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La muerte, siempre la muerte. Llega 2016 y otra vez lo sombrío, la violencia que no era nuestra pero ahora lo es. Tres ejecutados en las primeras horas del nuevo año y la evocación que nos duele a todos los infiltrados en el periodismo: el crimen de Moisés Sánchez Cerezo, un año después, un año sin justicia, un año de impunidad.

Primero lo primero. Primero el hallazgo de un cuerpo en un lugar solitario, que prende de nuevo los focos de alerta en el sur de Veracruz. Se trata de una mujer joven, hallada en una bolsa de plástico negra, cerca de Minatitlán.

El cadáver fue encontrado el 2 de enero, a la altura del Motel California, en la colonia Azteca, a 40 metros de la gasolinera de Las Matas. Presentaba múltiples golpes y según los informes preliminares la mujer había sido violada y estrangulada.

Presuntamente, la fémina contaba entre 28 y 30 años, fue ultimada en otro sitio y posteriormente se le subió a un vehículo para después ser arrojada la bolsa que contenía el cuerpo en el paraje donde fue vista y levantado el cadáver una vez que las autoridades cumplieron con los requisitos de ley.

Ese fue el segundo feminicidio del año. El primero ocurrió en Maltrata, al centro de la entidad veracruzana, el primer día del año, al ser hallada una joven de 16 años de edad, estudiante, quien había sido declarada desaparecida días antes.

Alarman las cifras. Veracruz se situó en 2015 como la tercera entidad con mayor número de feminicidios a nivel nacional, sólo por debajo del estado de México y el Distrito Federal. Pese a ello, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se niega a decretar la alerta de género, justificándose en que la mayor parte de los casos son resueltos.

Pero el caso es que las mujeres mueren. Son asesinadas, yo qué sé si por andar de locas, de malosas, secuestradas por el novio, o porque fueron testigos de algo ultradelicado.

El otro caso ocurrió en Coatzacoalcos, este día 2 de enero. Le dieron cran a un taxista en la colonia Rancho Alegre Dos. Fueron por él hasta su casa y ahí lo ejecutaron.

Se llamaba Mauricio Mendoza Olguín, de 26 años de edad, quien vivía en la calle Laureles 21-B esquina Palmas. Acababa de llegar a su domicilio cuando varios sujetos irrumpieron en él y le quitaron la vida.

Tenía un negro antecedente al haber sido detenido el 2012, en ciudad Isla, por elementos de la Secretaría de Marina, quienes le hallaron en un taxi de aquel municipio 300 dosis de cocaína en polvo, 100 dosis de cocaína en piedra o crack y 465 gramos de marihuana.

Se le procesó pero tiempo después recuperó su libertad, como siempre ocurre, como si la norma fuera que a los malosos hay que ponerlos en libertad.

Tres casos de ejecuciones que revelan qué tan podrido anda Veracruz.

El otro caso es el de Moisés Sanchez Cerezo, el periodista de Medellín de Bravo, levantado hace un año, el 2 de enero de 2015, asesinado al día siguiente y hallado casi tres semanas después en el municipio de Manlio Fabio Altamirano.

Moisés dirigía el semanario La Unión y realizaba activismo social, organizando a las guardias comunitarias pues la policía no podía con el crimen organizado, que cada vez iba acrecentando su poderío en aquel municipio, conurbado a Veracruz, y generando cada vez mayor inseguridad.

Moisés Sánchez además era taxista, lo que le permitía conocer el sentir de la sociedad, no sólo de los medellinenses sino de toda la región, ya que a menudo realizaba servicio en auto a diferentes lugares.

Por esa condición de taxista lo descalificó el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Dijo, así, chidamente, que no era periodista con la intención de desentenderse del caso.

Estaba en calidad de desaparecido y no se veía que la Fiscalía de Veracruz hiciera nada por dar con su paradero, pero la presión de la prensa y la repercusión que el caso tuvo a nivel nacional y en el extranjero, obligó a que se reconociera que su cuerpo había aparecido, que tenía varias semanas muerto y que se sumaba a lista de periodistas asesinados durante el gobierno de Javier Duarte.

Ha pasado un año. La familia de Moisés Sánchez y sus compañeros periodistas reclaman justicia. El gobernador dice que ya esclareció el crimen, que hay un ex policía detenido y confeso, el cual sostiene que el asesinato fue ordenado por el alcalde Omar Cruz Reyes, a quien desaforó el Congreso estatal pero hasta la fecha no ha sido aprehendido.

Fuera de esa versión, el gobierno de Veracruz no tiene nada. El caso es endeble. Otro de los detenidos, el policía escolta del edil, ganó un amparo y tuvo que ser liberado por falta de elementos para procesarlo. Él era el único vínculo hacia el alcalde y si el fiscal no logra revocar el amparo, ya no habrá agarradera jurídica para esclarecer el crimen.

O sea, un Veracruz inmerso en la violencia y con una total impunidad. Gacho.

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