IPE

Para un organismo público que puntualmente descuenta cada quincena sus aportaciones a todos los trabajadores del estado de Veracruz, registrar un déficit de seis mil millones de pesos es, por donde se le quiera ver, inadmisible.

Y ésa es la situación del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), reconocida públicamente este jueves por el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín.

Dicho déficit se arrastra, según las propias declaraciones del funcionario estatal, desde 2010, el último año de gobierno de Fidel Herrera Beltrán, en el que hasta 2009 el encargado de operar las finanzas estatales fue Javier Duarte de Ochoa.

El Secretario de Finanzas fue impelido a salir a dar explicaciones sobre el estado financiero del IPE después de la enésima crisis de no pago de las pensiones de los jubilados del estado, que provocaron airadas protestas principalmente en Xalapa, aunque en otras ciudades de la entidad ya había alerta de motín.

Pero según Gómez Pelegrín, la deplorable situación del IPE no se debe a desvíos de recursos, sino a la presión que sobre las finanzas públicas ejerce el crecimiento del número de pensionados en Veracruz.

Si bien es un problema real el incremento de los montos que el Estado mexicano en general debe erogar para mantener a sus trabajadores jubilados, es una responsabilidad de la que no puede desentenderse. Ellos no sólo le dedicaron su vida entera a trabajar por y para las instituciones del gobierno, que incluyen a todas las escuelas públicas, sino que contribuyeron económicamente para asegurarse un retiro tranquilo y decoroso al final de su vida laboral. Lo que les están haciendo es inhumano, vergonzoso.

Porque dinero hay. Siempre ha habido. Los sistemas pensionarios nunca han dejado de nutrirse con recursos frescos, captados directamente de los salarios de los trabajadores.

Pero lo que también existió, existe y por lo visto perdurará es la corrupción y la mala administración que tiene al sistema pensionario de Veracruz en la ruina y que provoca situaciones insólitas de insolvencia financiera para pagar a todos los trabajadores en el retiro el dinero que por ley les corresponde para sobrevivir.

Y no decimos que esto sea culpa de Gómez Pelegrín y ni siquiera del actual director del IPE Armando Adriano. Como ellos mismos señalan, esto se arrastra desde hace varios años.

Sólo que querer hacer intangibles las responsabilidades por el manejo dispendioso de los recursos del Instituto y por el saqueo del que ha sido víctima todo el sistema pensionario para financiar campañas políticas o fortunas personales, desde antes de 2010, es inaceptable.

Porque sí hay responsables de la quiebra, que deben ser llamados a rendir cuentas tarde que temprano. Y ellos saben perfectamente quiénes son.

 

Durante la misma rueda de prensa, Antonio Gómez Pelegrín aceptó la contratación del crédito por mil 338 millones de pesos que el Gobierno de Veracruz realizó en febrero pasado, pero se limitó a decir que ese dinero fue utilizado para el pago de “infraestructura”.
¿Cuál? ¿En dónde?

 

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