En Veracruz, cualquier pendejo puede ser magistrado; cualquier pendejo puede ser juez y cualquier pendejo puede ser agente del Ministerio Público.

 

Eso pasa porque cualquiera con los mismos “méritos” es gobernador. Y en ese mar de pendejismos es que navega el vergonzoso sistema de procuración y administración de justicia, estatal y federal.
 
Es prosaica la frase. Es coloquial y muy jarocha.
 
Llegan los abogados a jueces y de ahí a dejar libres a los culpables y a sentenciar a los inocentes. Así funciona el sistema penal, al revés volteado. Y a esa forma de dejar libre a la gente sentenciada, se le llama “por errores en el debido proceso”.
 
La última es la de los policías involucrados en la persecución, lesiones y muerte de migrantes en el municipio de Agua Dulce que han quedado libres. Eso ocurrió en 2008. Fue un escándalo internacional. Exhibió la corrupción policíaca, el abuso de autoridad, la prepotencia y el asesinato.
 
Ese caso también exhibió a los cónsules y a representaciones diplomáticas de los países involucrados. Los muy jijos de suchi terminaron agradeciendo las atenciones del entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, las facilidades, la disposición para que los cuerpos fueran repatriados.
 
Y ellos, como si fueran colonos de Oportunidades, ya lo querían convertir en el santo patrono de los migrantes, pasando por alto que en los tiempos de Fidel se inundó de cementerios clandestinos Veracruz y que el de Nopaltepec sea señalado por el luchador social, el sacerdote Alejandro Solalinde, como el principal solapador de los verdugos, explotadores y ejecutores de quienes transitan por México para lograr su “american way of life”, el sueño americano.
 
Violeta Santiago no es una promesa. Es periodista excepcional. Por ella me entero que ahora hay dos policías menos tras las rejas. Ella reporta para Presencia desde Agua Dulce. Violeta ha hecho una amplia y detallada cobertura de la excarcelación de los dos uniformados, que no sólo quedan libres sino que hasta podrían recuperar su empleo.
 
Nos dice que la persecución, ataque y muerte de los migrantes ocurrió la madrugada del 4 de agosto de 2008. Los policías les habían estado pidiendo dinero. Se los dieron. Era el pago para poder continuar su camino. Una madrugada salieron de Agua Dulce. Iban como 40 en el camión.
 
A los pocos minutos, cuando ya habían tomado la carretera, comenzó la persecución. Se fueron tras ellos. Les dispararon. El conductor perdió el control del camión, a la altura del kilómetro 28, donde chocó contra un montículo de arena y volcó.
 
Las balas alcanzaron a dos de los migrantes: el hondureño José Reynaldo Montoya  Turcio, quien recibió un balazo en el abdomen, y el colombiano Andrés Londoño Cavarez, a quien una de las balas le dio en la cabeza. Otros 19 indocumentados resultaron lesionados.
 
Al pollero lo condenó la justicia a cinco años de prisión. De los 14 policías detenidos, fueron sentenciados cinco, cuya pena sería de 23 años y nueve meses de prisión por los delitos de abuso de autoridad, lesiones y homicidio calificado. Los cinco dieron positivo en la prueba de rodizonato de sodio, lo que demostró que tenían rastros de pólvora porque habían disparado su arma.
 
Además de la persecución y el ataque, los policías hicieron un montaje. Le dispararon a sus patrullas para hacer creer que repelieron una agresión.
 
Uno de sus compañeros, César Alejandro Díaz Lugo, fue exonerado, pero declaró sobre los hechos tal como sucedieron. Poco antes de la sentencia, su cuerpo fue hallado, asesinado, cerca del lugar donde tirotearon a los migrantes aquel 4 de agosto de 2008. Fue una ejecución porque rompió un código de silencio.
 
Ahora están libres dos: Servando Martínez Barahona y José Ricárdez Angulo. Acusaron violaciones a sus derechos y un juez federal los dejó en libertad.
 
El argumento fue que la prueba de rodizonato de sodio no es concluyente; cualquiera que usa armas o toca pólvora, puede dar positivo. Tampoco hubo reconstrucción de hechos.
 
El caso es que no salieron libres por inocentes sino porque hubo fallas en el “debido proceso”.
 
Pa’ mí que todo lo hizo el MP desde el principio. Y el juez que los condenó dejar pasar esas irregularidades para que se fueran a la vía federal y por ahí salieran.
 
Lo que me llama la atención es el interés que tiene el estado en que los criminales implicados en extorsión a migrantes queden libres. Los juicios amañados lo único que producen es impunidad.
 
De nuevo se impone el cochambroso sistema judicial veracruzano. Para inculparlos dejaron cabos sueltos, incurrieron en faltas “al debido proceso”. Se trataba de la justa y total aplicación de las leyes, y lo único que propiciaron fue que dos de los sentenciados hoy estén libres, no por inocentes sino por que se les juzgó mal.
 
Así es en Veracruz y en México. El principal aliado de los políticos corruptos y de la cobarde delincuencia es la impunidad que ofrece un sistema flojo y negligente.
 
Ya sólo falta que los otros tres sentenciados tramiten su amparo y todos felices y contentos. Y a los migrantes muertos, ¿quién les va a hacer justicia?