* Caso Capoacán: golpe a sus enemigos  * Minatitlán: usar la ley para limpiar el camino a la alcaldía  * Denuncia Duarte a Yunes por enriquecimiento  * Alí Babá y los 40 ladrones en la Fiscalía  * “La verdad os hará presos”, responde Yunes azul  * CEAPP debe desaparecer  * Su misión no fue proteger periodistas

Dispara Saúl Wade y se da en un pie. Explosiva, la denuncia por el puente Capoacán, la transa millonaria de Lu-pilla Porras, es una bomba que amenaza estallar en el seno del sindicato petrolero, en el feudo de su padre, Jorge Wade, en el nido de corrupción que es la Sección 10.

Ahí se fraguó la omisión y el silencio que hoy va camino a los tribunales, la complicidad con Guadalupe Porras David en sus días en la alcaldía de Minatitlán y en el trienio que le sucedió, para mantener intocada a la operadora del fidelismo en el sur. Un acuerdo entre Fidel Herrera y el viejo Wade.

Intocable, también, Noé Hernández, síndico municipal cuyo mano no suscribió decenas de cheques, no avaló cuentas públicas, no aprobó estados financieros de los que sólo tenían conocimiento Lu-pilla Porras, su tesorera y el equipo financiero.

Nada hizo Noé Hernández y se fue a la diputación federal pese a tener el pulso del saqueo y la corrupción, la simulación financiera que permitiera a la alcaldesa disponer de los haberes del erario y darle destino incierto, presumiblemente sus cuentas y las de padrino político.

Noé Hernández, petrolero, potencial candidato a la alcaldía de Minatitlán, tiene un problema legal mayor. De proceder la denuncia, reventará en el poder de la Sección 10.

Otro petrolero está en la mira del tesorero Saúl Wade León, hijo de la reina de los casinos y de un vetusto cacique sindical: Leopoldo Torres Hernández, alcalde que sucediera en el cargo a Lu-pilla Porras David.

Fue Leopoldo Torres quien determinó que la construcción del puente Capoacán era inviable, su decisión avalada por Jorge Wade, en el supuesto de que un día, cuando Guadalupe Porras pretendiera regresar o imponer a su descendencia en la alcaldía, el caso podría revivir.

Hoy Leopoldo Torres, los ex síndicos Noé Hernández y Nicolás Ruiz Rosset, la misma Lu-pilla Porras, enfrentan una denuncia por daño patrimonial.

Resume la denuncia el acto de corrupción mayúsculo. Dispuso Lu-pilla Porras del erario, de un crédito de Banobras por 30 millones de pesos y otros 18 millones de recursos aportados por Petróleos Mexicanos que serían aplicados en la construcción del puente Capoacán, que uniría Minatitlán con la isla de Capoacán.

De los 48 millones de pesos no quedó prácticamente nada. Determinó un pago de 46 millones 667 mil pesos a la empresa Secort, compañía que a trasmano pertenece a su yerno o Marco Cesar Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”—, entonces secretario de Comunicaciones del gobierno fidelista y más tarde alcalde de Coatzacoalcos.

Consta el caso en la carpeta de investigación número 55/2013, en contra de la expresidenta municipal de Minatitlán, Guadalupe Porras David.

Así lo plantea el periódico Notisur:

“La indagatoria está a cargo de Juliana del Moral Amador, fiscal cuarta adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Criminales de la FGE, y el hecho que podría ser constitutivo de delito es respecto al Contrato de Obra Pública número CO-PUENTE/CAPOACÁN-001/10 relativo a la ‘construcción del puente Capoacán con una longitud de 600 metros lineales en el municipio de Minatitlán’.

“Para efectos del proceso, tal funcionaria remitió desde el 17 de mayo de este año un oficio al representante legal del Ayuntamiento de Minatitlán –el síndico único Martín Gracia Vázquez- para comparecencias en el curso de las investigaciones.

“También revela ese documento que la indagatoria se inició con base en la denuncia interpuesta por Óscar Ocampo Acosta, director general de Asuntos Jurídicos y representante legal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), un ente supuestamente autónomo pero que en su momento no fiscalizó la obra de mayor volumen y costo del Ayuntamiento de Minatitlán, como lo dicta la normatividad.

“Trascendió también que las investigaciones por la constitución del probable delito de daño patrimonial al erario público del municipio de Minatitlán también incluye al ex presidente municipal Leopoldo Torres García, por omisión en el ejercicio de un deber legal, así como a los respectivos síndicos en las administraciones de Guadalupe Porras David, quien fue Noé Hernández González, y de Leopoldo Torres García, que fue Nicolás Ruiz Rosset, porque convalidaron las acciones irregulares y probablemente delictivas.

“Hasta donde ha trascendido de autoridades de la Fiscalía General del Estado y de autoridades municipales de Minatitlán, como el síndico único Martín Gracia Vázquez, mediante una oscura e irregular licitación, una empresa constructora obtuvo el contrato de esa obra del puente Capoacán y como pago inicial recibió del Ayuntamiento la cantidad de 46 millones de pesos 667 mil 229 pesos, pero una auditoría a la obra reveló que sólo se avanzó 5 por ciento, es decir, sólo se plantaron pilotes de lo que sería el puente y la constructora sólo amortizó 2 millones 89 mil pesos.

