Rescindir el contrato a la empresa encargada del Túnel Sumergido en la Corrupción es lo más fácil, pero después de escuchar a Gerardo Buganza, titular de SIOP, pareciera al ciudadano común, que eso no bastaría… si fuéramos romanos el grito sería: “¡Queremos sangre!”
Pero hay que dejar en claro algo, aunque el reclamo reporteril eran “nombres, nombres, nombres”: Buganza no es fiscal, no es procurador, por ello fue puntual en sus citas que en mero cristiano, espantan por el tiempo y cantidad de involucrados directa o indirectamente en este “fraude del siglo”, como lo llamó Fidel Robles Guadarrama.

 

Una observación: A esta “comparecencia”, Raúl Zarrabal Ferat no estuvo presente.

 

Para muchos, un error de cálculo, un yerro, una equivocación política porque su ausencia no se justifica, se interpreta y lamentablemente de manera negativa.

 

A grosso modo, algunos datos relacionados en esta “obra” que incrementan las sospechas de quienes están en torno a ella:
1) El Túnel Sumergido, si alguna vez es terminado, será otorgado en concesión por un plazo de hasta 30 años…
2) El gobierno federal otorgó al estatal la concesión del Puente Coatzacoalcos I, para que de los ingresos del peaje, destinara el 70% para la construcción de obras necesarias, obligaciones financieras y pago de capital de riesgo invertido para el mismo fin… al poco tiempo, se incrementó a 85%
Estos dos puntos, durante el Gobierno de Miguel Alemán Velazco.

 

3) En diciembre de 2008, el Congreso local autoriza que los ingresos obtenidos por la Bursatilización de la Tenencia Vehicular sirvan para cubrir gastos no recuperables… fueron 260 millones.

 

4) Se utilizan 995 millones de pesos más “para obra adicional no autorizada por el Congreso”, ya que como se reduce el aforo que cruza el Puente Coatzacoalcos I, empezó a disminuir también la aportación.

 

5) El título de Concesión hasta antes de la conclusión del 2010, tuvo dos modificaciones que no pasaron por la autorización del Congreso del Estado ni inscritos en el Registro Público de la Propiedad como lo establece el Artículo 63 de la Ley Número 26 de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz-Llave, del 15 de abril de 1999.

 

6) Un día antes de que concluyera el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, se modificaron los convenios de apoyo financiero donde además de involucrar al Gobierno estatal, el alcalde Marcos Theurel entró al ajo (sí, alguien que también fue secretario de Comunicaciones).

 

 Allí aparece un adeudo por 1 mil 60 millones de pesos ¡a favor de la Concesionaria!
7) Para saldar esto, se compromete el desembolso a través de Programas Operativos Anuales de la Secom por 150 mdp en 2011 y 203 mdp en 2012, así como 1 mil 585 mdp del 2% a la Nómina ¡contraviniendo lo dispuesto por el Código Financiero del Estado! ¿Pero quién lo autorizó?
Al llegar Gerardo Buganza y conformarse la secretaría de Infraestructura y Obra Pública, hay tres auditorías al Túnel: A) Administrativa, B) Técnica y C) Financiera.

 

En el punto A) entre lo destacable, es la decisión del Gobierno estatal de detener la obra ante la presión del Concesionario que exigía pagos adicionales por casi dos mil millones de pesos para concluir el túnel, además de que la Auditoría Superior de la Federación y el Orfis habían hecho algunas observaciones…
En el punto B) el Orfis detecta sobrecosto de más de 12 millones de pesos por precios unitarios elevados por conceptos extraordinarios; también, más de 65 mdp por conceptos cobrados pero no ejecutados; más de 8 millones de pesos por conceptos sin dictamen y soporte que justifique su ejecución y control, así como casi 133 millones por conceptos carentes de soporte de volumetría y análisis de precios extraordinarios.

 

En el Punto C) es para indignarse: La inversión original se elevó casi al 150 por ciento. De dos mil 66 millones de pesos, a la fecha la inversión ha sido de cuatro mil 913 millones de pesos. El 73 por ciento de esta última cantidad, son recursos públicos.

 

Sorprende que las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación tengan fechas de 2008 y 2009 y nuestros diputados federales, Orfis y mucho menos el Gobierno estatal dijeron “esta boca es mía”.

¿Qué falta para concluir el Puente? 2.5 metros de la llamada “Junta de Cierre”. Para nosotros los terrenales parece nada. Para los ingenieros ha de ser algo más complicado.

 

Dice Buganza que hay una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a efecto de que se determine a los responsables de lo que, a juicio ciudadano, parece un tremendo mega-fraude hecho por Alí Babá y sus 40 ladrones donde, a ojo de buen cubero, las sospechas se inclinan hacia el Consorcio “Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos Sociedad Anónima de Capital Variable”.

 

Se insiste: Para el ciudadano, la rescisión del contrato no basta; tampoco que se le quite la concesión; uno, como espectador, aún no entiende cómo una obra que inició hace casi 10 años, con tres gobernadores pasados; con cantidad de secretarios pasados; con alcaldes igual pasados; no tenga a un solo hombre en la cárcel… el ciudadano es simple: Ya no quiere un Puente… quiere justicia, y si fuéramos romanos, gritaríamos “¡Sangre, sangre, sangre!”

PD Esta columna por justicia, debió llamarse el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos… ¡por el tiempo en que tardé en terminarla!