​Iba a pasar. Suena como aquello de “se los dije”, pero iba a pasar. Porque se veía venir, se percibía, se olía que las cuentas del alcalde de Agua Dulce, Daniel Martínez, no iban a cuadrar, que las obras no se habían ejecutado pero ya las había pagado y que terminaría enfrentando una bronca por daño patrimonial.

Hoy es la comidilla. En todo el sur quizá es al que peor le va y en círculos políticos se comenta que el ayuntamiento es un desastre, que a cual más le tira su zarpazo al billete y que quiso engañar al Órgano de Fiscalización Superior reportando obras realizadas que nunca se hicieron.

ORFIS apenas atacó el ejercicio 2014 y ya hay indicios de corrupción. Nada que no supieran los hidrómilos, pero ahora es oficial.

Dice el reporte de ORFIS que el alcalde no solventa depósitos en cuentas bancarias, que intenta hacerlo con procedimientos irregulares, que le pasa dinero al DIF pero sin sujetarse a los procedimientos legales, que le suelta 150 mil pesos a cuenta de salario a un regidor del PRD, que algunas obras fueron reportadas como ya ejecutadas y pagadas pero no se hicieron o están a medias.

ORFIS establece que el presunto daño patrimonial asciende a 11 millones de pesos por erogaciones que no pudo justificar por casi dos millones; pago al sindicato de empleados municipales; viáticos, seguros de vida, gastos funerarios; 150 mil pesos de pago de nómina, y un supuesto convenio de publicidad con un medio de comunicación por 132 mil pesos.

Hay una obra de pavimentación, con costo de dos millones y medio de pesos, que se realizó en la colonia Insurgentes, pero que carece de documentación que la solvente. También se refiere el informe de ORFIS a la red eléctrica en la colonia Ampliación Emiliano Zapata, en la que supuestamente se invirtieron 800 mil pesos, pero presenta errores graves como el hecho de que el proyecto ejecutivo carece de factibilidad y no lo haya validado la CFE, y además se carece de acta de entrega-recepción a la dependencia federal.

Otras obras ni siquiera se sabe dónde fueron ejecutadas, como algunas pavimentaciones y guarniciones, lo que hace imposible que se les pueda realizar una auditoría física.

Hay daño patrimonial por conceptos no realizados, pero reportados como ya ejecutados, del orden de 203 mil pesos, así como el drenaje sanitario de la calle Chetumal, en la colonia 1005, en la que se pagaron casi 600 mil pesos. 

ORFIS señaló que se pagaron volúmenes que no se realizaron como el tendido de cama de arena, colocación de tubería ADS de 36 pulgadas, plantilla y apostillado, relleno de cepas, acarreos de material y construcción de pozos de visita.

Lo que no tiene nombre, ni madre, ni abuela, es el asunto de los pagos anticipados de salarios. No hay para darle servicios al pueblo ni para cumplir con proveedores y constructores, pero qué tal para llenarse las alforjas de dinero.

Yo no sé qué se trae el alcalde Daniel Martínez con el regidor perredista Jesús Martínez Monroy, si son cuates, si son cómplices, si tienen su secretito, pero cómo le suelta lana el presidente municipal al representante del PRD  en el ayuntamiento.

ORFIS detectó dos casos que llaman la atención. En la operación 379, aparece un anticipo de salario por 100 mil pesos. En la operación 1486 otro por 50 mil pesos más.

El informe refiere que a la directora del DIF, Olga Chiñas Jacobo, le transfirió 400 mil pesos bajo el concepto “en apoyo del DIF”.

El caso de la congregación El Muelle también está perro. Ahí se amplió la red de drenaje pero no es funcional. El alcalde la dio por concluida pero de ser puesta en funcionamiento incurriría en daño ambiental, pues carece de planta de tratamiento de aguas residuales.

En un verdadero desastre. Se supone que por disposición federal las obras que provienen de las participaciones que entrega la Federación deben ser primordialmente para combate a la pobreza, pero el alcalde de Agua Dulce hace lo que le viene en gana. El bulevar que comunica a la zona de playas, que es un tramo pinchurriento, lo realizó con esos recursos, violando la ley.

En el informe de ORFIS no aparece esa anomalía, lo que lleva a pensar que las irregularidades son mayores, pero que alguien con poder, por ejemplo el diputado Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, le pudo haber echado la mano a Daniel Martínez. ¿O no mi alcalde?

Eso es lo tocante a 2014. Falta lo de 2015, que seguro será peor. El pueblo esperando que el alcalde haga algo y el alcalde llenándose los bolsillos, dándole a los zánganos de palacio, realizando obras a medias y reportándolas como terminadas. 

Son 11 millones de pesos que tendrá que justificar o devolverlos. Y si no, al tambo.

Suena petulante la frasecita pero ni modo, hay que decirla. Porque se veía venir, se percibía, se olía. ¡Se los dije!

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