​De los muertos, hablemos bien. Y si no, hagámoslo con prudencia. 

Les digo porque vaya lío que se le ha armado al fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, por decir que los sacerdotes levantados en Poza Rica y asesinados en Papantla se habían echado sus tragos con los tipos que a la postre les quitaron la vida.

Puede que haya sido así, pero hay que tener tacto. Y más cuando de los que habla eran sacerdotes católicos, que representan a una buena parte de quienes profesan esa religión y que son mayoría en Veracruz.

Al fiscal le suele ganar el protagonismo y eso lo lleva a cometer imprudencias que rayan en la crudeza de sus palabras y en su indiferencia cuando lastima a los demás.

Bravo Contreras siempre se escuda en que la ley está de su lado, que la verdad le pertenece, que es más infalible que el Papa y que no hay caso que no pueda resolver porque para eso nació y para eso llegó a ser fiscal.

Sólo que esta vez la cajeteó gacho. Todavía resonaban los reclamos por el asesinato de los dos sacerdotes cuando el fiscal del duartismo se le ocurre decir que ahí pasaron de la pachanga a los golpes y después al asesinato.

La versión de Fiscalía de Veracruz es que los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez Suárez y José Alfredo Suárez de la Cruz estuvieron conviviendo con nueve individuos, a los que conocían perfectamente, la noche del domingo 18. 

Bebieron alcohol durante un rato. Después, por razones que no ha revelado, la reunión cayó en discusión y la violencia se salió de control, concluyendo en que los dos sacerdotes y un sacristán que servía en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, fueron sacados del lugar.

En el trayecto, el sacristán logró saltar del vehículo y eso le salvó la vida. A los sacerdotes se los llevaron con rumbo desconocido, temiéndose por su suerte. Al día siguiente se supo el terrible desenlace.

Los cuerpos de los curas fueron arrojados en un lugar llamado “La Curva del Diablo”, en el municipio de Papantla. Los encontraron amarrados y presentaban golpes en el cuerpo y disparos de arma de fuego. Se les aprecia el tiro de gracia.

Y es ahí donde entra en escena el fiscal Luis Ángel Bravo, que en cuestión de un día armó un telenovelón poca ma que lo tiene al borde de la excomunión dictada la jerarquía eclesiástica, con boleto seguro al infierno.

Bravo Contreras quiso dejar muy en claro que ese hecho no tiene participación el crimen organizado, casi casi como si su función fuera disipar cualquier sospecha sobre la gente que se ha dedicado en los últimos años a provocar la mayor ola de violencia que haya enfrentado Veracruz.

Y casi casi, también, el fiscal hizo responsables de su muerte a los dos sacerdotes porque tanto Alejo Nabor como José Alfredo, dice la versión oficial, tuvieron la mala ocurrencia de echarse sus tequilazos con unos tipos tan de mala calaña que convirtieron la hora alegre en un ataque criminal.

La declaración de Luis Ángel Bravo fue explosiva. Lo tundieron desde diferentes frentes en la iglesia católica y se le fue encima un considerable número de feligreses que sintieron que la imprudencia rebasó los límites de lo tolerable.

No me aparto de considerar que los sacerdotes pudieron haber tenido alguna convivencia con amigos o conocidos. El hecho es común y a nadie espanta que de vez en cuando los curas se echen su cuba o su jaibol. Hay sacerdotes que fuman y toman y eso no necesariamente los hace pecadores.

Pero la premura con que trató el caso el fiscal y su evidente empeño por desvirtuar que los sacerdotes habían asesinados por el crimen organizado, lo llevó a plantear mal el móvil del doble crimen y el papel que jugaron ahí los curas.

Bravo Contreras fue claro al decir que los sacerdotes convivieron con los asesinos. Corrió el alcohol, se produjo una discusión, les robaron dinero y se llevaron dos vehículos. Fueron plagiados y horas después estarían muertos.

El tono y la forma no fueron los adecuados. Les provocó un agravio profundo al grado de decir que ahí todos eran cuates hasta que el alcohol los llevó a un conato de violencia y de ahí a que les quitaran la vida.

Ahora pretende reparar el error. Ahora dice que no mencionó que fuera un pleito de borrachos. Ahora no sabe cómo parar la bronca que trae encima el gobernador Javier Duarte, al que de por sí cada vez le estrecha más el círculo la Procuraduría General de la República.

Cuando alguien muere, así haya el peor, hay que medirse para hablar de él. El fiscal Bravo Contreras debió ser más prudente y cuidar sus palabras.

No lo hizo y la iglesia católica se le fue encima.

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