Nadie, de veras nadie, puede filtrar la información oficial. Nadie puede revelar secretos y acciones judiciales, ni el contenido de las investigaciones ministeriales. Nadie, excepto el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras.

Él se reserva el derecho de hablar y acusar, de encarcelar a la gente y de hacer público, cuando quiere, por qué se ejercita la acción penal.

Sólo el fiscal puede citar a la prensa, dar pormenores de un caso, hablar de cómo detuvo a un grupo de criminales, revelar el modus operandi de una banda de secuestradores, de cómo evita las extorsiones. Es fiscal y al mismo tiempo vocero de sí mismo.

La única información que reconoce Luis Ángel Bravo es la que él da. Lo que no proviene de la boca del fiscal son mentiras, verdades a medias, información parcial que a menudo se aleja de la realidad. Tiene, pues, el monopolio de la verdad.

Dice el fiscal que alguien filtró la información de los ex ediles y ex funcionarios municipales que no pudieron solventar las inconsistencias señaladas por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz y que lo van a pagar caro.

La prensa dio los nombres. Reveló contra quienes hay acción penal. Algunos ya están detenidos, pero otros se pelaron.

Dice Bravo Contreras que él no fue, que la información llegó a la prensa y que ya investiga quién soltó los nombres, porque algunos de ellos aún no han sido capturados y con lo publicado se les facilitará evadir la acción de la justicia.

Conociéndolo, nadie le cree. Bravo dice que fue filtración; el diputado Domingo Bahena, del PAN, dice que no, que el lengua larga es el fiscal, y que lo hizo para darle el pitazo a los ex ediles y ex funcionarios involucrados en malversación de recursos públicos.

Son 13 detenidos de seis municipios. Se les acusa de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. Tres de ellos son los ex alcaldes de Álamo, Santiago Sochiapan y Alvarado, Arturo Ortiz Carballo, Miguel Bautista Alonso y Sara Luz Herrera Cano, respectivamente.

Ella ya estaba en prisión. Sólo le hicieron efectiva una orden de aprehensión por el delito de incumplimiento de un deber legal. O sea, si ya estaba con el agua al cuello, enjuiciada por el secuestro y muerte de su ex secretario particular, ahora se le agregaron otros cargos. La cosa es no dejarla salir.

El diputado local Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comision de Vigilancia del Congreso de Veracruz, aseguró que hay otros en capilla: el de Xico y el de Fortín.

Bravo Contreras hace como que está indignado. Asegura que lo revelado por el diputado Garrido ni lo confirma ni lo desmiente.

Las detenciones de ex ediles y ex funcionarios van a continuar porque de alguna manera tienen que seguir los distractores, justo cuando el gobierno de Javier Duarte anda metido en la bronca del crédito bancario que le pasó de noche a los veracruzanos y al mismo Congreso estatal.

“Yo no puedo quebrantar una cuestión por el riesgo de que se vaya a fugar alguna persona”, dice como para que todos le creamos que no tiene nada que ver con el pitazo que les dieron a los ex ediles que andan prófugos.

Bravo Contreras había prometido que antes de que terminara junio estarían las acciones penales contra ex integrantes de cabildos y funcionarios municipales que no pudieron solventar las inconsistencias que les detectó el ORFIS. Pero pasó junio y nada. Se le hizo bolas el chicle. Esta semana salieron las órdenes de aprehensión y las ejecutó.

Dice que algunas de las citas se realizaron en libertad por tratarse de acusaciones menores, pero otras son delitos graves. El incumplimiento de un deber legal no es considerado delito grave pero hay que aplicar la ley.

Lo cañón es que nadie le cree. La publicación de las detenciones, la difusión de las fotografías en instalaciones de la Fiscalía, lo tiene de cabeza.

Él dice que fue una filtración. El diputado Bahena asegura que no, que fue un pitazo a otros ex alcaldes y ex funcionarios que saben que no pasaron el período de solventación de inconsistencias en los ejercicios municipales, para que se pelen y así eviten la cárcel.

El fiscal piensa que engaña a los veracruzanos. Todos saben que las filtraciones provienen de la Fiscalía y que en realidad son pitazos, avisos a través de terceros, en este caso la prensa, para que agarren sus chivas y se oculten.

Les avisa y luego reclama que ya ni la chiflan, por qué los ayudan a escapar.

Si Bravo Contreras trabajara en el periódico El Universal, seguro estaría a cargo de la sección del Aviso Oportuno.

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