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¿Saben qué? La corrupción no tiene remedio. Y eso lo tienen muy claro los políticos a quienes año con año les resultan observaciones de los órganos fiscalizadores —Auditoría Superior de la Federación y Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz— y nada les ocurre.

Ya nos dice la ASF que Veracruz es un caso perdido, que el desvío de recursos está cañón, que el gobernador Javier Duarte de Ochoa es un delincuente de siete suelas, que debiera parar en la cárcel, que año con año falsea documentación con la que intenta justificar en qué se aplican los millones de pesos que le envía el gobierno Federal. ¿Y qué ocurre? Nada.

El ORFIS es la tapadera del gobernador. Eso sí, con los municipios es inflexible e implacable. Los trae a raya y les finca responsabilidades a los alcaldes, sobre todo a los de oposición, y cuando puede los denuncia y los lleva a prisión.

Pero el balance es negativo. La corrupción sigue.

La ASF y el ORFIS sirven para dos cosas: para nada y para lo mismo. Auditan, investigan, hallan porquería, la documentan, realizan sus informes, emiten sus dictámenes, comienzan a anunciar que esta vez sí va en serio la cosa y sueltan su pergamino de “inconsistencias”. Wow. La Liga de la Justicia está aquí.

Pero es “blof”. Rara vez sancionan y cuando proceden legalmente es para llevarse a los peces chicos y no a los que orquestan, ordenan y ejecutan el robo al dinero de los mexicanos.

Ahí está el caso Veracruz. Que dice el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, que Javier Duarte debiera parar en la cárcel por los miles de millones de pesos que año con año se roba. Y presenta 34 denuncias contra quien resulte responsable, que obviamente son Javier Duarte, sus secretarios de despacho involucrados y los operadores financieros de esos recursos de origen federal.

¿Y qué hace la Procuraduría General de la República? Retarda la revisión de los expedientes, no dictamina, da largas al caso, desecha evidencia y al final se declara incompetente.

Lo de menos sería que se declara incompetente y que el caso siguiera en el ámbito federal puesto que se trata de malversación de recursos otorgados por la Federación a Veracruz.

Pero no. Lo que hace la PGR es remitir el caso a la Fiscalía General de Veracruz, que es donde se encubren todas y cada una de la fechorías de Javier Duarte y su gente.

Y ahí se acaba el encanto. Lo que podía ser una instancia para no robarse el dinero que emana del pueblo, termina siendo un procedimiento administrativo que le permite al gobernador robar a manos llenas y reírse de la ley.

Es lo que ocurrió con esas 34 denuncias presentadas por la ASF. Las remitieron a la Fiscalía y ahí el nunca bien ponderado Luis Ángel Bravo Contreras determinó que no había elementos para ejercer acción penal. Y cómo no, si el fiscal es parte de la banda del gobernador.

Cuando uno escucha al auditor general de la Federación, Juan Manuel Portal, decir cómo disponía Javier Duarte de los recursos del gobierno federal, cómo era incapaz de solventar las observaciones y cómo trampeaba para no devolver el dinero, lo menos que ocurre es que uno se encabrona.

Duarte depositaba el dinero que debía reembolsar a la Federación en una cuenta bancaria. Comunicaba que la operación ya estaba concluida y enviaba el baucher para que quedara constancia de que el dinero estaba ahí. Pero cuando la Auditoría Superior de la Federación pretendía verificar que esos fondos fueran reales, el dinero ya había sido retirado. Eso lo cuenta el auditor y por eso dice que Javier Duarte debiera estar en la cárcel.

Las cifras de la ASF son desalentadoras. Desde 1998, algo así como 18 años, ha interpuesto 664 denuncias penales. Sólo 607 han sido resueltas. De la cuenta pública 2014, faltan 105, que por supuesto habrán de ser desahogadas allá por el año 2080.

Con el ORFIS es semejante pero a otra escala. Ahí no hay nada que observarle al gobernador, puesto que el auditor superior es su recomendado y empleado. Pero se va contra los municipios, persigue alcaldes de oposición o priistas contra los que hay consigna y los revienta. Así hayan pasado dos o tres años de concluida su gestión, los persigue y los encarcela.

¿Sirve de algo que se jacten los gobiernos que hay una lucha permanente contra la corrupción? No. Sólo es un alarde que al final deja un mal sabor de boca. Es alharaca pura. Se realizan observaciones y hay amenaza de denuncia y de cárcel contra quienes manejan los fondos públicos. Y al final, nada.

Auditoría Superior de la Federación y ORFIS sirven para un carajo. Sólo son entes de gobierno, costosos y burocratizados, de los que se burla la clase política, sabedora que nunca se va a proceder contra quienes roban el dinero del pueblo.

Es la corrupción de México. Y así seguirá por los siglos de los siglos…

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