A mí me enchiló el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Todos tienen las manos metidas: la policía de Iguala, el alcalde, su vieja, el gobierno de Guerrero, la Policía Federal, el Ejército, el gobierno de Peña Nieto. Unos porque los detuvieron y supuestamente los mataron; otros porque pudiendo evitar la tragedia dejaron que todo ocurriera. Por eso ahora les gritan que “fue el Estado”.

Y me puso verde lo de la Casa Blanca de La Gaviota, o sea la casa de Peña Nieto a nombre de su prestanombre que es su esposa Angélica Rivera. ¿Y a usted? Seguro que igual.

Y qué gacho a saber que el mismo constructor que le hacía obras a Peña Nieto en el estado de México, es el que le estaba remodelando la casa a la esposa del presidente y fue el que le vendió su choza al secretario de Hacienda.

O sea, todos embarrados y todavía quieren que el pueblo se trague que son angelitos de la caridad.

Yo le digo al pan, pan, y al vino, vino. Desde Peña Nieto pa’ bajo es corrupción.
Pero la corrupción también está en los estados, en los municipios. Además de espectadores, los ciudadanos debemos de tomar cartas en el asunto en nuestra propia casa. De lo contrario, ¿de qué sirve que seamos fuertes críticos de lo que pasa en esos altos niveles, si no somos capaces de exigir orden acá, con los asuntos domésticos?

Chutémonos tres casos: en Agua Dulce, una funcionaria de Turismo que utiliza recursos públicos para los preparativos de la fiesta de su hija; en Las Choapas, un jefecillo de Hacienda del Estado, con ínfulas de “gobernador”, que con groserías y prepotencia impide que se cumpla con la ley “porque no saben con quien se meten”, y en Coatzacoalcos, lo peor, un director de Obras Públicas, criminal en potencia, que lo mismo casi mata a ciudadanos que los reprime en manifestaciones públicas, ahora sabemos que por órdenes de su alcalde, Joaquín Caballero Rosiñol.

Estela Hernández Ruvalcaba le pidió a dos empleados del ayuntamiento de Agua Dulce que le realizaran tres figuras de la Torre Eiffel para la fiesta de XV años de hija. Y ellos accedieron. Lo hicieron durante su jornada laboral, es decir, pagándoles con dinero del pueblo.

Estela es directora de Turismo y lo que hizo es peculado. Y el peculado es corrupción. Ella dice que los trabajadores se ofrecieron a realizar las torres que tendrán luces y arrojarán agua, y que serán uno de los atractivos del pachangón de la hija. Aunque así hubiera sido, es peculado y merece ser investigado y castigado, mínimo con la destitución del cargo y la reparación del daño. Se quiso pasar de viva y que le revienta el asunto en las manos.

El segundo caso es el de Noel Climaco Hernández Ortega, jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, quien se pasa por el arco del triunfo a la policía y a Tránsito estatal.

Este bicho se erizó porque un policía municipal le indicó que no podía estacionar su automóvil junto a la Comandancia. Cómo de que no, faltaba más. Llámale a tu comandante, a Tránsito, al presidente, dijo el güey y sólo faltó que dijera que valen madres Javier Duarte, Peña Nieto y el Papa Francisco.

La vil prepotencia. Eso sí, cuando llegó la grúa, salió de su oficina como gas de Tehuacán, abordó el carro y se largó. A este ojete hay que enviarlo a un curso de humildad para que le baje a su volumen. Y si no entiende, hay que tratarlo como al balón de futbol: a patada limpia. Noel Climaco es la clase de porquería que no nos merecemos los ciudadanos.

Allá en Coatza la manzana podrida se llama Guillermo Ibarra Macías. Es el ojete que ordenó que su chofer golpeara a un ciudadano que llegó a Obras Públicas a pedir que desazolvaran un canal de aguas pluviales para evitar una inundación. El ciudadano se cansó de esperar y exigió que lo atendieran. La respuesta fue una agresión que casi le cuesta la vida. Terminó fracturado y todo golpeado, como Cristo en días de la pasión.

Poco después, a Guillermo Ibarra se le vio con un bastón de artes marciales enfrentando a los manifestantes que protestaban durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe por los desaparecidos de Ayotzinapa. Otra vez en actitudes violentas. Y después se sabría que lo hace por instrucciones del alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol.

En esos tres casos, dichos funcionarios además de ser expulsados del servicio público, deberían enfrentar sendos procesos por violaciones a la función pública; pero no, de lo que gozan es de la cobarde impunidad que es el germen de crímenes mayores.

A los ciudadanos nos queda repudiar esta clase de funcionarios. Que se vayan a chiflar a su máuser. Son servidores, nosotros les pagamos y nos deben respetar. Y al que no lo entienda, ya les dije, como al balón de futbol, a patada limpia. Nomás pa’ que se eduquen.
 
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