Ahora sí deben estar tramitando sus respectivos amparos todos los implicados en el descomunal desfalco al erario público del estado de Veracruz, pues al fin, en el Congreso de la Unión se dio un paso adelante para ir en pos de los responsables y someterlos a la ley.

Este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) a proceder de inmediato y ejercer acción penal ante los tribunales correspondientes “para que los responsables del desvío de recursos públicos federales, destinados a la educación y a la salud en el estado de Veracruz, sean sancionados con todo el rigor de la ley”.

Además, el órgano legislativo le pidió a la PGR le informe de inmediato “sobre las acciones que haya realizado, en relación con estos hechos, a partir del mes de noviembre de 2014, fecha en que las denuncias (de la Auditoría Superior de la Federación) fueron presentadas”.

El punto de acuerdo fue presentado ante el Pleno de la Comisión Permanente por el senador panista veracruzano Fernando Yunes Márquez. Y a pesar de la fuerte carga política implícita, fue respaldado por unanimidad. Incluso por el Grupo Parlamentario del PRI.

 
Cómo estarán las cosas que incluso el diputado federal priista veracruzano Alejandro Montano Guzmán votó a favor del exhorto, y admitió que “todo hecho que representa duda para los ciudadanos sobre el actuar y quehacer de cualquier ciudadano debe ser investigado por las instancias responsables”.

 
El origen del reclamo para ejercer la acción penal es por lo que ya conocemos: el desvío de más de dos mil millones de pesos provenientes de fondos federales que el Gobierno del Estado de Veracruz debió destinar al Seguro Popular y a los programas de Educación Básica y Normal, así como los movimientos bancarios realizados por funcionarios estatales “con el objeto de simular la solventación de las irregularidades detectadas por la entidad de fiscalización; para después retirar los recursos y depositarlos en cuentas distintas, sin que sea posible acreditar el destino final de esos recursos”.

En el comunicado emitido por el Senado de la República se mencionan los nombres de los funcionarios y ex funcionarios sobre quienes se acusa presunta responsabilidad en el daño patrimonial al estado de Veracruz: los candidatos del PRI-PVEM a diputados federales Edgar Spinoso y Tarek Abdalá, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación y ex tesorero de la Secretaría de Finanzas, respectivament

También están implicados Tomás Ruiz González, secretario de Infraestructura y Obras Públicas; Gabriel Deantes, secretario del Trabajo y Previsión Social; Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos; Lorenzo Antonio Portilla, auditor del Órgano de Fiscalización Superior; y Antonio Ferrari Cazarín, director de Patrimonio del Estado.

Ya no se trata de una mera versión periodística. Ahora existe –además de las 11 denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación desde noviembre pasado– la intervención de un órgano del Estado Mexicano que exige se castigue a quienes hundieron a Veracruz en la peor crisis económica de su historia.
Parece que finalmente, vienen por ellos.

En Veracruz no hay gobierno

La previsible respuesta del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, evadiendo su responsabilidad de investigar el homicidio del periodista Armando Saldaña Morales sólo porque su cadáver fue encontrado en Oaxaca, a una calle de Veracruz, sólo confirma una cosa: no hay gobierno en este estado.

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