Mario Rafael Contreras Castro, encargado del Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, incurrió en un “claro desacato a una determinación judicial”, al interponer trabas para inscribir las medidas precautorias decretadas por el juez sexto, Raúl Juárez Bárcenas, para congelar cualquier intento de compra-venta, cesión de derechos o traslado de dominio en los bienes de Parque Tecnológico Puerto México, el supernegocio del “empresario” Jesús Antonio Macías Yazegey. Es ese uno de los argumentos esgrimidos por el constructor Oscar de la Cruz Cruz, representante de la compañía Vivienda Industrializada de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., en oficio remitido al juez civil como parte del juicio 2015/2009 en el que demanda a INVIVIENDA, Tony Macías, su socio Nicolás Amadeo Hernández Madrid, Parque Tecnológico Puerto México (PTPM), el gobierno de Veracruz, y los notarios públicos Pedro Tiburcio Castro y Jesús Salas Lizaur, de fecha 9 de septiembre de 2009, con el cual le proporciona “información para inscribir medidas precautorias”. Ese hecho, por demás inusual, se generó por la serie de maniobras que Contreras Castro venía realizando para preservar los negocios de Tony Macías a salvo de las acciones legales que emprendió Oscar de la Cruz para evitar que realice operaciones de compraventa o cesión de derechos pues parte de los terrenos que PTPM ostenta como suyos son en realidad propiedad de Vivienda Industrializada de Coatzacoalcos, reconocidos incluso por INVIVIENDA y confirmados en siete juicios penales, civiles y mediante resoluciones de amparo federal. En su alegato, Oscar de la Cruz señala que al encargado del Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, Contreras Castro, debe ordenársele que acate “con la misma rapidez con la que inscribió de manera indebida lo solicitado de manera simple lisa y llana por el codemandado Jesús Antonio Macías Yassegey, que bastó la presentación de una simple promoción para hacer una anotación del todo indebida”.
La referencia corresponde a una anotación marginal inscrita en la escritura con que Vivienda Industrializada adquirió el terreno en que desarrollará el proyecto Punta Diamante. Esa nota 19 fue inscrita, no a solicitud de una autoridad jurisdiccional, sino de Luis Alberto Velázquez, representante legal de PTPM, lo que viola la ley. Contreras Castro ha venido intentando descongelar las medidas precautorias para evitar que se realicen compraventas de terrenos en esa área. Ha cuestionado la autoridad del juez civil. Pero tiene una endeble razón: Tony Macías, con el nombre del gobernador Fidel Herrera Beltrán, en la boca, lo tiene apanicado.  El documento establece que el Registro Público de la Propiedad “tiene la obligación de acatar las disposiciones que dictan los titulares de los órganos jurisdiccionales, no pretender enseñarles las disposiciones del Código, ni menos aún cómo deben de interpretarse”.
Por ello, el constructor Oscar de la Cruz hace responsable de cualquier operación relacionada con los bienes de PTPM al encargado del Registro Público de la Propiedad, a partir del 14 de agosto, cuando canceló las anotaciones marginales que congelaban operaciones de compraventa, traslado de dominio o cesión. El artífice de esa transgresión a la ley fue Tony Macías y para ello usó el nombre del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

Javier Duarte de Ochoa está hecho de helio. Se le infló artificialmente, creció a lo bruto, pero en su interior está hueco. Si no, baste con rememorar la serie de declaraciones que en la última semana ha disparado en torno a la propuesta financiera del Presidente Felipe Calderón Hinojosa a la Cámara de Diputados. El Gordo Duarte no sale de lo mismo: que si el PRI no va a aprobar más impuestos; que si el impuesto para el combate a la pobreza es un IVA disfrazado en alimentos y medicinas; que si los errores del gobierno federal no los tiene que pagar el pueblo. Su perorata es interminable, pero redundante. Recorre el estado de Veracruz con el mismo libreto, vacío y sin inventiva. ¿No habrá alguien que le mejore el script al gordito Duarte? ¿No habrá quien le diga que el discurso está agotado?… Jorge Rodríguez Quintela, ex candidato del Partido Nueva Alianza a la diputación federal por Coatzacoalcos, apunta a ser el próximo líder del comité municipal. Tiene el apoyo del gremio magisterial, no sólo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sino de las organizaciones de maestros a nivel bachillerato, tanto del sistema federal como del estado de Veracruz… Hasta personal de la empresa Inophos se halla involucrado en la difusión de correos electrónicos para difamar periodistas en Coatzacoalcos. Se tiene cuando menos un nombre e identidad para ser llevado a los tribunales. El correo electrónico contra este columnista, dos reporteras de TV Azteca y una de Radio Hit, es analizado por abogados que conforman el emplazamiento legal. Otro personaje que se ha dedicado a difundir el escrito difamatorio es Jaime Molina Sánchez, operador de Iván Hillman Chapoy y del síndico Mariano Moreno Canepa. Usa la cuenta de correo [email protected] y existe por lo menos una decena de envíos a diversos destinatarios. En algunos de ellos emplea lenguaje de mujer y se remata con un “su servidora”. Jaime Molina fue enviado por Iván Hillman a trabajar en el equipo del entonces candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Coatzacoalcos, Rafael García Bringas, en la elección de 2007, para enfrentar a Marcelo Montiel. Sin embargo, cuando García Bringas se convirtió en candidato a diputado federal, en la elección del 5 de julio pasado, Jaime Molina retornó con Iván Hillman, a quien le sirve con una lealtad desmedida. Su participación en la difusión del escrito difamatorio lo tiene a un paso de encarar un proceso penal y otro civil. Por lo menos dos periodistas también tendrán que acudir a los tribunales…