Uno más. Sí, un nuevo desafuero, el del alcalde de Coatepec, Roberto Pérez Moreno, a quien todos conocen como “Juanelo”, por la autoría intelectual del asesinato de su tesorero, Guillermo Pozos Guzmán.

Uno más, les decía, porque al fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, le da por encarcelar presidentes municipales, con o sin razón, con pruebas sólidas o endebles y hasta por motivos políticos, lo que suena a corrupción.

El asunto de “Juanelo” se remonta al 22 de agosto de 2014, cuando desapareció el tesorero municipal. Se pensaba que era un secuestro, que se pagaría un rescate y que regresaría con su familia.

Pero no ocurrió así. El cuerpo fue hallado tres días después cerca de la carretera Coatepec-Totutla. Lo golpearon y acuchillaron, ocasionándole la muerte. Así comenzó a tejerse la novela que implica al alcalde Pérez Moreno.

Desde un principio se habló de conflictos entre el alcalde y el tesorero por supuestos malos manejos financieros, que serían revelados por Guillermo Pozos.

En los días siguientes fueron detenidos policías municipales que podrían estar involucrados en el crimen. El 25 de septiembre de 2014, fue aprehendido el subdirector operativo, Eder Omar Álvarez Tapia; el escolta del subdirector operativo, Jairo Brígido Caballero Espinoza, y el motociclista de la corporación, Francisco Sandoval Hernández.

Los dos últimos dicen que recibieron órdenes de Álvarez Tapia para secuestrar al tesorero Guillermo Pozos, quien habría acatado la instrucción de “Juanelo”, supuestamente “por interferir en decisiones del ayuntamiento”.

Los policías dijeron que ellos sólo levantaron a Guillermo Pozos, pero que quienes lo mataron fueron dos sujetos a quienes conocían como “Argenis” y “Apache”, los cuales son ex policías de Coatepec.

El asunto siguió su cauce. En abril pasado se habló de que Juanelo sería detenido. Y Juanelo desapareció.

Cuando reapareció, cinco días después, lo primero que anunció fue que denunciaría a quienes lo habían difamado.

Se la enjaretó al policía Jairo Brígido Caballero Espinoza. Dijo que un ex alcalde, Diego Hernández Alonso, quien es su abogado defensor, le pagó 50 mil pesos para que declarara en su contra. Y por eso lo acusó de cohecho.

Juanelo llegó muy sácalepunta. Habló de su familia, de cómo la habían afectado, de por qué guardó silencio, de su respeto al tesorero muerto, de su honor y de su moral. Y como que enderezó la cosa.

Pero no contaba con el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras. Al poco tiempo éste le endilgó una solicitud de juicio de procedencia. ¿De qué? De desafuero, pues. Un juicio en el Congreso del estado para que le retiren el fuero, la protección, la inmunidad, para que pueda ser juzgado.

Juanelo pidió licencia por 59 días. Se separó del cargo de alcalde de Coatepec mientras era investigado. Pero la licencia ya vence.

Ahora el fiscal Bravo le pide al Congreso de Veracruz que le retire el fuero mediante un juicio de procedencia, muy similar al que le instruyeron al presidente municipal de Medellín, Omar Cruz Reyes, por el asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo.

Lo más seguro es que le quiten el fuero y pueda ser juzgado. Ya se sabe que la justicia en Veracruz obedece a razones políticas y que las pruebas salen sobrando.

Pero lo que llama la atención es que lo del alcalde de Coatepec se da tres días después de las elecciones federales, máxime que en ese distrito había grandes posibilidades de que perdiera el PRI, porque nadie quiere a quien fuera su candidata, Noemí Guzmán Lagunes, quien a la postre ganó.

Juanelo se suma a otros alcaldes desaforados. Una de ellas fue Sara Luz Herrera Cano, quien siendo presidenta municipal de Alvarado fue acusada del crimen de su secretario particular; Omar Cruz Reyes, de Medellín, y Armel Cid de León Díaz, de Fortín, a quien acusan de violencia intrafamiliar, pero que se ha postergado porque el expediente contenía un error de redacción.
Uno más en esa larga cadena de alcaldes desaforados. Y los que faltan.
 
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