Vaya que el flamante secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Luis Felipe Castillo López, tendrá mucho trabajo en los días por venir, apenas integrado a su nueva encomienda.

La primera chamba del neofuncionario de la administración duartista será explicar el destino de 41 millones 195 mil 11 pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reclama al Gobierno de Veracruz por presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal en el rubro de “Subsidios a Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial”, incluido en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013.

Según el informe de la ASF, en 2013 el estado de Veracruz recibió ministraciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del orden de 114 millones 625 mil 700 pesos para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, de los cuales 38 millones 629 mil 91 pesos no cuentan con documentación comprobatoria; dos millones 547 mil 967 pesos no fueron devengados, y 17 mil 951 pesos son rendimientos financieros pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación.

Por ese motivo, la ASF abrió el procedimiento de responsabilidad administrativa sancionadora 13-B-30000-02-0136-08-001 ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Veracruz para que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, transfirieron los recursos por 114 millones 625 mil pesos otorgados para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial en 2013, a otras cuentas bancarias, por lo que no fue posible acreditar su aplicación y destino, ni los rendimientos financieros generados”.

El gobierno estatal ha pretendido justificarse aduciendo que se trata de un fallo atribuible a las instituciones bancarias en las que se depositaron los recursos, mismo pretexto que utiliza cuando retrasa el pago de honorarios a maestros, burócratas y pensionados.

Pero lo cierto es que ésta es una práctica recurrente del gobierno duartista para “jinetear” los recursos, poniéndolos a “sudar” en una sola cuenta concentradora en la que también deposita dinero de otra procedencia, y disponer de éste una vez que hubo borrado la “etiqueta” que indicaba el destino que legalmente debieron tener dichos fondos.

Aunque el monto reclamado en este apartado puede sonar irrisorio frente a los desfalcos detectados por la ASF en otros programas, como los de las áreas de Educación y Salud, sí retrata bien las marometas legales realizadas por el gobierno veracruzano para desviar el dinero federal. Y si nos atenemos al año fiscal que fue revisado por el ente fiscalizador, 2013, en el cual hubo elecciones intermedias de alcaldes y diputados locales en Veracruz, no es muy difícil imaginar a dónde fue a parar parte de ese dinero.

Si en una de las áreas más delicadas de la administración pública estatal, como es la de seguridad pública, en donde se han invertido millonadas para capacitación y equipamiento y que el gobernador Javier Duarte de Ochoa presume será su principal legado al estado, se cometen estas felonías en perjuicio directo de los habitantes de la entidad, ¿qué esperar de otros rubros?

Y mientras más se le rasca al informe de la ASF, más irregularidades se encuentran. Por lo que es pertinente preguntar si a los diputados locales que aprobaron la Cuenta Pública de 2013 no se les puede fincar alguna responsabilidad legal.

A fin de cuentas, actuaron como cómplices.

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