A ver, don Javier: 2 más 2 son 4. ¿Sí? 3 más 3 son 6. ¿Sí? 44 mil 470.8 más 28 mil 462.5 son 72 mil 933.3 millones de pesos. ¿Sí? Y esa, lo reconozca o no, es la deuda real de Veracruz.
 
Sopas. Se me cae la quijada y me queda el ojo cuadrado. Y no por una razón sino por dos: el gobernador nos sigue mintiendo y las cifras son tan exactas como frías y a veces aterradoras.
 
A Javier Duarte de Ochoa se lo tengo que explicar con bolitas y palitos, porque de que se hace güey, se hace güey.
 
Nadie saca al gobernador de sus 44 mil 470.8 millones. En eso se monta y no hay poder humano que lo baje. Esa, para él, es la cifra final y le vale que haya conceptos que no esté considerando y que hacen que Veracruz esté al borde del colapso financiero.
 
Leía a un CHPT como Hilario Barcelata, maestrazo en economía. Un CHPT, como decía mi abuelo Felipe, un Chingón Pa’ Todo. E Hilario sostiene y documenta que la deuda pública es de 72 mil 933.3 millones, muy cerca de los 80 mil millones de los que habla el diputado panista Juan Bueno Torio.
 
Y déjenme que se las platique, así, como si fueran bolitas y palitos, como si estuviera cañón entenderle a la economía, como si fuéramos algo cerrados y nos tuvieran que llevar de la mano para captar cómo el asunto de los dineros nos va a dejar a todos sin obra, sin empleo, sin recursos, sin empresas, sin universidades, o con pensionados que no tienen cómo cobrar, o con empleados a los que se los va a llevar la madre porque tienen créditos que no van a poder pagar.
 
Las cifras a veces marean, pero cuando se presentan sin tanto rollo, cualquiera las entiende. Las de Hilario Barcelata están sencillas aunque al final asuste que los veracruzanos tengamos —sí, porque la tenemos todos— una deuda tan grande por pagar. Sí, todos, porque nos la van a cobrar con impuestos y contribuciones, que de quién sabe dónde vamos a sacar.
 
La deuda del gobierno de Veracruz con bancos y emisiones bursátiles es de 44 mil 470.8 millones, sin considerar pasivos laborales, pasivos de pensiones, laudos laborales, pagos por contratos para la prestación de servicios.
 
Tampoco están incluidos los adeudos a empresas contratistas, llámense constructores, proveedores o prestadores de servicios, a quienes según estimaciones les debe el gobierno de Javier Duarte más de 2 mil millones de pesos.
 
Tampoco considera los mil 800 millones de pesos que le debe a la Universidad Veracruzana, aunque la rectora Sara Ladrón de Guevara ya se echó para atrás.
 
Tampoco habla de la súper deuda con los medios de comunicación, que aseguran llega a los 2 mil millones de pesos.
 
Javier Duarte le debe a los de la tercera edad, a quienes los afilió al programa de pensión vitalicia pero desde noviembre de 2014 no les da un peso.
 
Trae a las vueltas a los estudiantes que se ganaron una beca por excelencia o por condición de económica precaria. Ni se diga los recursos para los becarios en el extranjero, a los que no les da nada y ya desesperados, porque no es lo mismo que te falten recursos aquí, en tu patria, con tu gente, que allá, donde nadie te echa un lazo y si quieres sobrevivir ponte a trabajar clandestino porque si te cachan, adiós visa.
 
A los 44 mil millones súmense los 7 mil millones que deben los municipios de Veracruz por contratación de créditos bancarios.
 
¿Y por qué hablar de esto? Porque la deuda ya se comió al gobernador. Se la pasa pidiendo préstamos para pagar los intereses de la deuda ya existente hasta que llegue el momento en que no le presten un centavo, así como le pasó a López Portillo y que nos llevó a una crisis de la que México no pudo salir en años.
 
El remolino ahí está. El barco, que es Veracruz, está siendo arrastrado hacia su interior. Cuando el gobierno se declare en insolvencia, dejará de haber obra pública; van cerrar muchas empresas contratistas; cerrarán muchas empresas que surten de materiales a los contratistas; se quedaran muchos sin empleo; cerrarán grandes tiendas y tiendas de abarrotes donde compraban los empleados de los contratistas; se frenará el transporte, pues muchos no podrán pagar un taxi y algunos ni siquiera el camión; muchos estudiantes dejarán de ir a la escuela porque su padre desempleado no podrá sufragar ni el pasaje ni los materiales que les piden en sus colegios; muchos empleados del gobierno estatal y de los ayuntamientos quedarán en la calle. Las empresas que incluso no trabajan con el gobierno, se verán afectados con la desaceleración económica.
 
Si el gobernador lo hace, quizá en 10 años se normalice todo. Si no, en cuestión de meses esto revienta.
 
Porfa. Explíquenselo con bolitas y palitos al gobernador. A ver si lo entiende.
 
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