¿Lo habíamos visto todo? Eso creía yo. Pues no. La violencia está para andar siempre con miedo y ahora nos sale el gobernador Javier Duarte con que para tener más eficacia en la procuración de justicia, va a institucionalizar las recompensas.
 
¿Es chiste? No, es otra más de sus “genialidades”.
 
Me explico: se otorgará una recompensa a quienes aporten información valiosa que permita ubicar a aquellos que infringen la ley.
 
La propuesta ya está en el Congreso de Veracruz y es la última ocurrencia del gobernador.
 
A los diputados del PRI les cayó en gracia y van a decir que sí, que es una medida extraordinaria, una aportación más a la procuración de justicia. Pero la oposición —bueno, lo que queda de oposición— asegura que es algo propio del “viejo oeste”.
 
Hay levantones por todo Veracruz, sí. Se llevan niñas y jovencitas, sí. Hay secuestros y extorsiones, sí. Hay ajuste de cuentas, sí. Hay fosas clandestinas, muertos con huellas de tortura y cuerpos mutilados, sí. Pero nada se resuelve con una ocurrencia tan propia de Javier Duarte.
 
El rollo de las recompensas, que no es nuevo, de entrada tiene una lectura: la Procuraduría y las policías investigadoras no funcionan, no dan resultados y son un fracaso. Y alguien les tiene que echar la mano.
 
Pero de ahí a que la población se involucre en tareas de información, y que sean los ciudadanos quienes ubiquen a los delincuentes y pasen datos que permitan su captura, no sólo es irresponsable sino hasta peligroso.
 
Eso ocurría en los tiempos de los sheriff y los marshal, en el oeste norteamericano. Y hoy mismo en Estados Unidos y otros países donde hay una cultura para colaborar con las policías, detectar a quienes infringen la ley y facilitarle su tarea al Estado.
 
Pero eso es allá. Aquí el señuelo de la recompensa puede resultar mortal.
 
El plan de Javier Duarte es que los ciudadanos le alleguen información a la Procuraduría de Veracruz. Eso se gratifica. La información aportada permite dar con el delincuente y todos felices.
 
Y yo seguro me estoy chupando el dedo.
 
Ya podemos imaginarnos qué va a pasar con las recompensas. En primera, habría que saber de dónde va a sacar dinero el gobernador si no hay para pagarle a los proveedores, a los prestadores de servicios, a los constructores, ni enviarle sus remesas federales a los municipios. Punto uno: no hay recursos para lo inmediato y sí va a haber para los “detectives privados”.
 
Sabiendo cómo se las gasta Javier Duarte y su grupo en el poder, lo más seguro es que la Procuraduría va a presentar a un supuesto delincuente, le va a imputar la comisión de un delito y van inventar a un ciudadano que aparecerá como el que aportó la información clave para la captura. Punto dos: entre todos se reparten la cochina y hasta lavan su lana de dudosa procedencia.
 
Algunos incautos saben dónde hay una casa de seguridad, que hay víctimas en su interior, que los secuestradores entran y salen a determinada hora. Entregan su información a la Procuraduría sin imaginar que en el área judicial hay halcones, hay orejas, que hay personal que trabaja para los malos. Punto tres: más tarda el inocente “colaborador” en entregar la información y esperar su recompensa, que en sufrir un ajuste de cuentas.
 
En otros países quizá funcione. Aquí no. El gobierno, sobre todo entre la policía y la Procuraduría, es corrupto. Ahí, la delincuencia tiene enclaves. Los agentes del Ministerio Público se entienden con quienes violan la ley. Hay personal en los juzgados que trabaja para los malos. En las cárceles no mandan los directivos sino las mafias de reos, generalmente los que pertenecen al narcotráfico.
 
La propuesta de Javier Duarte es absurda. No se puede aplicar en tiempos modernos una táctica del “viejo oeste” y menos cuando las policías están infiltradas por la delincuencia.
 
Ya me imagino a los diputados del PRI y sus aliados de “oposición”. La van a aprobar sin leerla. Después se va a la Suprema Corte y allá le dan pa’ tras.
 
Creía haber visto todo. Faltaba esta chacotada del gobernador.
 
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