Le hiere la quiebra y niega que exista. Ligerísimo su discurso, tilda a sus críticos, a los pregoneros del estado quebrado, de “agoreros del desastre”, el término acuñado por el gobierno lopezportillista que aludía a quienes a tiempo advirtieron el fracaso de aquel régimen y la debacle nacional.

“Hoy les puedo decir —dijo Javier Duarte, el miércoles 14— a todos los agoreros del desastre que decían o que dicen que Veracruz está quebrado, que estamos pagando puntualmente los aguinaldos y la nómina de este año; que estamos pagando a los proveedores, a los acreedores y contratistas en tiempo y forma, como fue el compromiso de la presente administración. Si algo sé, es de finanzas públicas y créanme que en esa materia estamos haciendo las cosas muy bien”.
Pues no. Si de algo no sabe Javier Duarte, es de finanzas públicas.

Corresponsable del manejo financiero en el régimen fidelista, fue el artífice de bursatilizaciones que pararon en bolsillos ajenos y en cuentas privadas, en campañas electorales y no en obras públicas, su objetivo formal y razón de ser, como pregonaba el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán al justificar aquel negocio por el que Veracruz pagó altísimas cantidades para colocar los bonos bursátiles a Banca Mifel, la cual, por si algo faltara, tenía la potestad de otorgar créditos a municipios en desgracia.

Convidado de piedra, sumiso secretario de Finanzas, celestino de las locuras de Fidel, Duarte no sólo dejó hacer sino que se implicó en el juego de la bursatilización, y se prestó al mayor endeudamiento que haya sufrido el pueblo veracruzano.

De Miguel Alemán heredó el régimen fidelista 3 mil 500 millones de pesos de deuda. Seis años después, Duarte recibió el gobierno con 35 mil 396.4 millones por pagar, incluida la bursatilización, obra de él y de Fidel Herrera. Consta esa cifra en el Plan Veracruzano de Desarrollo, página 272, suscrito por el propio gobernador.

Retador, lanza ahora una arenga a los pregoneros del desastre, ufano de que ha pagado ya aguinaldos y deudas con proveedores y contratistas. Ese no es mérito; es su obligación constitucional. Calla, sin embargo, lo mejor de la epopeya fiel: tuvo que suscribir más deuda para Veracruz, otros 17 mil 400 millones, que le autorizó contratar el Congreso de los Cómplices, la Legislatura Estatal, el 28 de julio pasado, para saldar esos compromisos. Mató así deuda vieja con deuda nueva, pero ahora con intereses. Empeñó así por 30 años más las arcas estatales.

Gallardo en sus diatribas, supone Javier Duarte que el fin justifica los medios. Quizá él olvide sus promesas de campaña; los veracruzanos, no. Ofreció en sus días de candidato suprimir el impuesto de tenencia vehicular y ya en el gobierno, bloqueada la memoria, lo aplicó matizado. Falto de ideas, sacó dinero de donde fuera, poco importaba si traicionaba su palabra.

Prometió también cumplir y hacer cumplir la ley. Falso. Nada ha hecho con los responsables de las deudas dejadas por el régimen fidelista con el Instituto de Pensiones del Estado; ni con los fraudes con medicamentos y servicios, incluso con recursos federales, en el sector salud; ni con el último crédito para reconstruir las zonas dañas por el huracán Karl y la tormenta Mateo, que nadie vio aplicar. No hay dinero pero tampoco actúa para repatriarlo.

Supone una conjura verbal de los que llama agoreros del desastre, término con el que expone su repulsa a los críticos de sus errores, a los que hablan de un Veracruz quebrado, pero igual a la desmesura de su silencio y a la complicidad con los de ayer.

“Si sé de algo, es de finanzas públicas”, dice don Javier, el virrey. Sí, pues.

Veracruz, quiéralo o no el gobernador, está quebrado. Lo quebró Fidel Herrera, con sus locuacidades administrativas, el derroche, la contratación de créditos, las bursatilizaciones. Lo quebró también Javier Duarte con su complicidad manifiesta, siendo secretario de Finanzas del régimen de la fidelidad, callado, sumiso, venga lo que venga, firmón de oficios, aval de los caprichos del sultán del golfo.

Vive el gobierno de Veracruz a medias, liquida deudas con nuevos créditos, aliviada su marcha por el gobierno federal, colgado de sus participaciones financieras. Tiene el futuro estancado, vulnerable a una crisis global.

