Asociaciones civiles en Coatzacoalcos pidieron a las autoridades un plan de contingencia ambiental debido al riesgo para la población por la convivencia con la zona industrial así como un monitoreo de la calidad del aire y una unidad de atención a personas con quemaduras.
En rueda de prensa, la presidenta de la fundación Te queremos ayudar, Xóchitl Mortera Fernández, dijo que los habitantes de la localidad necesitan saber qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia como la que se registró el pasado 20 de abril por la explosión en la planta Clorados III.
“Debemos de aprender a vivir y a convivir con la industria petroquímica, los riesgos siempre van a existir, se trata de minimizarlos a través de la prevención, pero también se trata de resolverlos cuando hay un quemado grave”, expuso.
La activista insistió en que también es urgente contar con una unidad de atención a personas con quemaduras.
Mortera Fernández recordó que lleva 10 años solicitándolo al Gobierno del Estado, pero ahora lo hará ante la Presidencia de la República con un proyecto valuado en 10 millones de pesos.
Por su parte, el director de Limbo Ambientalistas Comprometidos, Juan Manuel Quintero Soto, señaló que después de la explosión el gobierno tuvo que haber instalado un centro de monitoreo en el ambiente.
“Si ustedes se dieron cuenta el área de afectación fue a muchos kilómetros, entonces eso implica tener cuando menos una unidad móvil para evaluación por ejemplo de calidad del aire y no tenemos ninguna en Coatzacoalcos. No hay ninguna unidad de investigación atmosférica”, explicó.
Quintero Soto consideró que los tres niveles deben invertir en estaciones de monitoreo debido al riesgo para la población.
En ese contexto, calificó como tardío el muestreo que realizó la organización ambientalista Greenpeace debido a que las sustancias liberadas tras la explosión en Clorados III prácticamente se dispersaron.
Además, recordó que en Coatzacoalcos hay instituciones como la Universidad Veracruzana (UV), el tecnológico, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) así como las autoridades ambientales y asociaciones civiles.