Imagino su dolor y quisiera hacerlo mío. Me imagino sumido en la angustia. Y luego la incertidumbre, la esperanza que se desvanece y por último el terrible momento que es confrontar a la muerte.

Así lo debe haber vivido Esther Alcántara Alvarado, madre de Nathanael Fernández Alcántara, uno de los jóvenes levantados por el Mando Único Policial a principio de septiembre y que ahora apareció muerto en una fosa clandestina en Tatahuicapan.

Ya no hay duda. Es Nathanael. Tenía un tatuaje en el brazo y así se le pudo identificar pese al avanzado estado de descomposición de su cuerpo. Era él y esto amenaza con convertirse en un escándalo, pues una vez más la policía está involucrada en un crimen.

Junto con otros cuatro jóvenes desapareció el 2 de septiembre. Se les vio en un auto, entre Cosoleacaque y Minatitlán. El vehículo no tenía reporte de robo. No se sabe por qué los detuvieron en un retén. Y el caso es que a un mes de distancia, el auto no ha sido encontrado.

Lo de los cinco jóvenes se volvió tema de todos porque ocurrió cuando acababa se saberse de la muerte de la niña Karime Alejandra Cruz Reyes. Entonces vinieron protestas en todo Veracruz por los desaparecidos y extorsionados. La gente salía a marchar en diferentes ciudades, todos pidiendo que se les hiciera justicia, que volvieran sanos y salvos, y que si habían sido asesinados, se castigara a los responsables.

El caso de los cinco jóvenes fue una protesta de sus familiares y amigos. Después fue la sociedad entera la que exigió que los localizaran.

El escándalo inició al saberse, mediante un anónimo, que estaban vivos pero en manos de la policía. Se dio a conocer una fotografía. Ahí estaban los cinco, atados de manos, golpeados, visiblemente torturados. Y en el anónimo se decía que lucharan por ellos porque los detuvieron por órdenes del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y por instrucciones del gobernador Javier Duarte.

La policía siempre lo negó. La sociedad siguió presionando. En otras marchas, en Veracruz y Xalapa, se habló de ellos. Se le exigió al gobierno que la policía los entregara. Se los había llevado en Mando Único Policial y debía regresarlos con vida.

Ahora se ha confirmado que uno de los muertos hallados en la fosa clandestina en el ejido Palapillo, en el municipio de Tatahuicapan, es Nathanael Fernández, el joven mencionado específicamente en el anónimo que le fue hecho llegar a su mamá.

El otro muerto, presumiblemente es uno de los levantados por la policía. Aún se está investigando su identidad. La fosa fue reportada mediante una llamada anónima, pero con gran precisión en su ubicación.

Siento una gran indignación. Creo que a la sociedad en general también. No sé cuál era la conducta de Nathanael ni de los otros cuatro jóvenes. Quizá eran buenos muchachos y ahora son víctimas de malos policías.

Quizá anduvieran en malos pasos. Eso también puede ser. Pero como haya sido, nadie tenía derecho a levantarlos, incomunicarlos, desaparecerlos y que ahora aparezcan muertos. Nadie puede tener ese derecho a quitarle la vida a nadie.

La obligación de la policía era ponerlos a disposición de la autoridad competente en caso de que hubiera algún delito de por medio. Y si no lo había, entonces devolverlos a sus familiares sanos y salvos.

Aún si fueran delincuentes, tendrían el derecho a un juicio justo. Tendrían derecho a un abogado, a declarar ante una autoridad, a disponer de su condición de inocentes hasta que se le pruebe el delito que se les imputa. Eso es lo que dice la ley. Ya no son los tiempos de aplicar juicios sumarios. Eso va contra el estado de derecho.

Pero en este caso, hay sobradas evidencias de que Nathanael Fernández Alcántara fue levantado, torturado y asesinado por la policía de Veracruz o en su defecto por la Marina, que son dos de los cuerpos que integran el Mando Único Policial.

Les digo que ando indignado. Les digo que esto no se vale. Les digo que así como le ocurrió a Nathanael, nos puede pasar a todos.

Los policías actuaron como delincuentes, como si en vez de representar a la autoridad fueran sicarios, como si en lugar de respetar la ley fueran un grupo de ejecución.

Es la hora de que la sociedad alce la voz. No se debe permitir ni un levantado más a manos de la policía y que el hecho quede impune.

Si el gobernador Duarte dice que nadie está por encima de la ley, que llame a cuentas a los policías y que los lleve a los tribunales. Eso, si quiere que le creamos que en Veracruz no hay impunidad.
Mínimo, ¿no?
 
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