Se celebra en Veracruz la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, a la que asisten dignatarios de varios países, en un momento en el que en México se vive la mayor crisis política y de legitimidad de un gobierno de la República desde las debacles económicas de 1982 y 1995.

 

Sólo que actualmente el problema de México se centra –al menos hasta ahora– en la violencia, la inseguridad y la impunidad, que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido incapaz de frenar y erradicar.

 

No sólo eso. De acuerdo con un reportaje publicado por el diario inglés Telegraph, en México desaparecen en promedio 54 personas semanalmente desde 2007, lo que en ocho años ha hecho un total de 22 mil 610 desaparecidos, una cifra brutal, comparable a las de la guerra sucia sudamericana de los años 70 del siglo pasado.

 

Lo más grave es que este delito, que es considerado de lesa humanidad, está en franco ascenso en México.

 

 Telegraph señala que 2014 ha sido el peor de esos ocho años, con cinco mil 98 desapariciones, un número mayor al de cualquiera de los años en el poder de su antecesor, Felipe Calderón, cuya cresta fue en 2011, con tres mil 957 personas de cuyo paradero no se sabe nada. En Veracruz, la cifra que maneja el diario británico es de 547 desaparecidos.

 

En materia de ejecuciones, las cifras no son mejores.

 

En los primeros 23 meses del gobierno de Peña Nieto, hasta el mes de octubre pasado, se registraron en el país 41 mil 15 homicidios dolosos, mil 331 de éstos en el estado de Veracruz. El primer lugar lo tiene el estado de México, con cinco mil 450.

 

Por eso la crisis de gobernabilidad del país encontró en el plagio y muy probable ejecución de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa un punto de eclosión que ha puesto contra las cuerdas al régimen, que busca por todos los caminos posibles mantener la confianza internacional para que las inversiones que se esperan aterricen con la puesta en marcha de la reforma energética, no se echen para atrás.

 

En razón de lo anterior es el interés puesto por la Presidencia de la República en esta edición de la Cumbre Iberoamericana, en la que intenta retomar la idea de un México en camino a la modernización, que le dé certeza a los inversionistas extranjeros para venir al país.

 

Pero no podrá hablarse de modernización ni de certeza jurídica en México mientras la impunidad siga siendo la nota dominante de la vida pública, mientras la corrupción en prácticamente todos los órdenes de gobierno sea la característica principal.

 

La crisis va más allá de Ayotzinapa, tiene raíces profundas que no se han terminado de reconocer ni de atacar.

 

Por lo demás, la Cumbre Iberoamericana servirá para tomarse la foto con los mandatarios de los países que al final confirmaron su asistencia (los de Cuba, Argentina y Brasil declinaron), y quizás se tome algún acuerdo en materia de intercambio económico. Además de que los reporteros y burócratas asistentes se deslumbren por la presencia de un monarca, el rey de España Felipe VI.
Nada más.

 

Curioso que mientras el coordinador de Comunicación Social estatal, Alberto Silva Ramos, se llenaba la boca hablando de libertad de expresión durante su comparecencia ante diputados del viernes pasado, presionaba a los medios escritos del estado para que no se publicara ni una sola línea de crítica contra su actuación al frente de esa dependencia.

Y así quiere ser gobernador.

 

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