Hasta lo que podría hacer bien, lo hace mal. Y no es que esté salado. Es que al vato ese, el tal Daniel Martínez, no le sale bien gobernar. ¿Y saben por qué? Porque nunca ha tenido que hacerlo con decencia, respetando leyes y derechos. Y es que eso, la verdad, no se le da.
 
No es lo mismo ejercer el poder caciquil desde el cargo de secretario general de un sindicato como el de los petroleros, sumisos por el temor de perder sus plazas o ser hostigados sindicalmente, que gobernar una ciudad en la que sus habitantes, cada día más, adquieren mayor sentido de la responsabilidad y de sus derechos.
 
Agua Dulce se merece mucho más que tener de alcalde a Daniel Martínez. Exige desarrollo y mejores niveles de vida. Pero el problema es la mentalidad de un líder sindical que cree que el palacio municipal es la sede de la Sección 22.
 
La última tiene que ver con el inicio de una obra, la reparación de la calle Insurgentes. No está mal el arranque pero no era la forma de hacer el evento porque la ley se lo prohíbe.
 
En un acto de proselitismo gubernamental, prohibido por las leyes electorales en esta época, Martínez González no solo acarreó a los empleados municipales, que abandonaron sus puestos de atención ciudadana para irle a aplaudir a su patrón, sino que además, en un acto miserable, utilizó a pequeños niños de primaria, exponiéndolos a los intensos rayos del sol que caían como plomo ardiente.
 
Con una pizca de inteligencia, el alcalde hubiera optado por arrancar la obra y, sobre todo, avisando a los beneficiarios para prevenirlos de las naturales molestias que ocasionan las obras en construcción. Eso hubiera bastado para ganarse una buena nota y el aprecio de sus gobernados, pero es imposible pedirle peras al olmo.
 
Por un pinchurriento inicio de la obra, el Dany hizo todo un show. La Insurgentes es una de las principales vialidades de Agua Dulce y estará cerrada todo el tiempo que dure su reconstrucción. A excepción del regidor perredista Jesús Martínez Monroy, todos los ediles la hicieron de borregos del alcalde.
 
No faltan los que habrán de decir que Daniel Martínez está trabajando y que hay que dejarlo. Sí, que trabaje el vato, que se ponga las pilas, que deje de hacerle al zopilote que sólo revolotea y no aterriza nada. Sí, pero esta obra no debió ser promocionada ni armarle tanto teatro.
 
En primera, a los vecinos ni los peló. Se llevaron menuda sorpresa cuando se percataron que la calle ya estaba cerrada y así se quedará hasta que las obras concluyan. La ley dice que a los vecinos hay que sacarle su anuencia, con firmas y asamblea. Si no, nomás no se puede hacer. Pero no cubrieron el requisito.
 
La otra molestia proviene de los padres de los estudiantes que fueron llevados al evento. No les informaron y eso es gravísimo, una violación a los preceptos de la Ley de Educación, que señala que para que un alumno sea sacado del centro escolar requiere de la autorización de sus padres o del tutor.
 
Otro grupo afectado es el de los comerciantes, quienes señalan que les bajarán sus ventas al estar cerrada la calle Insurgentes, que la obra debió iniciarse después de las elecciones, incluso cuando los estudiantes ya estuvieran en período de vacaciones.
 
Pero el otro asunto es de tipo electoral. Daniel Martínez ya se puso la soga al cuello. La ley dice que la obra pública no puede parar, pero es clara y específica para señalar que no puede promocionarse ni realizarse eventos que magnifiquen la labor de un ayuntamiento en tiempos de elecciones.
 
El Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo, el INE/CG67/2015, con el cual el consejo general prohíbe eventos del sector público durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral.
 
Dice que no está permitido “la inclusión de elementos visuales, auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven velada, implícitamente o explícitamente la promoción de un gobierno o sus logros”.
 
Por eso los ayuntamientos y gobiernos estatales y federal se abstienen de publicitar su obra pública y sus acciones oficiales.
 
Pero en Agua Dulce, que se joda el INE. Aquí, Daniel Jiménez hace lo que sus calzones quieren. Cierra la calle, inicia la reparación de la Insurgentes, acarrea empleados municipales y ordena llevar estudiantes de primaria para que le aplaudan.
 
La ley electoral que se vaya a la basura. El INE que chifle a su máuser. En Agua Dulce está el intocable, el alcalde priista que se pasa la veda electoral por la zona oscura de su investidura. Nada más y nada menos que don Daniel Martínez.
 
Acá, por si a alguien le quedaba duda, se viola la veda electoral y a ver quién se atreve a aplicarle la ley al alcalde.
 
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