbitraria, generando un colapso en sus finanzas ante la deuda de 7 mil millones con el IPE.
Así lo afirmó Adriana Chávez, integrante de la Copipev, quien señaló que ambos priistas manejaron los recursos de IPE de manera arbitraria, generando un colapso en sus finanzas ante la deuda de 7 mil millones con el IPE.
Todos los sistemas de pensiones tiene problemas, pero en el caso de Veracruz hay otras agravantes y fallas que se acentuaron en la administración de Fidel Herrera y Javier Duarte.
Adriana Chávez, integrante de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) afirmó que ambos priistas concentraron de manera unilateral la reserva técnica y los ingresos del Instituto y los manejaron de manera arbitraria, generando un colapso en sus finanzas ante la deuda de 7 mil millones con el IPE.
“Es un hecho que el IPE en su papel de intermediario entre el gobierno y pensionistas adolece de enormes fallas que lo han llevado a la situación que lo han llevado actualmente y del que se afirma que no podrá salir”.
En su participación en el Foro Sistema de Pensiones de Veracruz, Ventajas y Retos, explicó que es necesario plantear una reforma integral que garantice la autonomía del Instituto.
Dijo que desde el punto de la Copipev fueron múltiples los factores que llevaron al colapso al IPE como lo son la intromisión del gobierno en el manejo de los fondos del IPE, al abusar del manejo del dinero con la complacencia del consejo de administración.
Se dio la sobrerrepresentación del Gobierno del estado en el Consejo de Administración con al menos seis secretarios de despacho, más el director general que lo elige el gobernador, lo que generó en la complicidad y opacidad en el manejo de los fondos en los últimos 50 años.
La ponente celebró que la actual Cámara no aprobará la reforma que se presentó de parte de la Coalición de Pensionistas, pues eso permitirá plantear una modificación a la ley de autonomía y reduzca la participación del gobierno en la operación del Instituto.
Dijo que el IPE debe de convertirse en un banco de los trabajadores del Estado, “con capital propio y recursos que hay que recuperar en el que no cabría la mano de ningún gobernante, de ningún líder sindical o algún otro empleado público”, explicó.
Detalló que el esquema administrativo que proyectan podría ser integrado por un director gerente, electo por el Congreso estatal a partir de una convocatoria a la ciudadanía, en la que se mencionen los requisitos académicos y la exigencia de honorabilidad de los candidatos para permanecer en el cargo por 3 años, con posibilidad de una sola reelección.
También un Tesorero bajo el mismo esquema de elección, sin posibilidad de reelección; un encargado del Departamento de Vigencia de Derechos elegido por la Legislatura y que podría ser reelecto por un periodo, así como un comité de vigilancia.
En ese último órgano participarían representantes de los trabajadores, de los pensionistas, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el presidente del IVAI y el Contralor General del Estado.