Miserable Veracruz, hay, sin embargo, rasgos de destrampe en la socialité duartista. Se fletan aviones para traer a Xalapa a sus compañeros de generación en la selecta Universidad Iberoamericana Santa Fe, invitados de lujo en los festejos patrios, o llevar a su pandilla al fiestón del primer año de gobierno fuera del estado. Puntuales, las crónicas periodísticas describen el asqueante mundo de la opulencia y el derroche, en contraste con la pobreza de millones y la incertidumbre de todos.

Ese es el Veracruz real, injusto, indignante, endeudado, frenado su desarrollo.
Es el Veracruz quebrado financiera y moralmente. Bien quebrado.
 
Archivo muerto
 
Negocio audaz, el saneamiento de Coatzacoalcos nada tiene de obra social. Urdido por mente corrupta, tiene fines perversos, desatada la ambición y la voracidad, innegable la corrupción. Se obliga a los contratistas a quienes se asignó la sustitución del drenaje antiguo, a adquirir los tramos de ductos de polietileno con un proveedor de todas las confianzas del alcalde Marco César Theurel Cotero, el contratista Jorge Cobos Echagaray, director general de Niruto Material Industrial, S.A. de C.V. Tío político del también contratista Marco Antonio Anaya Huerta, Jorge Cobos no sólo surte de la piezas para la ejecución de la obra; tiene en exclusiva, también, el fundido de los ductos mediante el procedimiento de termofusión. En juego hay cerca de 140 millones de pesos, incluidos los recursos federales que provienen de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), presumida esa transa como la obra cumbre del alcalde Marcos Theurel. En el negocio participan el alcalde y el contratista, el secretario de Obras, Daniel Aguilar Avendaño, y la directora de Obras, la chiapaneca Liliana Orantes… Le llueven aplausos a Pepe Yunes —José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal y ex líder estatal del PRI— dondequiera que va. No fue así en Coatzacoalcos. Acudía el joven priísta, en su autobalconeo para ser candidato a la senaduría, al cumpleaños de Guadalupe Félix de Theurel, el jueves 8, en las instalaciones de la Expo Feria, un festejo popular con premios para los asistentes como si fuera circo, 3 mil borregos presentes. Se le nombró y nada. “Es Pepe Yunes”, insistía el del micrófono. Ni un aplauso. Se le volvió a nombrar y unos cuantos reaccionaron. “Es el soltero codiciado”, refirió, suplicante, el zalamero maestro de ceremonias en abierto llamado a las chicas del coro, y nada. Sintió Pepe Yunes la frialdad de las coatzacoalquenses, aleccionadas para aclamar solo a Su Majestad Lupita I y ganarse su mixiote y su barbacoa. No pasó el aplausómetro. Se le vio abochornado. Al retirarse, una voz puntillosa expresó: “No es Pepe Yunes; es Pepe Gris”…

Desconectada del pueblo, inexistente para muchos, Rocío Nahle García inicia su precampaña para ser candidata de las izquierdas —partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)— a la diputación federal por Coatzacoalcos. Mal vista hasta por el perredismo, pésima operadora política, fallida precandidata que optaba por retirarse de contiendas internas antes de sentir el descalabro, arrancó ayer colgada de Andrés Manuel López Obrador, inaugurada su casa de campaña. Ha de creer la zacatecana Rocío Nahle en el efecto Peje, sin advertir que la elección de 2012 en nada se parece a la del 2006. Su mérito ha sido dividir al PRD y serán los perredistas sus principales enemigos en la contienda, víctimas de su naturaleza impositiva, sus desatinos frecuentes y los agravios por su ignorancia electoral…

Dejó el Juzgado Sexto de Primera Instancia, Juana Sagredo Luna, terror de los abogados y de los defensores de las causas difíciles. Apodada “La Kalimba”, porque violaba toda ley y procedimiento, acumuló quejas y reproches por su manía de actuar con sobrada parcialidad, por obvias y imaginables razones. Terca, la jueza Sagredo tenía que ser obligada con notario público a cumplir con plazos de ley, a fijar pensiones alimenticias razonables, como señala el Código Civil, y a salvaguardar los derechos del ciudadano. Hubo un caso en que admitió como prueba una averiguación previa integrada en una agencia del Ministerio Público, lo cual violaba la secrecía. Al ser descubierta, ordenó retirarla del expediente, aunque ya se tenía evidencia grabada de la fechoría…
 
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