El diputado dijo que no se sienten avergonzados por haber validado y apoyado a Duarte de Ochoa desde el Congreso al validar todas aquellas iniciativas y documentos que presento.
El diputado dijo que no se sienten avergonzados por haber validado y apoyado a Duarte de Ochoa desde el Congreso al validar todas aquellas iniciativas y documentos que presento.
El diputado local, Carlos Hernández Hernández, reconoció que están preocupados por la emisión de órdenes de aprehensión contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa y su familia.
En entrevista, dijo que no se sienten avergonzados por haber validado y apoyado a Duarte de Ochoa desde el Congreso al validar todas aquellas iniciativas y documentos que presento.
Reconoció que todo lo hecho por la actual Cámara se podrá revertir a partir del 5 de noviembre, cuando entre en funciones la LXIV legislatura, pues –desde su punto de vista- todo es perfectible.
Dijo que les preocupa la realidad que se vive en Veracruz, relacionada con la inseguridad y la crisis económica.
“No es secundarle (todo) era nuestro trabajo, ante las iniciativas que presentaba el ejecutivo, ver si eran correctas y en base a eso votar, con autonomía y tomando en cuenta lo que nos corresponde que es legislar”.
-¿Se equivocaron en la aprobación de algunas iniciativas?
-Más que equivocarnos todo es perfectible.
Hernández Hernández aseguró que todos los votos emitidos, durante la presentación de dictámenes, iniciativas y proyectos de ley, los meditó, por lo que está satisfecho con su trabajo como legislador.
Reconoció que en este momento está preocupado por la aprobación de la cuenta pública del 2015 y sin duda tendrán que ser muy cuidadosos de la lectura del dictamen que presentará la comisión de vigilancia que integra.
Explicó que el presunto daño patrimonial de 14 mil millones de pesos es un tema que les ocupa y preocupa para poder cuestionar al Auditor General, Antonio Portilla, que generó esa afectación a las arcas estatales.
Justificó que el Orfis se viera obligado a revisar en dos ocasiones la cuenta pública del 2014, al señalar que eso derivó de una investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y una investigación periodística que derivó en denuncias penales que siguen su curso.