Judicialmente, la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente y su organismo operador INVIVIENDA han sido incapaces de demostrar que las 900 hectáreas de la “reserva territorial” son propiedad del gobierno de Veracruz y, en cambio, han terminado por acreditar los derechos de un grupo de particulares sobre una vasta extensión de terreno de costo millonario. Punta Diamante —como aquí se apuntó ayer— constituye la evidencia del fracaso de INVIVIENDA en los tribunales y el uso de la fuerza extralegal a través del patrocinio de invasiones, el atropello a la propiedad privada, un atentado a la seguridad jurídica en materia de tenencia de la tierra y el contubernio oficial con seudoempresarios de antecedentes carcelarios. Su primer fracaso judicial ocurrió cuando perdió el juicio contencioso administrativo número 136/2005, confirmado por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el 2 de marzo de 2006, derivado de su negativa a efectuar los trámites para el proyecto Punta Diamante, que realizaría la empresa vivienda Industrializada de Coatzacoalcos, porque INVIVIENDA aseguraba que las 10 hectáreas en que se construirían las 664 casas era de su propiedad. Ante el fallo adverso, INVIVIENDA se inconformó e interpuso el juicio de amparo número 298/2006, cuya resolución también le fue adversa pues el Primer Tribunal en Materias Administrativa y del Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, determinó el 21 de septiembre de 2006 negarle la protección solicitada. En cuanto se emitió su resolución, el Instituto para el Desarrollo Regional comunicó a Vivienda Industrializada de Coatzacoalcos, propiedad del constructor Oscar de la Cruz, mediante el oficio IDERE/D.G./S.J./119/07, de fecha 24 de enero de 2007, que acudiera a la ventanilla de atención de esa dependencia a continuar con los trámites para realizar el proyecto habitacional. Otro revés para INVIVIENDA, antes IDERE, ocurrió el 4 de abril de 2005 cuando la dependencia decidió suspender la obra y cancelar la licencia de construcción. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Veracruz resolvió que “la Secretaría impugnante no acreditó la legalidad de los mencionados actos”. Sin embargo, INVIVIENDA se inconformó, pero la Sala Superior confirmó el fallo. Una más: el 18 de junio de 2007, se declaró cumplimentada la ejecutoria del juicio 29/2005-I, también a favor de la compañía de Oscar de la Cruz. En 2004, INVIVIENDA, a través de su delegada en Coatzacoalcos, María del Carmen Zetina Cruz, denunció a Oscar de la Cruz por el delito de despojo. Le integraron la averiguación previa número AMPE/1182/2004, alegando que el predio le pertenecía a la dependencia del gobierno veracruzano. El caso fue consignado al juez Tercero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, quien le determinó auto de libertad para Oscar de la Cruz por haber acreditado ser el propietario de los terrenos. El Ministerio Público apeló la decisión, pero la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, el 14 de mayo de 2008, confirmó el auto de libertad, quedando firme la sentencia pues no fue combatida mediante amparo. Esa resolución señala que Vivienda Industrializada de Coatzacoalcos ni Oscar de la Cruz “en ningún momento despojaron al instituto ofendido, habida cuenta que la misma (INVIVIENDA) jamás ha estado en posesión del predio”. Lo peor para INVIVIENDA es que con sus traspiés jurídicos, demostró que el predio ubicado en el kilómetro 12 de la Carretera Antigua a Minatitlán, donde se realizaría el Proyecto Punta Diamante, es propiedad de Oscar de la Cruz. Sin embargo, ante el fracaso judicial para despojarlo del terreno, recurrió a instigar la invasión por parte de la organización priísta Antorcha Campesina. Ese antecedente judicial –siete fallos en contra— establece que la reserva territorial no existe y que los particulares son los únicos derechosos a reclamar esa tierra. Archivo muerto Sí acredita Ranulfo Márquez Hernández el requisito de haber tenido cargo de elección popular para ser candidato a la gubernatura de Veracruz. El hoy secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente del régimen fidelista fue diputado federal en la LVIII Legislatura, entre 2000 y 2003. Fue representante de la Cámara de Diputados ante el Instituto Federal Electoral, donde también era representante del PRI el entonces senador Fidel Herrera Beltrán… En 23 hojas, el Consejo Distrital Electoral de Coatzacoalcos respondió a la impugnación del ex candidato del PRI a diputado federal, Iván Hillman Chapoy, con la que pretende que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule los comicios en el distrito XI. El documento del IFE distrital señala que no existe causal de nulidad de la elección pues la impugnación de Iván Hillman se basa en hechos que no fueron determinantes para el resultado de los comicios. De acuerdo con el IFE distrital, no se acreditan violaciones a los artículos 75 y 76 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que permita que las salas regional y nacional del TRIFE puedan echar abajo la elección. Para el Consejo Distrital del IFE, “con la impugnación se evidenció la intención del Partido Revolucionario Institucional de sorprender la buena fe de este órgano colegiado al interponer quejas frívolas y totalmente improcedentes”. El IFE le responde incluso a los señalamientos de campaña negra, a la victimización del señorito Hillman y a sus quejumbres del manejo periodístico de la campaña y a la publicación de encuestas que no le favorecían… [email protected] [email protected] www.revista-contacto.info