* Duarte no pudo con la condena por encarcelar tuiteros  * Que se siga dejando embaucar por Reynaldo  * Empleado de Alumbrado Público, al borde de la muerte  * Negligencia criminal del director de Obras, Adrián Pérez  * Ultimátum a empresario  * Su chofer, baleado  * La mano de Marcelo Montiel en la próxima elección panista
 
Como nunca, Veracruz vive tiempos de horror y violencia brutal, potenciada por el escenario dantesco donde yacían 35 cadáveres frente a Plaza Las Américas, en el corazón turístico de Boca del Río, y hará unas horas, esparcidos en puntos específicos del puerto jarocho, el puerto mítico, otros 14 cuerpos asesinados.

Hay, desde luego, una intencionalidad manifiesta y un fin demencial en la autoría de esos crímenes y en su morbosa exposición, arrojados los cuerpos inertes sobre el arroyo vehicular y en la caja de una camioneta de redilas, marcada la piel con la leyenda “POR Z”, atados de manos, torturados y reveladas las causas de su ejecución en una narcomanta en que se les condena por pertenecer al grupo delincuencial de los Zetas.

Nada fue dejado al azar. Ocurre el primer caso en la víspera de la reunión nacional de procuradores y presidentes de tribunales de justicia, y el segundo justo durante la celebración del evento, vulnerando el blindaje policíaco y militar, trastocada la seguridad en el puerto, evidente, muy evidente, el reto al estado.

Ha sido, también, un Waterloo para el gobierno de Veracruz. Reynaldo Escobar Pérez, el desprocurador de justicia, es náufrago en un mar de contradicciones. Categorizó a los 35 asesinados como secuestradores, extorsionadores, homicidas y narcomenudistas, y a no tardó en ser desmentido por familiares de algunos de los muertos.

Por la mañana, don Rey aseguraba disponer de la identificación de 90 por ciento de los asesinados y horas más tarde sostenía que sólo se sabía la identidad de 18 de los 35 muertos. 48 horas después, se negaba a divulgar la lista de las personas asesinadas.

Aún así, Reynaldo Escobar presumía cifras, datos y logros.
Es inverosímil, impensable, la eficiencia del desprocurador Escobar Pérez. Incapaz de resolver casos añejos, le bastó un par de horas para tener la certeza de que aquellos primeros 35 muertos eran malosos de carne y hueso.

Don Reynaldo no está solo en el maratón de los desatinos y mentiras huecas. Lo acompaña el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien lamentara la muerte de los 35 zetas, pero más que hayan optado por dedicarse a la delincuencia. Esa expresión le valió una condena general, tildada de desprecio a la vida.

Trasluce el gobierno de Veracruz malas intenciones. Morir es trágico, según su óptica, pero si se es delincuente se justifica morir.

En esas andaba el gobernador Javier Duarte, disparador de comentarios desatinados, cuando otra tanda de cadáveres, ayer, provocó zozobra y estupor en el puerto de Veracruz.

 

Fueron 14, diseminados en colonias y barrios, mientras a distancia procuradores y presidentes de tribunales estatales de justicia perdían el tiempo analizando qué hacer ante el avance de la delincuencia.

Javier Duarte es, por si no bastara, un enemigo de la comunicación. Reportes de prensa, detallan hora tras hora los hallazgos de cadáveres y enfatizan la falta de un comunicado oficial del gobierno de Veracruz. Ante ese vacío informativo de nuevo las redes sociales, Twitter, daban datos precisos de los cuerpos sin vida dejados por la delincuencia.

Tiene otras aristas la siembra de cadáveres en Veracruz-Boca del Río. Evidencia, por ejemplo, la cruenta disputa por el territorio veracruzano entre bandas del crimen organizado y, a la par, exhibe la fragilidad del gobierno de Veracruz, la complicidad de sus áreas de seguridad y el nivel de impunidad en que se conduce la delincuencia.

Crecido, el narco se muestra displicente, dueño de Veracruz, retador frente a las instituciones del Estado.

Unos y otros, Zetas y matazetas, se dan con todo por el control del corredor de droga que representa Veracruz; la extorsión de migrantes y el reclutamiento de indocumentados en los cárteles; el secuestro de la sociedad, y la infiltración del aparato policíaco y de justicia.

No es, sin embargo, un hecho fortuito la presencia del crimen organizado en Veracruz. Comenzó y se condolidó en el sexenio anterior, acusado públicamente el régimen fidelista de permitir el crecimiento de los Zetas y la renta del territorio.

