La semana cerró con el nuevo escándalo en torno al caso de la compra masiva de sufragios por parte del PRI que acusan PRD y PAN, usó a empresas ligadas con funcionarios de la campaña tricolor para que a  través del banco Monex, distribuyeran los monederos electrónicos por mas de 90 millones de pesos para la coacción del sufragio.

 

El equipo de investigación de MVS radio, en su primera emisión que conduce Carmen Aristegui, ofreció mas pistas para que las autoridades de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Electorales (FEPADE), e Instituto Federal Electoral (IFE),  vayan al fondo en la denuncia que presentó el Movimiento Progresista, en la que pide la nulidad de la elección presidencial como resultado de la operación ilegal de sufragios por parte del PRI.

 

En sus inicios, el coordinador de la campaña del Movimiento Progresista, Ricardo Monreal Ávila, presentó mas de 22 contratos que comprobaron que a través de las empresas Operadora y Comercializadora EFRA S.A de C.V y Grupo de Abogacía Profesional GAP, S.A de C.V, el banco Monex trianguló dinero para la compra masiva de sufragios que permitieron al PRI su “triunfo robado”.

 

La historia revela que las empresas a las que Monex vendió los monederos electrónicos no son fantasmas, por el contrario, las dos son propiedad de personas ligadas a la administración pública en los gobiernos de los  ex presidentes priistas, Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo Ponce de León.

 

El operador principal de esta escandalosa acción es Gabino Antonio Fraga, resultó ser coordinador regional de Compromisos de Campaña del excandidato presidencial del PRI Enrique Peña Nieto. Es decir, si existía alguna duda de qué personajes se habían prestado a la operación en cuentas alternas, en apoyo al PRI, quedó totalmente al descubierto que fue una acción bien planeada, orquestada con extrema anticipación y ventaja.

 

Gabino Antonio Fraga, coordinador regional de Compromisos de Campaña de Enrique Peña Nieto, y su hermano Emilio, están directamente relacionados con las empresas Efra y GAP mismas que presumiblemente, triangularon dinero de la administradora de fondos Monex para orientar el voto a favor del PRI.

 

El dueño de la compañía GAP resulta ser Emilio Fraga, otro de los operadores electorales en la campaña presidencial del PRI.

 

Los Fraga, según la agencia APRO de Proceso, resultan ser  nietos del abogado Gabino Fraga, ex integrante del gabinete del ex presidente  Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo de donde fue despedido por acusación de corrupción.  Son también parte del poderoso grupo Atlacomulco del estado de México, que por primera vez en la historia del país, estrenará presidente de la República.

 

Lo más preocupante es que pese a las claras evidencias de la operación para la compra de sufragios por parte del PRI, las autoridades responsables de investigar y sancionar ya adelantaron que no harán nada.

 

El IFE a través de su representante Leonardo Valdés Zurita, se apresuró a decir este jueves, que todas las pruebas presentadas por la Coalición Movimiento Progresista, sobre las presuntas irregularidades en la elección presidencial, “no son motivos de peso para comprobar la compra y coacción del sufragio”.

 

Dice que la sola existencia de las tarjetas Soriana y los monederos que entregó Monex, presentados como una de las pruebas principales en el recurso de impugnación, “no revela que fueron entregados para obtener el sufragio”. Aún y cuando el mismo representante de asuntos jurídicos de Enrique Peña,  Jesús Murillo Karam, aceptó finalmente que el PRI, sí adquirió los monederos electrónicos,  “pero no fueron para comprar sufragios, sino para pagar gastos de operación del partido”. ¿Ustedes le creen?.

 

Y una vez más el IFE,  reiteró que corresponde a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la PGR; y bla,bla, bla. Con esta actuación del IFE queda claro que todos los partidos políticos en las próximas elecciones electorales,  pueden patrocinarse y operarse de manera irregular y rebasar los topes de campaña ya “que será ningún delito” ni ameritará sanción por parte de las autoridades.

 

Y por supuesto, tampoco actuará la FEPADE. Y no lo harán porque la mayoría de los funcionarios de la PGR, IFE, TRIFE y toda la administración pública federal,  son parte del andamiaje priista que ha estado en el poder desde hace 82 años y que el PAN se negó a desmantelar.

 

Estos hechos nos dejan ver las primeras evidencias sobre lo que será la forma de gobernar en el próximo gabinete presidencial: una espiral de beneficios al amparo del amiguismo, del influyentismo, del compadrazgo, de los grupúsculos, del corporativismo y quién sabe cuántos ismos mas.

 

La hebra de los excesos del PRI para arrebatar el poder, “sea como sea” inicia precisamente con gente ligada al  grupo Atlacomulco. No resulta extraño que ex funcionarios federales priistas, se conviertan en el “Talón de Aquiles”  de la próxima gestión que iniciará a partir del próximo 1 de diciembre y concluirá en el año 2018.

 

El repertorio de acusaciones públicas y sospechas por actos de corrupción para llegar al poder,  es tan variado que da material de sobra para que las autoridades procedan y castiguen.  Claro, eso sería en un país donde no existiera la impunidad, pero en México pues ya sabemos qué clase de justicia se imparte. ¿Justicia? . Qué significa esta palabra para los funcionarios públicos.

 

Felipe Calderón se hizo el desentendido para castigar las trapacerías de Vicente Fox y Martha Sahagún después del triste espectáculo que protagonizaron del 2000 al 2006, y evidenció que hará lo mismo en esta historia de “operación criminal en la elección”, diría el señor Andrés Manuel López Obrador.

 

Muy seguramente,  la visita de la semana en los Pinos, selló también un pacto de impunidad para que no se le investigue ni sancione tras los 80 mil muertos, 20 mil desaparecidos y 200 mil desplazados  que deja a su paso por la Presidencia de México.

 

Total que el próximo gobierno, estará marcado por el abuso, el derroche de recursos públicos y de procedencia “poco transparente”, el fortalecimiento del viejo sistema corporativo, el reparto de multimillonarios contratos públicos a todos los que participaron en esta elección para el “arrebate”, más filtraciones de indiscreciones y muchas otras cosas mas.

 

Al tiempo.