El tema es de todos. Es mío y suyo, porque a nadie, absolutamente a nadie, nos gusta vivir entre la porquería. Pero sobre todo es de los políticos que por obligación legal son ellos quienes deben preservar el medio ambiente. Es un tema de interés público y de sobrevivencia y compromiso social. Así de fácil.

Las Choapas lo enfrenta. Agua Dulce también. Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque ni se diga. Ningún municipio se salva y, como dicen los diputados, es un asunto de urgente resolución.

El tema es la basura. Son los basureros autorizados y los basureros clandestinos. Son los basureros a cielo abierto y los proyectos de relleno sanitario. Pero el problema es que nadie resuelve, la tramitología es interminable y el entorno cada vez está peor.

Las Choapas es un caso. Su tiradero de desechos tarde o temprano será un problema ambiental y a eso se agregan los residuos vertidos en el tiradero clandestino que Renato Tronco dispuso que se usara sin importar que se ubicaran cerca de la mancha urbana.

Los abrió y ahí los dejó con el consecuente daño ambiental, sin asumir las implicaciones legales que esa decisión conlleva. Violó la ley pero el gobierno lo solapó.

En Agua Dulce el problema de la basura es similar. Se usa un tiradero a cielo abierto, sin sistema de reciclaje, sin remediación y con el riesgo de que en 2015 no se renueve la renta del predio y el municipio enfrente un problema mayor.

Agua Dulce produce 80 toneladas al día, unas 2 mil toneladas mensuales y no hay planes para instalar un relleno sanitario, que es lo que mejor preserva el medio ambiente.

Lo de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque es asunto mayor. Al cerrar el tiradero de Las Matas, se creó un conflicto ambiental ya que la ley no permite habilitar un terreno al azar para el depósito de los residuos.

En teoría, era impensable usar el primer terreno que se tuviera a la mano y convertirlo en el nuevo tiradero de basura de Coatzacoalcos. Era imposible hacerlo, pero lo hicieron.

Se confabularon el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol y el delegado de la Procuraduría del Medio Ambiente estatal, Rafael de Hombre López, y éste puso el predio para que la basura de Coatzacoalcos tuviera un destino final.

La violación a la ley es flagrante. Pero además es inmoral.

Viola la ley porque el predio usado no reúne las características para evitar un daño ambiental, porque convierte un espacio libre de basura en tiradero a cielo abierto y porque se incurre en contaminación de los mantos freáticos por la filtración de líquidos llamados lixiviados.

Es inmoral porque quien pone el terreno es el delegado de la Profepa estatal, lo que resulta una contradicción pues debiendo preservar el medio ambiente, contribuye a su deterioro.

Y mientras, la basura que se depositó en el tiradero de Las Matas permanece intacta, sin que haya un proceso de remediación por un conflicto legal entre los ejidatarios que rentaban sus terrenos y el ayuntamiento de Coatzacoalcos que se niega a revertir el daño ambiental.

Veracruz es uno de los estados que peor contamina. Tiene mil 600 tiraderos a cielo abierto y sólo 16 rellenos sanitarios. A nivel nacional ocupa un deshonroso cuarto lugar.

Lo insólito es que ante la urgencia de aprobar las solicitudes de proyectos de relleno sanitario, el Congreso de Veracruz camine a paso lento, congele los trámites y genere las condiciones para un daño ambiental.

El tema está ahí. La basura se genera a diario. Son toneladas que se producen en cada municipio. En algunos casos decenas; en otros, centenares. Y la agresión al medio ambiente nadie la frena.

El tema es de todos, pero son los políticos los que tienen que evitar que el daño ambiental acabe con nuestro entorno, que es nuestro hogar.

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