Admitida hoy la hegemonia de los Zetas, fue tema tabú en el gobierno que encabezara Fidel Herrera Beltrán, prestigitador de la palabra, quien negaba su existencia. “No hay Zetas ni marionetas”, solía decir don Fidel.

Otro fascineroso verbal fue Reynaldo Escobar, entonces secretario del gobierno del régimen de la fidelidad. “Las zetas sólo están en los abecedarios; aquí no hay zetas”, resumió para dar por cerrado el tema, el 18 de julio de 2008.
Pero la realidad era otra.

Infiltradas las policías, sumisos los alcaldes, diputados y funcionarios estatales, el gobierno de la fidelidad tuvo una responsabilidad manifiesta en el crecimiento del grupo delictivo Zeta, controlador del territorio veracruzano hasta la fecha.

Convidados de piedra, otros fidelistas veían y callaban ante el avance Zeta: Jorge Carvallo, hoy líder de los diputados priístas en el Congreso de Veracruz; Erick Lagos, actual subsecretario de gobierno; Javier Duarte de Ochoa, gobernador; Alberto Silva, alcalde de Tuxpan; Américo Zúñiga, diputado por Xalapa; Marcos Theurel, alcalde de Coatzacoalcos, y cientos más.

No fueron auspiciadores, pero su silencio los hizo corresponsables de semejante ilegalidad.

Hoy, Veracruz vive una realidad traumática, el miedo presente, la paz social impensable.

Observa el choque de bandas del narcotráfico por el territorio veracruzano, descarnada y sangrienta su lucha.
Cosecha, pues, la herencia del sexenio fiel, la consolidación del santuario de los zetas.
 
Archivo muerto
 
Enredado, vapuleado, denostado termina el gobernador Javier Duarte de Ochoa el episodio de los tuiteros a quienes encarceló, acusó de terrorismo y sabotaje, enlodó públicamente y confinó en una celda en el penal de Pacho Viejo.

Negligente, el gobernador de Veracruz desoyó las voces sensatas que advertían el triste final del encarcelamiento de María de Jesús “Maruchi” Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera por difundir irresponsablemente mensajes (twitts) sobre supuestos ataques del crimen organizado contra niños en escuelas del puerto de Veracruz.

Quiso Duarte escarmentar a los miles de tuiteros que a diario critican y se mofan de sus acciones de gobierno. Hizo enjuiciar a Maruchi y a Gilberto, cuyo único pecado fue retuitear información carente de veracidad, irresponsable sí, pero nada que ver con el terrorismo que el gobernador les imputó y los 30 años que pretendía mantenerlos en prisión.

Mal aconsejado, renuente a escuchar consejos prudentes, pronto diría el abogado y doctor Duarte que la conducta de Maruchi y Gilberto no encuadraban en delito alguno, que no había marco jurídico para llevarlos ante la justicia. ¿Por qué, entonces, acusarlos de terrorismo y sabotaje? ¿Por qué implicar en la bufonada a la jueza que dictó sin sustento legal el auto de formal prisión, y al Poder Judicial de Veracruz, al que hizo ver como su oficina de represión institucional? Su intento por parchar el boquete legal, llevó al gobernador a proponer la Ley Antitwitter, una adición al artículo 373 del Código Penal para crear el delito de “perturbación del orden público”, una nueva versión del delito de “disolución social” con el que el gobierno priísta de las décadas 50, 60 y 70 encarcelaba a sus opositores y los convertía en presos políticos, reos de conciencia.

Mal producto de la Ibero, donde estudió leyes, don Javier Duarte ha hecho un papelazo de antología. No le bastó, sin embargo, la patinada tuitera. Quiso también ser un villano mediático y un villano institucional. Remendón de la ley, Duarte ignoró a quienes le advertían del impacto social que tendría el impulso al delito de perturbación del orden público.

Emboletó al Poder Judicial de Veracruz y luego lo hizo con el Congreso estatal. El martes 20, a contrapelo, entre protestas, la borregada priísta en la Legislatura de Veracruz aprobó el perturbador engendro duartista, que presupone una amenaza latente a la libertad de expresión y descubre, revela, el afán de Javier Duarte por controlar y someter a Twitter, Facebook y cualquiera otra red social.

