Diputados, alcaldes, regidores y sólo Dios sabe quién más, pero todos acusados de delitos, desaforados o perseguidos, escondidos o amparados, y esto ya es un carnaval adelantado en el que lejos de hacer cumplir la ley, debieran ser los primeros en cumplirla.

La última es la del regidor de Coatza, Gersaín Hidalgo Cruz, un tipo polémico, líder de los empleados municipales y casi casi dueño del Partido Nueva Alianza, que le sirvió de plataforma para llegar al cabildo​.

Está acusado de causar daños con su vehículo, conducir en estado de ebriedad, llevarse en su loca carrera a una camioneta lujosa que se encontraba estacionada y negarse a pagar. Le giraron orden de aprehensión y no lo pudieron enjaular porque logró ampararse a tiempo.

No significa que sea inocente o que ya la libró. Significa que en el juicio de amparo se verá si se le están violando sus derechos, si la denuncia en su contra procede, si la orden de aprehensión está bien sustentada y si no, allá el dueño del otro carro porque nadie le va a pagar.

Pero si el amparo se le cae, o paga o se va a la cárcel, porque la orden de aprehensión se la van a hacer efectiva. 

El asunto tiene más de un año. Checando en la hemeroteca veo que el vehículo del regidor, una camioneta Chevrolet Pick Up, Silverado, de color arena, con placas XW-37092, se estrelló contra la camioneta Amarok, modelo 2011, y la dejó pa’l chatarrero.

El accidente ocurrió el 30 de octubre de 2014, sobre la calle Chiuhuahua, colonia Petrolera, en Coatza. A unos metros del lugar se encuentra la sede del sindicato de empleados municipales, del que Gersaín Hidalgo es secretario general.

El propietario de la Amarok, Abel de la Cruz Acosta, quien vive donde sucedió el percance, asegura que quien conducía era Gersaín Hidalgo, que andaba pedo y lo que le sigue, que de inmediato descendió del auto y como pudo se refugió en las oficinas del sindicato.

Gersaín Hidalgo desde un principio negó que él fuera conduciendo el vehículo. Es más, asegura que no sabe manejar vehículos y que por eso siempre trae chofer.

El asunto lo tendría que haber arreglado la aseguradora. Tránsito del Estado se declara incompetente y el asunto se fue al Ministerio Público. La aseguradora dice que los daños ascienden a 30 mil pesos, pero el dueño del vehículo afectado sostiene que es pérdida total.

Abel de la Cruz sostiene que el vehículo que provocó el accidente está a nombre de Gersaín Hidalgo y que en cambio la aseguradora tiene contrato para un vehículo del sindicato de empleados municipales.

Y aquí va mi reflexión: si el conductor responsable del accidente conducía en estado de ebriedad, la aseguradora tiene los argumentos para no inmiscuirse. Sin embargo, el único que sostiene que el regidor Gersaín Hidalgo conducía en estado de ebriedad es el dueño del carro siniestrado, Abel de la Cruz Acosta. Y hasta donde se sabe, no hay certificado médico que lo corrobore. Y sin esa prueba, no hay caso, como dicen los abogados en las películas.

Pero si la aseguradora tiene contrato para un vehículo de sindicato y no para el auto particular del regidor Gersaín Hidalgo, entonces es cómplice en el engaño.

Ahora bien, no se sabe en qué momento el caso se volvió penal. Si intervino la aseguradora y se niega a reconocer que es pérdida total, el asunto es civil. Además, el monto de los daños no lo establecen las partes afectadas sino los peritos de Tránsito y del Ministerio Público. Si es pérdida total, que la aseguradora apechugue; si son daños por 30 mil pesos, eso es lo que tendría que pagar. No hay más.

El caso es que Gersaín Hidalgo es el nuevo servidor público que enfrenta un conflicto legal. A él no tendrían que desaforarlo en el Congreso de Veracruz porque los regidores no tienen fuero. Si delinquen y las instituciones estiman que debe ser detenido, lo hacen y ya.

Está de moda perseguir y llevar a la cárcel a diputados, alcaldes y regidores, inhabilitar contralores, acusar a precandidatos, denunciar a jueces por robarse las fianzas de los procesados, sancionar a funcionarios que causaron daño al patrimonio del estado o de los municipios.

Ahí está el diputado Renato Tronco, desaforado y perseguido como autor intelectual del asesinato de quien fuera regidor del PAN, Alfredo Pérez Juárez.

Y el caso de Omar Cruz Reyes, alcalde de Medellín, también desaforado como presunto autor intelectual del crimen del periodista Moisés Sánchez Cerezo. Pero anda libre.

Y el de Roberto Pérez Moreno, alcalde de Coatepec, a quien también se le retiró el fuero por estar señalado del secuestro y asesinato del que fuera su tesorero municipal, Guillermo Pozos Rivera. Tampoco a Juanelo, como le apodan, le han aplicado la ley.

Pero a Gersaín Hidalgo sí se la van a hacer. Dicen los que saben que le espera la prisión.

(Comentarios y tips a: [email protected])