Este martes se cumplen los primeros seis meses de la nueva administración estatal, una joven gestión caracterizada en su arranque por la crisis económica que heredó, que le ha impedido arrancar con obras materiales significativas o con anuncios espectaculares sobre infraestructura a realizar en lo inmediato, pero que por algunos resultados que ya se han logrado –se tiene que reconocer–, se puede advertir que se empieza a estabilizar la situación aunque, ciertamente, a un costo social muy alto.

Hasta ahora el mayor logro y el mejor por la situación que se vive, el que era urgente conseguir, es haber logrado revertir la calificación crediticia negativa que tenía el estado prácticamente desde 2009 pero que se acentuó en 2010 debido al alto nivel de endeudamiento en que cayó el gobierno inmediato anterior.

Con amplitud de detalles, el domingo 15 de mayo pasado el diario Notiver publicó en su primera plana que la firma Fitch Ratings retiró la observación en desarrollo que mantenían los certificados bursátiles Monterrey, N. L. (Mayo 11, 2011) y ratificó la calificación de A+(mex) correspondiente a las emisiones VRZCB 06U y VRZCB06, ello como resultado de acuerdos que se tomaron en la Asamblea de Tenedores de bonos llevada a cabo el 13 de abril anterior.

Más allá de los tecnicismos y del lenguaje especializado, lo que destaca es que Fitch opina que el estado está en posibilidades de acceder a recursos remanentes futuros de las emisiones, lo que podría beneficiar las finanzas públicas estatales.

El impacto no sólo es real en las finanzas púbicas sino también psicológico en los acreedores y prestadores de servicios al gobierno, así como en el sector económico de la entidad, ya que devuelve la confianza que se había perdido cuando se cayó en cartera vencida el año pasado y en el incumplimiento de pagos que dañó fuertemente la economía de particulares y con ello las economías regionales.

Pero esa calificación crediticia positiva no ha sido gratuita. Se ha conseguido con sangre, sudor y lágrimas –la frase completa de Sir Winston Churchill al inicio de la Segunda Guerra Mundial era que no tenía más que ofrecer a su pueblo que “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”, aunque se hizo famosa la frase “sangre, sudor y lágrimas”– que ha llevado al desempleo a cientos, acaso miles de trabajadores que fueron despedidos del Gobierno del Estado; a la paralización durante el primer semestre del año de las economías regionales y con ello a la no creación de fuentes de trabajo y sí el cierre de muchas que ya existían; a la no realización de obras de infraestructura significativas en la entidad y al retraso de la puesta en marcha de programas sociales, si bien ha iniciado ya “Adelante”, el programa al que la administración le apuesta para disminuir la pobreza, que sigue siendo significativa.

Con este logro tiene que reconocerse que el gobernador Javier Duarte no se equivocó en haber nombrado en la Secretaría de Finanzas y Planeación a un experto como Tomás Ruiz González, pues sin duda ha sido el autor de la estrategia de recuperación, para lo cual ha contado con toda la confianza del titular del Ejecutivo (Ruiz González y Adolfo Mota, el titular de la Secretaría de Educación, entraron por la firme decisión de Duarte de Ochoa, pues intereses del pasado hicieron todo lo que pudieron, incluso amagaron con un rompimiento, para evitar su llegada a la administración entrante, por lo que tal vez son los más comprometidos y por eso seguramente los resultados que están ofreciendo).

Con ser prometedor el logro, todavía falta mucho para enderezar totalmente la nave y hacer que transite por aguas calmas y benignas. Si el costo ha sido elevado para los veracruzanos, también lo ha sido para la propia administración pues ha tenido que sacrificar programas por no contar con recursos para ejecutarlos.

 

Un ejemplo que ilustra lo anterior es que el año pasado la Secretaría de Desarrollo Agropecuario ejerció un presupuesto de 2 mil millones de pesos mientras que este año se le destinaron sólo 700, ¡mil 300 menos!, lo que en parte explica por qué se las está viendo negras el nuevo titular Tomás Carrillo.

Para remediar el mal la medicina ha sido amarga, muy amarga. Una revisión cuidadosa al presupuesto de este año –como finalmente quedó aprobado en febrero pasado– indica que incluso desaparecieron Programas Operativos Anuales (POA) completos por falta de recursos, pues no se explica de otro modo.

Se tiene que reconocer lo logrado por el nuevo gobierno pero se tiene que señalar el costo terrible que ha significado para los veracruzanos. De lo ocurrido se tienen que sacar lecciones, una de ellas jamás volver a comprometer los recursos públicos como se hizo, so pena de castigar con severidad a los culpables, que ese es un pendiente que si se resolviera con la aplicación de la ley la sociedad entera se volcaría en apoyo sin límites a las actuales autoridades.

Es esperanzador el logro con esta calificación positiva de Fitch Ratings porque hace que los inversionistas foráneos vuelvan los ojos a la entidad, así como el programa de combate a la pobreza, la marginación, la desigualdad y la discriminación. Es de desearse, por los potenciales beneficiados de las zonas serranas e indígenas, que el secretario de Desarrollo Social del estado, Marcelo Montiel, se sume a los logros de Tomás Ruiz y Adolfo Mota.

Es positivo y alentador saber que se podrá acceder a recursos remanentes futuros de las emisiones bursátiles porque no se ha cumplido con la reparación y/o reconstrucción de lo que destrozaron Karl y Matthew y ya se tiene encima la llegada de tormentas y huracanes, qué quién sabe qué salgo negativo traigan para el estado y para los veracruzanos, a muchos de los cuales les lloverá sobre mojado.

Pero queda un reto mayor, de fuertes implicaciones económicas pero tal vez más políticas: sortear bien ante la Federación la auditoría mayor que iniciará en julio próximo. No hay cómo sustentar 10 mil millones de pesos que el Gobierno Federal entregó a la pasada administración y que debieron haberse ejercido en 2010. Los primeros arqueos –de todos modos ya hay auditores federales en el estado– han motivado observaciones por escrito en las que se pide investigar la actuación de las pasadas autoridades de la Contraloría General del Estado.

 

El actual contralor se apresura a auditar también todo, absolutamente todo, seguramente para que cuando lo llamen a cuentas diga cómo encontró la administración y a él que lo registren.

 

Algunos ex funcionarios  y otros que repiten en cargos públicos o disfrutan, perdón, o que ocupan ahora otros de elección popular, no deben conciliar el sueño y no lo conciliarán seguramente en varios meses más. No sería nada raro que anden ya con un amparo en la bolsa. El presidente Calderón todavía busca desquite, aunque no con el actual gobierno estatal.