Fue ese otro yerro de altísimo costo político. Imaginó el gobernador que podría aplicar de manera retroactiva el nuevo delito a los tuiteros encarcelados, ofreciéndoles el beneficio de la libertad bajo fianza. ¡Qué aberraciones enseñan en la Ibero! No calculó el rechazo de Maruchi y Gilberto a su propuesta. Antier, ante la andanada mediática y la descalificación pública nacional e internacional, Duarte de Ochoa ordenó el desistimiento de la acción penal por parte de la Procuraduría de Veracruz, antes de que un amparo federal determinara la libertad de sus rehenes. Maruchi y Gilberto Martínez dejaron la prisión de Pacho Viejo, no como héroes pues su irresponsabilidad los llevó a permanecer 25 días confinados tras las rejas. No son tampoco paladines de la libertad de expresión, sino torpes difusores de mensajes falsos pero, a la vez, víctimas y actores de una trama perversa mal urdida por el gobierno de Veracruz. Podrá valorar ahora el gobernador Javier Duarte que su procurador Reynaldo Escobar no sólo es inútil sino nocivo, pernicioso. Sus acciones han propiciado una crisis de imagen del régimen duartista, vapuleado en Televisa, Excélsior, El Universal, Eje Central, Milenio y cientos de medios que exhiben la torpe marcha del gobierno veracruzano. Sin embargo, obcecado, terco como es, Javier Duarte difícilmente variará el rumbo…

 

Gustavo Fuentes Sangeado, joven trabajador con salario ínfimo, se debate entre la vida y la muerte, afectado por un coágulo en su cerebro, contusiones en el cráneo y múltiples lesiones, por un acto de negligencia criminal. Fue enviado a realizar tareas no comprendidas en su contrato como empleado del Departamento de Alumbrado Público Municipal. Días antes, comerciantes y vecinos, irritados, reclamaban la lentitud de los trabajos ejecutados por la compañía Grupo Raudales sobre la avenida Rodríguez Malpica, en la confluencia con Morelos. Sin avance de obra, Raudales aducía que nada haría hasta que la Comisión Federal de Electricidad moviera una serie de postes de luz que impedían continuar con sus labores. CFE, por su parte, alegaba no disponer de equipo para realizar la faena. Frente al dilema, el secretario de Obras del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Adrián Pérez Martínez, decidió hacerle la chamba al Grupo Raudales. Envió, el martes 20, al Departamento de Alumbrado Público a mover los postes, a sabiendas que era problema que debía resolver el contratista encargado de la obra. Así fue como Gustavo Fuentes trepó a uno de los postes sin equipo de seguridad, a riesgo de su integridad. En esas andaba cuando ocurrió lo impensable: una maniobra le hizo caer y sufrir graves daños físicos, el más serio la presencia de coágulos en el cerebro, que lo tienen postrado en cama, al borde de la muerte. Una más del secretario de Obras Públicas, Adrián Pérez Martínez. Sin duda, negligencia criminal…

 

¿Quién es ese polémico empresario, dueño de la suerte y la fortuna, que semanas atrás recibió un siniestro aviso, intención mortal, al ser baleado su chofer de confianza? Ocurrió ese episodio violento en el estacionamiento de un centro comercial ubicado al poniente de Coatzacoalcos. Provocado el chofer del empresario, quiso enfrentar a sus agresores. No tuvo tiempo de nada. Recibió, dice la versión, dos impactos de bala; uno en el pie y otro en el abdomen. Se le trasladó herido de muerte a una clínica particular de la avenida Revolución. Fue operado y milagrosamente salvó la vida. Recuerda que tras el segundo balazo, doblegado el ímpetu, escuchó un ultimátum para su patrón. Tenía tono de una sentencia inapelable. Desde entonces, el empresario no duerme… Van por la dirigencia del Partido Acción Nacional en Coatzacoalcos, el ex regidor Martín Juvenal Patiño, el actual regidor suplente Miguel Brito Molina y el empresario José Carlos Lara Hinojosa, primo del presidente Felipe Calderón, lo que no se sabe si eso es ventaja o beso del diablo. Buscan, acuerdan y pactan para llegar a la elección de noviembre con buena carga política. Participarán los ahora 300 miembros activos del PAN y más de 2 mil adherentes. Será un evento de democracia simulada, cargados los dados por las corrientes del PAN. Miguel Brito y Lara Hinojosa pretenden posicionarse y posicionar a sus referentes estatales y nacionales, fortalecerse también hacia el proceso electoral del2012. Martín Patiño tiene una motivación extra: ser el enclave del ex alcalde priísta Marcelo Montiel Montiel, cuya intención de infiltrar y operar desde el interior del PAN no cesa. Patiño fue regidor en el Ayuntamiento encabezado por Montiel, y se entendían de maravilla…
 
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