Cómo tarda la justicia en llegar. Y a veces ni llega. Pregúntenselo a los damnificados por las inundaciones de 2008 y 2009 que a estas alturas todavía andan luchando porque les devuelvan sus casas.

Las viviendas están ocupadas por gente que ni las necesita, que tienen posibilidades económicas y que pagaron una miseria por ellas, y hasta por delincuentes. Se las asignaron políticos y vivales, o vivales políticos, que a la postre es lo mismo pues muchos de esos políticos son unos verdaderos pillos.

Las casas fueron construidas para darles una opción a habitantes de las colonias Tiburoneros y Chomberos, en Las Choapas, que cada vez que viene la temporada de aguaceros, crece el río Tancochapa, se inundan y pierden su patrimonio. La idea era reubicar a los que resultaban más afectados.

Así se construyeron 86 viviendas. Pero el 70 por ciento de las casas fueron invadidas por gente pinche, que se aprovechó de la situación. Y las compraron porque también hay políticos pinches que las vendieron a sabiendas que no tenían derecho a hacerlo y que atropellaban el derecho de otros.

Las inundaciones ocurrieron en 2008 y 2009. Les fue del carajo. Perdieron todo y pidieron al gobierno que se les ayudara. Se pensó en la reubicación y así se construyeron los fraccionamientos La Hacienda y El Arbolito.

Las casas ahí están. Unas fueron ocupadas por damnificados pero la mayor parte no. Y que se les despierta la ambición a los vivales que nunca pueden faltar.

Comenzaron a “vender” las casas a sabiendas que les estaban vendiendo nada. Les vendieron un cuento porque no eran beneficiarios. Y no eran beneficiarios porque no eran damnificados de las colonias Tiburoneros y Chomberos.

No les dieron papeles, escrituras o algún título de propiedad porque todo es irregular. Recibieron un dinero y entregaron las llaves de las casas. ¡Y a vivirlas, güey!

Hubo quien ni siquiera pagó por las casas. Se metieron a caricabrón y ahí siguen los muy jijuesuchi. Unos las usan para vivir pero otros las habilitaron como moteles y hasta como casas de seguridad desde donde realizan actividades ilegales.

De pelos eso de que tu vecino tenga su casa de citas y que el otro organice desde ahí actividades delictivas, pero la culpa no es de los damnificados sino de las autoridades que permitieron todo y que lucraron, porque la verdad, la verdad, se pasaron de lanza dos que tres güeyes que se hicieron de una lanota traficando con las viviendas.

Las cosas comienzan a recomponerse. Las denuncias casi no han caminado. Los vecinos se han inconformado y exigen que se realice una investigación a fondo, seria y bien documentada.

 

Acaba de estar personal de INVIVIENDA y de Sedesol para realizar el nuevo censo y que los que ocupan las casas demuestren que son derechosos. Llegaron y realizaron las diligencias y dijeron que esta vez van contra los que se pasaron de galleta.

 

No sé cómo le van a hacer esos que se apoderaron de las viviendas y que no tienen documentación para demostrar que son ellos los chidos y que nadie los va a poder sacar. Eso es despojo.

 

El delito es federal. Se apoderaron de viviendas que fueron construidas con recursos federales, del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los cuales son vigilados estrictamente por el gobierno ya que su finalidad es atender los problemas sociales que generan los desastres. El fin es noble pero quienes los tienen en sus manos necesitan que los vigilen de cerca.

 

En el fraccionamiento El Arbolito hay petroleros, abogados, funcionarios municipales y elementos de Protección Civil, y eso es un abuso descarado además que incurrieron en un delito federal. En La Hacienda igual, pero además hay maestros.

 

A los enviados de Sedesol Fonden e INVIVIENDA le están pidiendo que se actualice el censo, que se detecte a los invasores y que se identifique a las autoridades que se prestaron a asignarles casas a gente que no tenía derecho porque no eran damnificados.

 

Qué fácil es apropiarse de lo ajeno. Lo cañón está en que hay una investigación judicial que implica a gente que se suponía era decente y a otros que no, que están dedicados a actividades delictivas y que el mismo gobierno, sabiéndolo, los protegen.

 

El asunto está bien pelado porque siendo casas construidas con recursos del Fonden, se vuelve de índole federal.

 

Ahí los quiero ver. Esos que asignaron las casas a gente sin derechos, en poco tiempo tendrán que demostrar por qué lo hicieron y cómo se beneficiaron. O simplemente van a pegar la graciosa huida.

A ver qué pasa.

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