No sólo no cumplieron con el plazo que ellos mismos se impusieron para aprobar la integración de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de Transparencia y Acceso a la Información. Los senadores estarían por dar marcha atrás a todos los avances y logros alcanzados en los últimos 15 años en cuanto a la rendición de cuentas en el país.

El 2 de diciembre pasado, fue presentada una iniciativa de ley secundaria de Transparencia y Acceso a la Información por parte de las bancadas del PRI, PAN, PRD y PVEM, misma que debió haber sido aprobada la semana pasada, el 7 de febrero. Pero eso no sólo no ocurrió, sino que el PRI y el PVEM introdujeron en la iniciativa más de 80 modificaciones que son, a todas luces, un intento por dinamitar todo el sistema de acceso a la información. Un retorno brutal a la opacidad, a la oscuridad.

De las modificaciones que se han logrado filtrar de la iniciativa en cuestión –que hasta ahora no se han dado a conocer formalmente–, se desprenden graves retrocesos que harían incluso inoperante y, por tanto, inservible, al Instituto Federal de Acceso a la Información, que sería reducido a prácticamente nada.

Por ejemplo, se plantean sanciones a los servidores públicos del IFAI y de los órganos garantes que abran información que la dependencia gubernamental considere que afecta sus funciones. Una aberración por donde se le vea, pues cualquier ente público podría argüir que se afectan sus funciones si entrega información que comprometa una mala actuación.

También se eliminaría la obligación para que las dependencias de gobierno documenten todo lo que hacen. Esto es, los servidores públicos podrán declarar inexistencia de información sobre el manejo que hagan de los recursos públicos. Además, se liberaría a los sujetos obligados de entregar información al declararla unilateralmente como confidencial, aunque ello no se justifique, como ya sucede, verbigracia, con el gasto en publicidad del Gobierno de Veracruz.

Asimismo, se dejaría fuera de las obligaciones de transparencia a la información concerniente a las declaraciones patrimoniales y los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores públicos, y los nombres de quienes reciban condonaciones fiscales.

También se abre la puerta para que cualquier legislación determine la reserva de la información, colocándola por encima de la propia Ley de Transparencia y afectando el principio de máxima publicidad que debe regir en la materia.

La iniciativa priista crearía un régimen de excepción para las ahora empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, pues se incorporarían a su tutela los documentos relacionados con las actividades de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo, así como los contratos que celebren con otras entidades, públicas o privadas.

Otra modificación es que se otorgarían facultades al Consejero Jurídico de la Presidencia de la República para interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre peticiones de información a cualquier autoridad, y no sólo la que competa al Ejecutivo federal.

Y una de las enmiendas más graves es que se reservaría de manera indefinida cualquier información que, a criterio de la autoridad, afecte la estabilidad económica del país. O lo que es lo mismo, podrían negarse a dar cualquier información que quieran.

Irresponsablemente, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de las bancadas del PRI y el PVEM, pretende que México retroceda 40 años. La exhibición pública de las mansiones del Presidente, la primera dama y el Secretario de Hacienda, con el evidente conflicto de interés y la evasión fiscal resultantes, al parecer convencieron al régimen que eso de la transparencia y la rendición de cuentas no es una buena idea, y buscan que el país vuelva a las condiciones en que estaba en tiempos de Luis Echeverría.
Está en su naturaleza.

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