Como dice el dicho, el hilo se revienta por lo más delgado y ese pareciera ser Miguel Ángel Lendechy Ochoa, al que ya le auguran una temporada en prisión.

Tras él anda la Auditoría Superior de la Federación porque nomás no cuadran las cuentas entre lo que dice que invirtió proveniente de recursos federales y lo que hay físicamente en obra pública.

El asuntillo ronda los 13 millones de pesos y el aprendiz de ratón, como su mentor y jefe, mejor no aparece.

Lendechy Ochoa fue el presidente del Concejo Municipal de Las Choapas, en los primeros meses de 2014, luego que la elección constitucional fuera anulada por el cúmulo de irregularidades, el conteo arbitrario de votos y la evidencia de fraude electoral.

Al no poder imponer a su hermano Miguel Ángel en la alcaldía, con todo y el aparato de poder de su lado, teniendo al PRI en su mano, Renato Tronco logró imponer a Lendechy con dos misiones: cuidar que las raterías no se fueran a convertir en un problema legal y operar para que el Ratón Miguelito llegara a la presidencia municipal.

La elección se vino abajo cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que debía ser anulada. 

Entonces Renato entendió que su buena estrella, la que lo acompañó a lo largo del sexenio fiel y los primeros años del duartismo, comenzaba a declinar.

Lo que le quedó fue maniobrar para que el Concejo Municipal estuviera a su servicio. Y así fue como uno de sus incondicionales, Miguel Ángel Lendechy, gobernó por seis meses con el mismo estilo, con la misma ambición, con las mismas torpezas que distinguieron al Ratón Vaquero.

La bronca que enfrenta hoy es de dinero y no son unos centavos. La bronca es de 13 millones 266 mil 891 pesos.

El delito al que se puede enfrentar Lendechy es probable daño patrimonial o perjuicio a la Hacienda Pública Federal. O sea, al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Leo la nota de mi compañera Janeth Cardona e intuyo que este pollito ya comenzó a rostizarse.

Relata que la contralora municipal, Samanta Terán Jiménez, revela que los auditores llegaron a Las Choapas desde el mes de enero. 

Venían con la finalidad de constatar que los recursos federales invertidos, o supuestamente invertidos, correspondieran con lo que dicen que se pagó por determinadas obras públicas.

Y ahí hallaron un pequeño problema. El Concejo Municipal que presidió Lendechy se cuidó de dejar evidencia. El gobierno de Marco Antonio Estrada Montiel no encontró la documentación porque su antecesor, el tronquista Lendechy, se dio a la tarea de ocultar los expedientes que pudieran incriminarlos.

Los auditores fueron entonces a revisar las obras, tomaron datos, realizaron un trabajo técnico y se llevaron la información de las observaciones detectadas.

Ahora la ASF va tras Lendechy. Ordenó que fuera notificado, junto con otros integrantes del Concejo Municipal de Las Choapas. Ellos son: Guadalupe Francisco Mendoza, Jorge Luis Ramos Sosa, Lucas Gálvez Aguilar y Gustavo Alarcón.

La finalidad es que entreguen documentación que solvente las observaciones y que justifiquen los recursos federales invertidos, provenientes de Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

El plazo que les da la ASF es de no menos de 10 días y no más de 15, después de recibir la notificación, para presentarse ante la contraloría interna del ayuntamiento choapense y solventar el posible daño o perjuicio. Si no lo hacen se enviará el reporte a la ASF.

Lendechy y los señalados tienen responsabilidad en el manejo de esos recursos de origen federal y su problema es por la falta de documentación comprobatoria y la forma en que transferían el dinero a diversas cuentas bancarias sin el debido respaldo.

Deben demostrar que los recursos llegaron a los beneficiarios o exhibir documentación comprobatoria de la compra de materiales para la construcción de obras.

Corresponde a la ASF determinar si Lendechy y socios merecen una sanción económica o si serán denunciados ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

El problema para Lendechy Ratón es que lo invertido corresponda a lo que se ve físicamente y que no haya aplicación de recursos para fines distintos a lo que marca la ley.

Ese no es el único problema que enfrenta Lendechy. Está la observación que le hiciera el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz en el sentido de que hay un millón de pesos que no pudo solventar y que a la fecha no han sido reintegrados.

El apriete de tuercas viene desde arriba. Primero fue el ORFIs y ahora la Auditoría Superior de la Federación. En total suman 14 millones de pesos y si se determina daño patrimonial podrían ir a dar a la cárcel.

Lendechy anda desaparecido. En eso se parece a Renato Tronco. Muy gritones, muy retadores y cuando se les viene la maquinaria de poder encima, huyen y ni con GPS los pueden localizar.

Por eso les digo que alguien huele a cárcel y es Lendechy.

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