* Gana Héctor Yunes el aplausómetro en el ingenio La Gloria * A Duarte le aplauden por compromiso * Sigue la inconformidad de periodistas de Coatzacoalcos * No pagarán por lotes que no existen

 

 

Alguien no entiende a qué se le llama estado de derecho en Veracruz. O es la delincuencia, o es el aparato de justicia, o es la sociedad, o es el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. No se sabe, pero alguien no tiene ni la más remota de lo que es respeto a la ley.

Recordemos: el domingo 15, don Fidel nos dijo en su mensaje alusivo al quinto informe de gobierno, que su Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo ha resultado un instrumento de lujo para combatir la criminalidad y que en seguridad vamos a la vanguardia.

“La seguridad pública en Veracruz —dijo— se ha fortalecido. Hemos mejorado en forma sustancial la procuración de justicia. Reforzamos nuestros vínculos de cooperación con la Federación en materia de seguridad y combate contra cualquier forma de criminalidad. Quienes atentan contra el orden y la ley no tienen cabida en Veracruz”.

Optimista, lo es. Político de verbo fino, también. Y quizá por ello el gobernador se ufanó del apoyo que se le ha dado a la Agencia Veracruzana de Investigaciones, lo que antes fue la temida judicial estatal.

“La Agencia Veracruzana de Investigaciones —relató don Fidel— cuenta ahora con recursos e infraestructura informática que privilegian el trabajo con tecnología de última generación como el análisis, la síntesis e identificación de voz y la intercepción de comunicaciones”.

Sonó bien en el discurso y quedó mejor en el papel. Pero los hechos dicen algo más; apuntan en otra dirección, y cuestionan si existe estado de derecho; si hay justicia, y si las instituciones garantizan seguridad y respeto a las leyes.

Un hecho, ocurrido el viernes 20, cinco días después del mensaje fidelista, coloca en la balanza de la credibilidad el estado de derecho en Veracruz.

Ese día fue detenido el líder regional de Antorcha Campesina, Pergentino Cortés Girón, en Acayucan. Se le acusa de despojo en agravio del agente municipal de Comején, en San Pedro Soteapan, Malaquías Soto Pascual, al que le invadieron 230 hectáreas. Este tiene pruebas de que son suyas; Pergentino dice que son parte de una ampliación que les fue dotada por el gobierno.

Cuando don Pergentino fue aprehendido por una orden judicial, tomó el teléfono y reveló hechos de suma gravedad. Dijo que le hablaran a Samuel (Aguirre, líder estatal de Antorcha Campesina) y que ese asunto ya estaba negociado con el subsecretario de gobierno de Veracruz, Francisco Portilla Bonilla.

Pergentino fue detenido pero sólo permaneció unos minutos en la cárcel de Acayucan. Se le dejó libre por razones tan absurdas como preocupantes.

 

El comandante de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, a la que tanto pondera el gobernador Fidel Herrera Beltrán, Ignacio Chiquito Lara, ordenó su libertad supuestamente porque le temblaron los pantalones y hasta la ropa interior.

Su argumento se basa en que recibió informes que advertían que llegarían contingentes armados a protestar por la detención del sacrosanto líder y que cerrarían las válvulas de los sistemas de agua de Acayucan, Oluta, Soconusco, Minatitlán y Coatzacoalcos, así como que bloquearían carreteras.

No se diga más. El estado de derecho no existe en Veracruz. Antes ya había reconocido el gobernador Fidel Herrera Beltrán que se perdió la gobernabilidad. Ahora basta que se movilicen los seguidores de un personaje acusado de cometer delitos, para que se le otorgue pasaporte de impunidad, sellado en las áreas de justicia del gobierno veracruzano.

Habría que recordar, también, que don Pergentino tiene un historial de denuncias por despojo. Es también el operador de la invasión al predio Punta Diamante, en Coatzacoalcos, devuelto a su propietario, Oscar de la Cruz Cruz, porque en el escándalo se vio involucrado el ex secretario de Finanzas y Planeación, Javier Duarte de Ochoa, aspirante declarado a la gubernatura de Veracruz, y su suegro incómodo, Jesús Antonio Macías Yazegey, señalado de ser quien contrató al beato Pergentino para hacer la chambita.

Vaya, pues, con el estado de derecho que se vive en Veracruz. ¿O no, don Fidel?

Que el diputado local Héctor Yunes Landa ganó el aplausómetro durante el informe del líder cañero de La Gloria, Juan Carlos Molina, ayer domingo.

 

Prácticamente barrió al legislador federal, Javier Duarte de Ochoa, a quien le aplaudieron por compromiso.

 

 Gran parte de de la culpa es del diputado federal Silvio Lagos, quien sólo usó a los cañeros y desde hace tiempo los ha ignorado.

 

Por eso los cañeros de La Gloria, como muchos otros trabajadores de esa industria, no van con quien represente los intereses de Silvio Lagos para la gubernatura de Veracruz.

 

Javier Duarte llegó con dos horas de retraso y le debe haber caído como balde de agua helada el aplauso que le dieron a Héctor Yunes Landa los 6 mil cañeros presentes... Siguen las suspicacias entre los miembros de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos por la presión para que comiencen a pagar sus lotes en el terreno que le asignó a cada uno de los periodistas el gobierno de Veracruz en un predio que no corresponde a la reserva territorial. Nadie les ha podido acreditar dónde está el lote que les vende el gobierno, vía Patrimonio del Estado, por la simple razón de que el predio NO ESTA LOTIFICADO.

 

Alfonso Villalobos Alafita, ex presidente de la APEC, su autodesignó para continuar con el trámite, pese a que nadie se lo pidió ni hubo quien estuviera de acuerdo con que usurpe las funciones de la nueva directiva, que encabeza la periodista radiofónica Benita González Morales.

 

 Villalobos Alafita aseguró que concluiría la asignación de los lotes antes de que termine noviembre. O sea el próximo lunes 30 se le acaba el veinte...