Marco lo sabía. Daniel lo sabía. El gobernador lo sabía. Seguridad pública lo sabía. La Secretaría de Trabajo lo sabía. Y lo que más enchila es que nadie, absolutamente nadie, hizo nada por evitarlo.
 
Se trenzaron a madrazos los obreros, la gente de Lendechy contra los de Filadelfo, y corrió sangre. Y ahora hasta un muertito hay. Otro más está por irse también.

Y uno se pregunta: ¿dónde estaba la autoridad? Más, porque desde hacía días había indicio de que el pleito por un contrato de obra iba a terminar en un hecho de violencia, como finalmente ocurrió.

La gente de Esteban Lendechy Córdova emboscó a los de la Alianza Sindical, a los pupilos de Filadelfo Espinosa Hernández y Marjorie Oropeza Núñez. Los interceptó en la colonia J. Mario Rosado. Les salió al paso y con piedras detuvo la marcha de los autos. De ahí, como pudieron, descendieron de los vehículos y los enfrentaron.

La trifulca estuvo de pelos. Pero nadie imaginaba que Lendechy, su hijo y tres dirigentes más trajeran armas. Las accionaron e hirieron a varios de la Alianza Sindical. Ángel Mario Salvador Morales presenta dos impactos de bala en el abdomen; Armando Pérez Montiel fue herido en la mano derecha; Víctor David López Ramírez en el pie izquierdo; Moisés Montejo Hernández, dos heridas en la mano izquierda, y William Rivero Domínguez fue herido con arma punzocortante en el brazo derecho.

Por el lado de Lendechy, los heridos por atropellamiento fueron Alberto Ríos Carrillos, resultando con fractura en la pierna izquierda, y Antonio Gómez Salaya, quien fue arrastrado diez metros por un vehículo que pasaba por el lugar. Fue tal magnitud el daño sufrido, que éste finalmente falleció en el hospital Valentín Gómez Farías, en Coatzacoalcos.

La policía llegó. Detuvo a dos obreros. Eran gente de Filadelfo. O sea, aparte de golpeados, los detienen y los encarcelan.

Eso encrespó a los de la Alianza Sindical. Se dirigieron al palacio municipal. Protestaron. Entraron y sembraron el pánico entre ediles, funcionarios y empleados, que pensaron que a la toma del inmueble seguiría el incendio.

Volvió la calma cuando la policía les entregó a los dos obreros detenidos. Pero no se salvaron de ser objetados por el regidor Fernando Álvarez Yamada, quien expresó que su protesta puede ser válida pero no al grado de tomar el palacio.

Hoy hay un obrero muerto. Es de la gente de Esteban Lendechy. Es Antonio Gómez Salaya. Ellos fueron los agresores y ahora resulta que también provocaron el luto de la familia del joven obrero que apenas se iniciaba en esas faenas.

Las Choapas vive la anarquía total. Marco Antonio Estrada Montiel, el alcalde, está señalado de estar en contubernio con Lendechy por el apoyo que recibió de este tipo en campaña. Es decir, pagó Lendechy por seguir siendo impune.

 Marco no tiene perdón de Dios. Si Marco hubiera enviado negociadores, no habría ocurrido una tragedia. No se hubieran enfrentado los obreros. No se habría dado la emboscada de Lendechy. No hubieran activado sus armas. No habría ningún atropellado. No habría muerto Antonio Gómez Salaya.

Si Marco Estrada hubiera actuado como todo alcalde, buscando como distender el conflicto, los obreros de Filadelfo no hubieran tomado el palacio municipal, ni protestado, ni se hubiera corrido la versión de que lo iban a quemar.

El otro que no da una es Daniel Martínez González, alcalde de Agua Dulce. Los de la Alianza Sindical provienen de su municipio. Allá han agitado. Se han enfrentado entre ellos y finalmente se han arreglado.

Pero Daniel, si realmente es alcalde, debió tener en sus manos la información de los intereses que están en juego, de lo que los líderes pretenden, de lo que las obras están dejando. Y con esa información, que es información política, haber llamado a los líderes de la Alianza Sindical y advertirles que no podrían exponer a sus agremiados a un enfrentamiento que resultó mortal.

Ni Marco ni Daniel actuaron a tiempo. No conciliaron. No impusieron su autoridad. Conocían las denuncias públicas de lo que hacen Lendechy y Filadelfo por un contrato de obra y no hicieron nada para impedir el enfrentamiento. Esa es la obligación de quien se precia de llamarse “primera autoridad municipal”. Esa es su culpa porque dejaron que la sangre llegara al río, haya sido por negligentes o porque traen negocios con Lendechy. Pero como sea, es su responsabilidad.

Ahora alegan que el conflicto es laboral y que a ellos no les toca inmiscuirse. ¿Dónde queda pues la tranquilidad de la sociedad, las garantías del ciudadano, que se ven alteradas por un conflicto laboral que tiene más implicaciones.

Los pseudo líderes Lendechy y Filadelfo, lejos de urgir a las autoridades laborales a resolver el conflicto, hacen uso de la brutalidad y la violencia armada para imponerse. En esa guerra estúpida, hay muertos y lesionados, pero no hay castigo, lo que provocará que haya más abusos, violencia, muertos…

El Gobierno de Marco Estrada Montiel, en Las Choapas, ni el de Daniel Martínez González, en Agua Dulce, pueden lavarse las manos cobardemente y dejar que los conflictos y la sangre sigan corriendo sin que ellos a través de sus departamentos jurídicos medien y, también presionen, para que las autoridades laborales y las empresas involucradas, encuentren una solución a un problema que puede desencadenar en una tragedia como la de Ayotzinapa.

Hoy hay un muerto, otro obrero se debate entre la vida y la muerte, y Las Choapas es la anarquía total.

Esta fue la crónica de una gresca anunciada, con dos alcaldes que pudiendo impedirlo, no actuaron a tiempo. Todos sabían qué pasaría y nadie hizo nada.

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