“Estas operaciones fueron autorizadas en su momento por la ex presidenta municipal Guadalupe Porras David, con el aval del síndico Noé Hernández González, pero en las investigaciones del ORFIS y la FGE también se contemplan al sucesor de Porras David, Leopoldo Torres García, así como a su síndico, Nicolás Ruiz Rosset, porque no emprendieron acción jurídica alguna sobre este caso y habrían cometido omisión de una acción legal y otros probables delitos.

“Recientemente, el síndico único del Ayuntamiento de Minatitlán, Martín Gracia Vázquez, compareció ante la Fiscalía Cuarta adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Criminales de la FGE, para formalizar la denuncia respectiva por daño patrimonial en contra de quienes resulten responsables, por acción u omisión.

“Lo que exigió el Síndico Único, en su calidad de Apoderado ó Representante Legal del Ayuntamiento de Minatitlán es que investigue a fondo este caso, que se castigue a los responsables y se repare el daño al erario público de este municipio.

“El colmo de las irregularidades en este caso es que para otorgar el pago inicial a la compañía constructora (46 millones 667 mil pesos), el Gobierno Municipal entonces presidido por Guadalupe Porras David obtuvo un préstamo de Banobras por 30 millones de pesos y dispuso de 18 millones de pesos donados por Petróleos Mexicanos al Ayuntamiento de Minatitlán.

“Posteriormente, el Cabildo que siguió al presidido por Guadalupe Porras consideró que el proyecto del puente Capoacán era inviable, pero no ejerció el procedimiento legal correspondiente, una omisión que podría hacer corresponsable del daño patrimonial al ex alcalde Leopoldo Torres García y a su síndico Nicolás Ruiz Rosset, por convalidar un probable delito contra el erario público de Minatitlán”.

Atiza el caso Saúl Wade. Así barre el camino a la alcaldía de Minatitlán. Deja fuera a Guadalupe Porras, a su hijo Ciro y al ex síndico Nicolás Ruiz Rosset.

Certero, el disparo da, sin embargo, en el pie del alcalde real de Minatitlán. Aquel silencio, aquella omisión, se fraguó en la Sección 10, en el seno del sindicato petrolero, por acuerdo con Fidel Herrera, protegiendo a Lu-pilla Porras.

Sólo Ruiz Rosset se opuso. Integró el expediente, recabó firmas y cuando debía proceder legalmente, Wade y Leopoldo Torres dieron marcha atrás.

Archivo muerto

“La verdad os hará presos”, responde en bíblico Yunes azul a Javier Duarte. Denuncia el gobernador saliente a su futuro sucesor por enriquecimiento ilícito, en algo así como la puesta en escena de “El ladrón soy yo pero embarro a los demás”. Qué vodevil del gordobés. Alí Babá y sus 40 ladrones visitaron la Fiscalía General de Veracruz. Javier Duarte, acompañado de la runfla legislativa, diputados federales y locales, Carvallo y Erick Lagos, Mota y Tarek, Spinoso y Kuri, los súbditos del gabinete, Flavino, Pelegrín, Yolanda Gutiérrez, Xóchitl y Harry El Sucio, Deantes y Bermúdez el de las 20 empresas, Garrido y Marcela Aguilera, la rémora Callejas, Chiunti y Tonatiuh. Juntos acumulan más de mil años en sentencias si se les aplica la ley y todavía lo secundan en su treta de pedir justicia. Acusa el desgobernador que él sí tiene pruebas de que Miguel Ángel Yunes Linares se ha enriquecido. Y dice que lo va a demostrar. “La verdad nos hará libres”, recetaba días antes don Javier con ese aire sacramental que hasta San Pablo le tendría envidia… “La verdad os hará presos”, le dice con mofa Yunes Linares. Resume su respuesta a la denuncia penal en su contra por enriquecimiento ilícito, la nueva patraña del gobernador de Veracruz, en tres líneas: “La denuncia que presentó Duarte tiene tanto sustento como su declaración de bienes”, No podrá impedir el cambio ni evadir la acción de la justicia”, y “La verdad os hará presos”… Días contados en la CEAPP. Aplaudidora y cómplice, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas sólo sirve al régimen duartista que se extingue. Para eso fue creada. Salvo el comisionado Jorge Morales Vázquez, los demás, periodistas y burócratas, sólo son rémoras del patético Javier Duarte. Matan periodistas, agreden y hostigan a comunicadores, amenazan y siembran pánico los esbirros del gobernador, y no ha habido un sólo pronunciamiento categórico, una condena, un ya basta hacia el duartismo. Para eso están ahí, a costa del erario público, percibiendo un salario inmerecido, convertidos en indignos simuladores que auspician cursos de autoprotección, talleres de redacción, conferencias y más circo, que en nada alivian el ambiente de hostilidad hacia el gremio. Si tuvieran medio gramo de vergüenza, la renuncia sería en masa. Pero es mucho pedir. No conocen la dignidad. Debe extinguirse la CEAPP y dar paso a un organismo autónomo, crítico, que exija garantías de seguridad al gobierno de Veracruz y a la Federación, integrado por periodistas, no por periodistas proclives al poder, serviles a los mecenas. Se requiere una CEAPP con peso moral para generar condiciones de seguridad, que proteja en serio, que acompañe y vigile a la autoridad en la preservación de la integridad de los periodistas. Salvo Jorge Morales, en la CEAPP actual todo está podrido. Benita González y achichincles debieran devolver lo cobrado por sus exiguos resultados…

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