"Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en Las Choapas, los policías municipales no conocen siquiera ni sus propios derechos y facultades, tanto así que ellos actúan como mejor les convenga y cometen serios atropellos de manera continua, ya sea contra detenidos o propios ciudadanos inocentes, de hecho, es lo que más ha distinguido a la presente administración municipal.

 

El pasado jueves, hace ocho días, los uniformados que comanda el director de esa corporación, Wilfrido López Vicente, agredieron y detuvieron a un ciudadano, colaborador de esta casa editorial, cuando filmaba con su celular otro abuso policíaco, a un costado de la Iglesia Católica El Sagrado Corazón de Jesús. Francisco Villanueva Basulto, fue el agraviado y el delito que le imputaron los policías fue usurpación de profesión, lo cual echó abajo el agente del Ministerio Público, Adrián Gómez Ortega, al no encontrar ningún delito que perseguir, más bien lo catalogó como un abuso de autoridad.

 

Eran las cuatro de la tarde, cuando los policías municipales llegaron a detener a una persona en la calle Justo Sierra, la cual subían a la patrulla con lujo de violencia, con el argumento de que había ofendido al familiar de un elemento de esa corporación. De la arbitrariedad era testigo el ciudadano Francisco Villanueva, quien en seguida tomó su celular y comenzó a video-grabar, pero los oficiales Cecilio Aguirre Córdova, con clave “Caballo” y Pedro Díaz Núñez con clave “Solitario”, en seguida se le fueron encima, le quitaron el celular, le doblaron las manos, lo esposaron y también lo subieron a la patrulla como si se tratara de un delincuente.

 

En la cabina de radio, una oficial de nombre Laura, a quien se le conoce como “Rabiosa”, porque siempre anda de mal humor, asentó en el libro de gobierno que el cargo que se le imputaba era usurpación de profesión.

 

El director de la corporación dio la orden de que fuera puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común, pero violando totalmente sus garantías individuales, fue hasta el siguiente día que lo canalizaron a la agencia, en donde el titular, dio instrucciones de que lo liberaran tras rendir su declaración, ya que no existía tal delito. De acuerdo con especialistas en materia penal, se trató de un abuso de autoridad, pues más bien, lo que pretendían ocultar los uniformados, era precisamente el atropello policíaco que cometían contra otro ciudadano.

 

En el Artículo 5 constitucional, establece que “ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, de tal forma, que el ciudadano al grabar a los uniformados, no cometía ninguna violación a la ley, en tanto que el artículo 16, señala que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, por ello, no debían quitarle su celular en el momento que grababa. No obstante, los antecedentes que existen en cuanto a abusos policíacos por parte de esta corporación, cada vez van en aumento, pero lamentablemente tienen como principal ejemplo a su alcalde, Renato Tronco Gómez, quien se distingue como un represor.

 

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