* Revictimiza a Daphne  * Otorga amparo y desata furia  * Que Diego Cruz no tuvo “deseo carnal”  * Por ser menor, ella no comprendió el “acto sexual en su contra”  * Yunes prometió rescatar la reserva de Coatza  * A Caballero le vale  * Julia Francisco va por una regiduría  * Carta contra el magistrado Leonardo Cruz

Jurídicamente, Anuar González está muerto. Se destrozó con un amparo, el de Diego Cruz, uno de los Porkys de Costa de Oro, por su libertad y por revictimizar a Daphne, y porque hoy cualquier violador, siguiendo el manual del juez, tiene al alcance la impunidad.

Su fallo irrita a Veracruz, condenado por las cortes populares, los que saben de leyes y los que no, los que mueven las redes sociales y organizan a las víctimas en organismos no gubernamentales.

Lo acaba su razonamiento legal, el argumento de que si no hay “deseo carnal” no se acredita la violación; si la víctima no está indefensa, no hay pederastia; si no hay intención lasciva, no hay delito que castigar. 

Así el Porky introduzca sus dedos en la vagina de la víctima, si no hay “intención de satisfacer un deseo carnal” o “apetito inmoderado” o “erotismo sexual”, el delito puede esperar.

Su sentencia entraña una alerta social: cualquier violador, sabiéndolo hacer, puede burlar la ley.

Sacude a Veracruz Anuar González Hemadi, juez tercero de distrito, juez federal en el circuito de Boca del Río, con un fallo de antología, inadmisible, que movió a las masas e hizo caminar a las féminas, que generó iras y condenas, trascendiendo el caso de los Porkys de Costa de Oro al piano internacional.

Traído de España, donde intentó perderse, Diego Cruz Alonso protagonizó un escándalo con sus amigos Enrique Capitaine, Jorge Cotaita Cabrales y Gerardo Rodríguez Acosta, la noche del 3 de enero de 2015, abusaron sexualmente de una joven entonces de 17 años, de nombre Daphne en la zona turística de Veracruz.

Tácitamente la cazaron. Le llamaban por teléfono celular, la ubicaban. Ella les dio una ruta equivocada con intención de confundirlos. Sin embargo, al salir del antro donde había acudido con un grupo de amigas y el novio de una de ellas, fue privada de su libertad.

Subida la camioneta de Enrique Capitaine, sintió ahí la primera agresión. Diego Cruz y Jorge Cotaita la sentaron entre ambos en el asiento trasero del vehículo. Ahí comenzaron a tocarla. Le introducían las manos entre la ropa. La sometían.

Eran seguidos por el automóvil de sus amigas hasta que lo perdieron. Se dirigieron al domicilio de Capitaine, cuyos padres no se encontraban. Sólo su hermano Gemelo estuvo ahí.

En el baño, sometida, fue violada por Enrique Capitaine. Y luego, tras una llamada telefónica, entregada a sus amigas.

De lo ocurrido nada dijo Daphne hasta que su hermana le arrancó una confesión. Enterado el padre de la joven, confrontó a los padres de los Porkys de Costa de Oro. Les exigió una disculpa a su hija y que los autores del agravio se sometieran a un tratamiento psiquiátrico.

Pronto, Daphne fue objeto de burlas en el colegio donde estudiaba y de mofas en redes sociales. Ello motivó a que el padre de la víctima interpusiera la denuncia penal y meses después exhibiera los videos en que los cuatro Porkys admitían su culpa en la violación.

Ligados a grupos empresariales y políticos —Felipe Capitaine fue alcalde de Naulta, uno de los municipios que sirven de corredor de droga— gozaron de los favores del ex fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, alias Culín. No los inquietó. De hecho empantanó la investigación.

Presionado mediáticamente, el fiscal debió consignar a tres de los cuatro Porkys, que para entonces se hallaban ilocalizables.

Logró dar con Enrique Capitaine, quien se hallaba en Coahuila. A Diego Cruz Alonso se le ubicó en España. Se realizó el juicio de extradición, la cual fue concedida y él remitido a México.

Hoy está amparado, gracias a los oficios de Anuar González, un brillante abogado de buena fama, que todo lo que tiene lo logró por su empeño personal.

Su fallo, sin embargo, lo aniquila. Más aún, por sus argumentos, por no mantener el equilibrio entre los derechos de la víctima y los derechos del acusado.

Refiere la sentencia que deben privilegiarse los derechos de una víctima cuando es menor de edad, por sensatez, por obligación legal y por tratados internacionales.

Dice, por ejemplo:

“Se puede concluir que para que exista abuso sexual en el ilícito en estudio, es menester no sólo que se pruebe el acto libidinoso (tocamiento, roce, frotamiento o caricia), sino que dicha conducta haya sido desplegada con una intención lasciva del sujeto activo en el sujeto pasivo; es decir, el abuso sexual, consiste no sólo en la conducta en forma objetiva, sino que es menester que el elemento subjetivo, esto es, que dicho despliegue de acción haya sido con el ánimo al deleite carnal u obtener una satisfacción sexual o un apetito inmoderado de sensaciones placenteras”.

