Tú y yo, y creo que todo Las Choapas, estamos hartos de tanto perro en las calles y de un gobierno que no hace nada. Pero más indigna saber que las mujeres afiliadas al programa Oportunidades fueron obligadas a vacunarlos, so pena de causar baja y perder sus estímulos económicos.
 
Hay perros hasta en la sopa. Andan en jauría. Se meten a las taquerías, a los restaurantes, donde haya comida, donde hayan sobras, donde alguien les arroje algo que mitigue su hambre. Son tan confianzudos que ya sólo les falta que pidan su taco o su hamburguesa, su horchata o su Coca.
 
Como no hay quien los controle, como el ayuntamiento es negligente y ni se ha preocupado porque haya una perrera municipal, se han convertido en una plaga. Nadie sabe si son agresivos, si están vacunados, si tienen rabia. Están, repito, fuera de control.
 
Ya lo dijimos antes: la proliferación de perros en las calles es un problema de salud pública. Lo imperdonable es que el caciquillo y su títere en turno, Yazmín Cano, como presidenta municipal de membrete, se hayan pasado de galletas, sin destinar un solo centavo, un solo proyecto, para hacer realidad la perrera municipal y que desde ahí se pudiera mantener un programa de vacunación y de esterilización.
 
Han tenido que ser los particulares quienes se organicen, quienes insten a la población a llevar sus perros, aplicarles vacunas, darles una vida digna, respetarlos y cuidarlos.
 
Pero el problema está en las calles. Ahí, no hay quien meta orden. Cada vez hay más perros y son agresivos, un verdadero peligro para los ciudadanos.
 
Para el gobierno que se padece no fue prioritaria la perrera municipal ni un programa de vacunación, y mucho menos uno de esterilización. Las jaurías son un peligro. Los perros se han ganado un espacio, pueden atacar a la gente, están desnutridos y hasta sarnosos y todo a costa de la negligencia de la señora presidenta y su patrón, cuya obligación era darle una solución.
 
Ahora el problema lo genera el sector salud. Las beneficiarias del programa Oportunidades fueron las encargadas de vacunar a los caninos callejeros, pero no voluntariamente sino a güevito, cordialmente obligadas.
 
El director del Centro de Salud, Luis Carrillo Melchi, decía que no se obligaba a nadie, que las ñoras iban por gusto, casi por amor a los perros. Y que apoyaron la causa porque no hay presupuesto para contratar personal que haga la tarea. Y yo de pendejo que se lo creo.
 
Ni mais, dice mi comadre Juana. Las coordinadoras de Oportunidades en las colonias las obligaron. Ellas lo confían, lo declaran desde el anonimato porque si no, ya chuparon faros, las dan de baja, les quitan los recursos del programa social.
 
Eso es coacción y es un delito. Oportunidades en Las Choapas fue usado para obligar a señoras a aplicarle su piquetito a cada perro. Si no lo hacían las daban de baja. El asunto, me cuentan, va rumbo al escritorio de doña Rosario Robles, la ex perredista que ahora es secretaria de Desarrollo Social.
 
Las beneficiarias de Oportunidades no sólo fueron obligadas. Se quejaron de que no se les capacitó, que todo el tiempo estuvieron en riesgo de ser mordidas, que muchos de los que llevaban a sus mascotas, no colaboraban agarrando al animal, que no les pagaron ni les dieron alimento alguno.
 
Vuelvo a decirlo: eso es coacción. Si no participaban en la campaña antirrábica, las excluían de Oportunidades. No fueron voluntariamente. Había una amenaza y como todas ellas necesitan el dinero, tenían que participar. Pero eso es una desgraciadez.
 
Nada de esto ocurriría si Tronco Gómez como alcalde hubiera hecho su chamba, si se hubiera preocupado porque en Las Choapas hubiera una perrera municipal y un programa para esterilizar perros. Pero no. Dejó crecer el asunto sin imaginar que tarde o temprano tendríamos, como ya ocurre, un problema de salud pública. Y ahora de un programa social usado para presionar y amenazar a las beneficiarias.
 
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