“Así qué chiste”, diría Quico. Lo que esperábamos todos era la expulsión de Javier Duarte de Ochoa del PRI por pillo, abusivo, rata y descarado, que llegó al gobierno de Veracruz a enriquecerse de la forma más vil.

No lo expulsaron, le suspendieron sus derechos y le dan chance de que se defienda. Ahora le concede el PRI, de acuerdo a sus estatutos, 15 días para presentar pruebas que avalen su conducta y que sirvan para demostrar qué tanto es o no Javier Duarte el causante de la mala imagen del partido oficial. 

O sea que el asunto va para largo.

El procedimiento es así. No se le puede negar su derecho de audiencia, aunque fueron los priistas quienes más se encargaron de anunciar que Javidú no pertenecería más al PRI, que lo sacarían a patadas y eso generó una expectativa que al final no se cumplió.

Javier Duarte quizá siga siendo priista por un buen tiempo porque aunque lo expulsen puede recurrir a los tribunales electorales y demostrar que las causales esgrimidas en su contra no eran motivo para echarlo.

Quizá también termine su gestión como gobernador si es que la Procuraduría General de la República se tarda en consignar el expediente que contiene la denuncia por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.

Si la PGR actúa, lo más seguro es que Javidú inicie un juicio de amparo para echar por tierra las actuaciones de la autoridad judicial. Y eso se lleva mínimo seis meses.

Mucho se habla de que Javier Duarte tiene fuero por ser gobernador y que eso lo hace intocable para la justicia. Pues por una parte sí pero por otra no.

Su fuero lo preserva de ser detenido por delitos del fuero común, o sea de índole estatal. Pero no es válido el fuero tratándose de delitos de carácter federal.

La bronca para Javidú es que en las denuncias que le trabó Miguel Ángel Yunes Linares, el futuro gober de Veracruz, hay elementos para enjuiciarlo por la vía federal y también por el fuero común.

La PGR atrajo la investigación y se llevó parte el expediente que estaba en manos de la Fiscalía General por haber elementos relacionados con la parte federal. Pero también porque la Dirección de Catastro y el Registro Civil ocultaron información y eso demostró que lo estaban encubriendo.

Si Javier Duarte fuera consignado hoy por delitos del orden común, esgrimiría que tiene fuero. Nadie lo podría aprehender. Si lo consignaran por delitos federales el panorama se le complicaría porque los amparos no surten efecto cuando el delito es grave, y en este caso, por el monto que se le imputa, lo es.

Si la PGR consignara su expediente por los tres delitos que le señala, habría que iniciarle un juicio político para retirarle el fuero y que pueda ser juzgado como cualquier ciudadano. Sólo que ese desafuero se lleva en promedio 60 días, que es lo que le queda en su gestión como gobernador.

O sea que aquello de que de un momento a otro dejaría la gubernatura y pediría licencia, pues nomás no.

Su estadía en la gubernatura no le hace tanto daño a Javier Duarte como al PRI, que ve que la sociedad lo sigue repudiando por tener güeyes de esa calaña en el poder, que se enriquecen y no hay ley que se les pueda aplicar porque controlan a la Fiscalía y a los jueces y eso les da impunidad.

El caso de Javidú es el que más destaca pero no es el único. Ahí está el líder del magisterio, Juan Nicolás Callejas; el senador Héctor Yunes, que siempre ha solapado al gobernador en turno; el otro senador José Francisco Yunes Zorrilla, que no abre la boca para protestar así vea que al pueblo se lo carga la madre; Renato Tronco, que con Fidel Herrera y después con Javier Duarte se hizo cacique, señor de horca y cuchillo en Las Choapas hasta que les cayó de la gracia.

Sería chido que el PRI echara de sus filas a todos los que le provocan mala imagen. Seguro se quedan sólo las cucarachas de sus oficinas, porque no hay uno que no haya transado con los recursos del pueblo.

No hay uno que no haya traficado influencias. No hay uno entre las capas de abajo que no haya regularizado un terreno a la mala o que viva de los programas sociales.

A pasito de tortuga avanza la expulsión de Javier Duarte, pero de que se lo van a despachar, lo harán. Así quisiera ver que actúen contra otros priistas que son tan pinches como el gobernador.

Por lo pronto, tras la suspensión de sus derechos como militante, Javidú tiene 15 días para aportar pruebas y defenderse. Después se programará la audiencia para la expulsión y seguro que se irá a los tribunales para dejar sin efecto su salida del PRI.

Mientras, la alta jerarquía priista entonará un canto nuevo, el del combate a la corrupción y la persecución de los corruptos. Como si no estuvieran todos cortados por la misma tijera.

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