Ha de estar del carajo que de pronto, cuando menos te lo esperas, quizá mientras duermes, o ves la tele, o lees un libro, suena el teléfono y te dan una noticia que te quita el aliento y te dan ganas de llorar.

Así, créanme, debe haber sentido esos padres de los jóvenes universitarios que fueron golpeados por un grupo de porros la madrugada del 5 de junio, en Xalapa.

La noticia nos indigna. Esos jóvenes y algunos maestros festejaban el cumpleaños de uno de sus compañeros. Se habían reunido en una casa cercana a la Unidad de Humanidades. Como a la una de madrugada llegan los tipos, los insultan y se les van encima, golpeándolos con palos, machetes y bates.

Uno de los chavos relata que logró meterse debajo de una cama y eso lo salvó. Pero le pesa que sus compañeros hayan aguantado la felpa que les dieron los atacantes, los cuales estaban encapuchados y actuaban como paramilitares, sembrando miedo y desesperación.

Dicen los testigos que la agresión duró unos 20 minutos. “Ya se los cargó la v... hasta aquí llegaron”, gritó uno de los encapuchados. Rompieron las puertas y todo lo que encontraban a su alcance.

Ocho de los jóvenes sufrieron la agresión, unos en mayor medida que otros. Tres de ellos siguen en calidad de graves. Presentan fractura de cráneo o lesiones de alto impacto en el rostro y cuerpo.

Leo en los periódicos que a los pocos minutos llegó una patrulla de la policía. Comenzó a tomar nota de lo ocurrido, los nombres y fotografías de los lesionados. Pero cuando llegó un automóvil marca Pontiac blanco, les dieron instrucciones y se retiraron del lugar, dejando ahí a las víctimas.

Algunos sangraban. Permanecieron en la calle, implorando que no los dejaran solos. Temían que los encapuchados volvieran y los remataran. Luego fueron trasladados a la Cruz Roja. Ahora están en el Centro de Especialidades Médicas de Xalapa.

La comunidad estudiantil, los académicos, el sindicato, los investigadores, gran parte de los directivos de la Universidad Veracruzana han reaccionado. Condenan el hecho. Le piden a la rectora Sara Ladrón de Guevara que fije la postura la Máxima Casa de Estudios. Dicen que esto es un precedente nefasto y que no puede dejar pasar.

Leo también que entre esos jóvenes, que realizan un activismo abierto contra el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, hay algunos que han lanzado feroces proclamas contra el secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez.

Lo de la agresión a los jóvenes universitarios estaba cantado que así sería. Los iban a responsabilizar de diversos hechos violentos en Veracruz, pero se descubrió que el secretario Arturo Bermúdez los tenía en una lista.

Eso pasó el viernes en la madrugada. Han transcurrido cuatro días. Ahora los familiares quieren retirar a los estudiantes atacados del Centro de Especialidades Médicas, pero les niegan el historial clínico.

Sólo les dicen que se están recuperando. No les permiten tener una segunda opinión de un médico particular. A ciencia cierta, no saben qué tan graves siguen porque no les permiten verlos.

Los padres rechazan la ayuda del gobierno de Veracruz. Ahora los padres exigen que se les traslade a un hospital privado y que los gastos los asuma la UV. No quieren recibir ayuda alguna del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

A todos les queda claro que este ataque mediante encapuchados que actuaron como paramilitares fue obra del gobierno de Veracruz. Y dígalo si no. Cuando le preguntaron al secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez, deslindó a la corporación pero aprovechó para decir que muchos activistas han sido captados con las cámaras de video del gobierno marchando, pintando paredes, robando y provocando violencia. Dijo que hasta periodistas actúan así.

Entonces la prensa le preguntó si se dedica a espiar a los activistas sociales y a los periodistas. Bermúdez Zurita ya no supo qué decir. Si tiene evidencia de que han incurrido en algún delito, pues que los detenga y los consigne ante la autoridad correspondiente, pero que no les envié a golpeadores para que los medio maten.

Ahí está la pieza que faltaba. Por una indiscreción del secretario de Seguridad va quedando claro que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa mantiene un estado de sitio, que persigue a los disidentes y que los reprime en cuanto lo puede hacer.

Olía a responsabilidad del gobierno en el ataque a los jóvenes universitarios. Ahora ya no hay duda.

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