* Exigen ediles de Coatzacoalcos información sobre ayuda a damnificados * No atienden a afectados por habitar en áreas irregulares, pero en campaña les pedían el voto para el PRI * Mily chagra y Victor Kidnie * Ella quiere llegar al equipo de Peña Nieto * ¿Qué político paga pensión alimenticia de 86 mil pesos mensuales? * Delegado de Desarrollo Económico, implicado en reparto de cemento * Lo pagó la SEDESMA para la campaña de Duarte * Acusa Verónica Mournier a la PGR de no proceder contra asesinos de Bety Cariño

Moisés Herrera Beltrán fue el operador máximo del G5, la estructura que coordinó el fraude priista, y Javier Duarte de Ochoa fungió como jefe Distrital de Operación, y a la postre el beneficiario del manejo de programas sociales federales, que le permitieron acumular votos y ser impuesto como gobernador electo de Veracruz.

El doctor Duarte tuvo bajo su área de influencia tres operadores de territorio, los cuales, a su vez, coordinaron las acciones de los “grupos de operación municipal”, diseminados a lo largo del territorio veracruzano y que tenían la misión de usar los patronatos y comités de programas sociales como palanca electoral y sumarle votos al PRI.

Así, el delfín del fidelato recibía reportes de 30 operadores adscritos a cada uno de los distritos electorales de Veracruz.
Para realizar sus labores de mapache electoral, el doctor Duarte dispuso de un presupuesto de 9 millones 437 mil 625 pesos, tan sólo en su área de trabajo y en un período de 7 meses. Desglosado, ese presupuesto se aplicó así: nómina, 3 millones 255 mil pesos; gastos de administración, un millón 147 mil 125 pesos; gastos de operación, 2 millones 898 mil pesos, y equipo de operación, 2 millones 106 mil pesos.

A esas cifras se agregarían los 24 millones 291 mil 225 pesos de presupuesto con que operó otra de las estructuras del G5, el Grupo Operativo Municipal, durante siete meses. Presumiblemente, los gastos fueron pagados con recursos públicos o de procedencia ilícita.

Sin embargo, de acuerdo con el expediente G5, de uso restringido en el círculo fidelista, las estructuras tuvieron un carácter formal a lo largo de medio año, aunque en los hechos fueron echadas a andar desde hace dos años, con un costo superior a los cien millones de pesos, para asegurar que los beneficiarios de los programas sociales federales, agradecidos con las prebendas obtenidas, se mantuvieran como el voto duro del PRI.

Otra instancia del G5, el Centro Operativo Territorial, estaba conformado por ocho personas. El responsable del COT fue Felipe Vázquez Hernández. Sus cuatro operadores de territorio eran José de Jesús Contreras Palomino, Eduardo Hernández Ramos, Juan Manuel Cortés Cruz y María Guadalupe Cruz Azuara.

Fidel y Moisés Herrera, así como el candidato gordobés, Javier Duarte del Ochoa, no dejaban nada suelto. Crearon un equipo de trabajo de 986 personas a las insertaron en la estructura del “masivo de incorporación”. Ese grupo levantó encuestas socioeconómicas hasta el 31 de marzo pasado, fecha en que venció su contrato. A partir de entonces se convirtieron en “operadores políticos”.

En el documento respectivo, uno entre más de 20 que conforman el expediente G5, se explica el papel que tendrían esos 986 operadores: “debido a la actividad que desarrollaron conocen la ubicación e integrantes de cada familia a incorporar para su actividad política”.

A detalle, el expediente G5 explica la gran maniobra para operar el fraude fiel y entronizar a Javier Duarte en la gubernatura de Veracruz.
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Archivo muerto

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