¿Y no lo hubo?

“Esta intención lasciva, elemento subjetivo conformador del “abuso sexual”, es el que no se acreditó en el presente asunto, pues no existe prueba alguna que compruebe eficazmente la lascivia en la conducta del quejoso, como se explica a continuación. Cabe destacar que la anterior jurisprudencia y ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es aplicable al caso en el tópico de ‘abuso sexual’, pues aun cuando surgiera a la vida jurídica por el delito diverso al de pederastia, en el caso, debe ponderarse que la conducta atribuida al disconforme, por la mecánica de los hechos se traduciría en un delito diverso, si no fuese la pasivo menor de edad, esto es, se estaría en presencia de una clasificación delictiva del delito de abuso erótico sexual y no de pederastia”.

La repulsa es brutal. De Juez Porky no baja Anuar González. En su muro de Facebook lo insultan. Corre en las redes sociales su fotografía, junto a su esposa e hijas, con mensajes procaces. Que si actuara igual si fueran los suyos a quienes les tocaran sus partes.

Los comentarios no cesan:

“Tampoco hubo abuso sexual porque al introducir sus dedos en la vagina de Daphne, no lo hizo con una intención lasciva. No hubo abuso porque, de acuerdo con el juez, Daphne no estuvo en estado de indefensión “puesto que tuvo la posibilidad de cambiarse de lugar, evitando así el contacto físico con el quejoso”.

Tácitamente la tesis del juez Anuar González es la pista para cualquier violador. Basta con aducir que no cabía en el un deseo carnal, que no hubo acción erótica y a burlar la ley.

Así se salva a un violador.

Archivo muerto

Tajante, Miguel Ángel Yunes Linares ofrecía, al tomar posesión, justicia plena para Tony Macías, el suegro incómodo de Javier Duarte, y para Fidel Herrera Beltrán, el ex gobernador de Veracruz, por el despojo de la reserva territorial, por el robo de las tierras de Coatzacoalcos. Decía Yunes azul: suscribí un  documento para que se inicien los procedimientos legales con el fin de recuperar 60 hectáreas de Coatzacoalcos que fueron indebidamente cedidas por Fidel Herrera Beltrán a Jesús Antonio Macías Yazegey, suegro de Javier Duarte de Ochoa, con un valor de mil millones de pesos (Parque Tecnológico Puerto México). 

Y agregó: “He instruido a que se presenten las denuncias correspondientes contra el ex mandatario (Fidel Herrera) y todos los implicados en el caso”. Y casi cuatro meses después, ni hay acción, ni hay justicia, y el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, otorga permisos para que los beneficiarios de Fidel, el verdugo de Yunes, construyan más fraccionamientos habitacionales, ahí donde se perpetró el robo de las tierras. Lo suscribe el secretario de Obras Públicas, Fernando Secundino Ramos Torres, enterando al constructor Fernando Quintal Aguilar de la anuencia para la edificación del complejo Veleros Resort, en la confluencia de avenida Jirafas y malecón costero, sobre una superficie de 47 mil 542 818 metros cuadrados, casi cinco hectáreas.

El documento fue suscrito con fecha 16 e marzo de 2017 y durante 15 días puede ser objetado e impugnado. O sea que mientras el gobernador Yunes empeña su palabra y ofrece que va por Fidel y Tony Macías, el alcalde Caballero, operador del suegro incómodo y su hija Karime —bendita abundancia— prosigue en su afán de beneficiar justamente a quienes fueron parte de la trama fidelista para el despojo de la reserva territorial de Coatzacoalcos. Y pensar que parecía que iba en serio… Antorcha Campesina va por una regiduría en Coatzacoalcos. Su lideresa, Julia Francisco Julián, figura en una de las planillas, en lugar preponderante, que contenderán por la alcaldía del viejo Puerto México. 

Muy cercana al ex alcalde Marco César Theurel Cotero, al que le sacó electrificación y otras obras para la colonia Santa María, Julia Francisco incursiona por vez primera en una contienda municipal. De los votos que aporte dependerá que logré su sueño de ser edil… Otra pela al magistrado Leonardo Cruz Casas. Ahora en la prensa xalapeña, exhibe la empresa Pluvial del Golfo —Pluviales— su colusión con el cabildo de Coatzacoalcos para dilatar y no hacer cumplir la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la que es titular, con la que debe pagársele la construcción del último tramo del malecón costero. 

Su abogado, el doctor Marco Antonio Madrazo Carreón, le imputa con “argucias legaloides” el ayuntamiento pretenda pagar con terrenos que son del pueblo de Coatzacoalcos, que exista “complicidad” entre Caballero y el magistrado Cruz Casas “para dilatar la acción de la justicia” y que el titular de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo “se niega a acordar la inhabilitación de los regidores que integran la comuna por incurrir en desacato”. Comienza a circular la carta en periódicos de Xalapa, en portales y en redes sociales. Está dirigida al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez peña, y la presidenta del Congreso de Veracruz, Mariely Manterola Sáinz… 

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