​De por sí, robar es malo. Más condenable es que lo hagan usando a los pobres, valiéndose de ellos, de su necesidad, de sus firmas, de su identidad y disponiendo de cientos de millones que proceden del erario público. Eso es lo que hizo Javier Duarte y su grupo delictivo.

Qué escándalo el fraude de los 650 millones de pesos, perpetrado por el gobernador de Veracruz y sus cuates, usando empresas fantasmas con domicilios en barrios pobres, cuyos dueños no tenían idea de lo que hacían en su nombre. Si todo fuera verdad y esos pobres fueran los dueños de las empresas, tendrían cuentas bancarias abultadas y asegurado el porvenir.

El asunto se concreta en 21 empresas, ubicadas principalmente en el puerto de Veracruz y Xalapa. Dos de ellas se crearon meses antes que Javier Duarte se convirtiera en gobernador y las otras 19 en los primeros años de su administración.

Este escándalo lo destapó el portal periodístico Animal Político, mediante una investigación que le llevó meses y que revela las maniobras realizadas por el grupo duartista para hacerse de más de 650 millones de pesos a través de asignaciones de contratos, la mayoría en forma directa, sin licitación pública, valiéndose de la ayuda social que se les ofrece a los grupos marginados y pobres.

Los pobres se acaban de enterar que son dueños de empresas que recibieron una millonada en contratos otorgados por el gobierno de Javier Duarte, que están incorporados al Sistema de Administración Tributaria y que alguien muy picudo se quedó con la lana.

Algunas de esas empresas tienen su domicilio social en terrenos baldíos, casas de muy bajo nivel económico, panaderías, fondas, talleres.

Los propietarios de las empresas fantasmas son personas pobres. Algunos de ellos se han enterado que forman parte de los consejos de administración de esas empresas y que incluso sus nombres aparecen en dos o más, cobrando los recursos por supuestos servicios o suministro de productos al gobierno de Veracruz.

Algunos de ellos también se acaban de enterar de que dos o tres de las empresas en que aparecen como socios compitieron entre sí para ganar una licitación.

Algunos de ellos aseguran que les han llegado a sus domicilios documentos de dependencias de gobierno notificándoles del estado bancario, el préstamo hipotecario solicitado y otorgado,  o del crédito que les concedió el gobierno de Javier Duarte. Pero ellos ni en cuenta, ni enterados siquiera.

Es una lana. Son más de 650 millones de pesos que esas personas en condiciones de pobreza no han tenido en sus manos, de los que no tenían idea que existieran, pero que los políticos cobraron en un evidente caso de corrupción.

Animal Político obtuvo los contratos otorgados por el gobierno de Veracruz mediante una solicitud de información al portal de transparencia. A partir de ahí ubicó los domicilios y se percató que todo era un engaño.

En cinco años de gobierno, como si se tratara de un robo hormiga, el gobierno de Javier Duarte realizó estas operaciones, pagando por supuestos servicios o productos a esas empresas fantasmas.

El escándalo es que se hayan usado las firmas de los beneficiarios de programas sociales para dar de alta empresas, constituirlas con los miembros de una sola familia, y para continuar con los trámites les hayan hecho burdas imitaciones de esas firmas para liberar los cheque de pago o las transferencias bancarias.

La condena popular va creciendo. De por sí indigna que la pobreza sea usada como un arma electoral, que a los pobres se les utilice para que voten por un candidato, y encima de eso se les falsifica una firma para poder cobrar el monto de esos contratos.

Esto es un fraude y hasta ahora sólo se refiere a 21 empresas fantasmas a las que se les asignaron más de 70 contratos. Lo que se sabe es que hay muchísimas empresas más involucradas, cobrando cientos o miles de millones de pesos, pero sobre todo usando la identidad de la gente pobre para perpetrar la fechoría.

Difícilmente rodarán cabezas por este atraco, pero queda en evidencia Javier Duarte, su deshonestidad, la deshonestidad del PRI y de los priistas, que son capaces de robarse el dinero de las arcas de diversas formas, aprovechándose de la gente a la que dice gobernar.

Ojalá sirva este escándalo para que quienes aún dudan entre votar o no votar, se decidan; si lo harán por el PRI o por la oposición, si le darán su respaldo a Héctor Yunes creyendo que es diferente a Javier Duarte o si se lo negarán convencidas de que el candidato del PRI es más de lo mismo y que su misión es llegar a tapar todo este mundo de corrupción.

Qué deplorable es que para enriquecerse se use a los pobres, su identidad, su nombre, sus firmas y su buena fe. Muchos fueron por una ayuda de un programa social y sus datos sirvieron para crear las empresas fantasmas con las que Javier Duarte y su gente se robaron los 650 millones de pesos.

Es hora de cambiar.

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