No todas las personas desaparecidas están muertas. Muchas están vivas y son víctimas de redes de trata, trabajo forzado, o están impedidas para volver a casa.
No todas las personas desaparecidas están muertas. Muchas están vivas y son víctimas de redes de trata, trabajo forzado, o están impedidas para volver a casa. El colectivo “Búsqueda Nacional en Vida” reúne a madres de todo el país que se dedican a buscar a sus hijas e hijos en esas circunstancias, y a veces encuentran a los hijos suyos o a los de otras mujeres.
Texto y fotos por Paloma Robles*
Ilustraciones por La Lechuga Ilustradora
A la cárcel del municipio de Tonalá, Jalisco, en el occidente de México, llegan 22 mujeres que esperan su ingreso en la fila de visita. Ellas no son familiares de los internos, no conocen a nadie adentro. Son madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas y que forman parte del colectivo Búsqueda Nacional en Vida.
Es 10 de marzo de 2020, las mujeres llegan vestidas de negro al penal de Jalisco sin celulares, libretas o plumas, como obliga el protocolo de ingreso. Entran sólo con la foto de su hija o hijo impresa en papel o estampada en sus playeras.
“Nos adaptamos a los requisitos que cada penal tiene (...) no alhajas, no aretes, no collares, no broches en el pelo, no tenis con agujetas, no calzado de huarache, tacón tampoco”, dice Rosaura Magaña, integrante del colectivo y enfermera jubilada. Ella busca en la cárcel de Tonalá algún rastro de su hijo Carlos Eduardo Amador Magaña, desaparecido junto con 3 muchachos por policías ministeriales de Tlaquepaque, Jalisco, en julio de 2017.
Integrantes de Búsqueda Nacional en Vida en su paso por Jalisco. Foto: Paloma Robles
Rosaura no acepta perder a su hijo así, “de repente”, y se sostiene en la fe de que
Carlos Eduardo está vivo: “Mi hijo tenía 20 años cuando se lo llevaron, ahora tiene 24 años, mi hijo está en una edad productiva, entonces yo hasta el último momento voy a esperar a encontrarlo en vida”.
Dentro del penal las mujeres apenas tienen unos minutos para recorrer los módulos, cotejar tatuajes y otros rasgos físicos, exhibir las fotos de sus hijos o hijas por los pasillos enrejados y ganarse la confianza de los internos. Muchos son jóvenes olvidados por sus propias familias.
“Ahí los tienen”, dice María de la Luz López Castruita, líder del Colectivo. “Sabemos que no hay comunicación con las familias. Inclusive hemos encontrado chicos que nos dicen: ‘tengo 5 años aquí y mi familia no sabe que aquí estoy’”.
Cuando les muestran las fotos, a veces los reclusos les dicen que los vieron en algún lugar o les comentan que sus hijos fueron compañeros suyos de trabajo. Si la fecha de desaparición es anterior a los hechos que relatan los presos, entonces surge una línea de investigación.
Ruth Gumersindo es mamá de Marco Antonio Guerrero, desaparecido hace 11 años en Altamira, Tamaulipas. El joven tenía un tatuaje en el antebrazo derecho con el nombre de su hija Jimena. Desde aquella región del norte Ruth viajó a Jalisco para sumarse a la brigada.
Ella explica que en las cárceles los celadores les rayan un número en sus brazos y las acomodan de tal forma que no estén cerca de los reclusos.
“Cuando vemos que se quedan viendo mucho a las fotos, que voltean y se regresan, entonces ya podemos preguntarles: ¿Se te hace conocido? ¿Crees haberlo visto?”.
Ruth encontró pistas de su hijo en el Centro Preventivo y de Readaptación Femenil de Tonalá. Allí, 2 mujeres reclusas le aseguraron haberlo visto en la enfermería del Penal Preventivo de varones.
“Pasa una chica y lo observaba y lo ve y me dice: ‘yo lo conozco’. ¡Ya te imaginarás! ¡Sentí que el hígado se me subía hasta las orejas!”, recuerda emocionada. Ahora lo que sigue para Ruth es regresar a su estado, ir a la fiscalía y ampliar su denuncia, diciendo que estuvo en Jalisco y que existe la posibilidad de que su hijo se localice en ese estado.
Para dar seguimiento al caso del hijo de Ruth, las comisiones locales de Búsqueda y de Derechos Humanos, tomaron la declaración de una de las internas y elaboraron un informe con los detalles de un “posible positivo”. Este es un concepto que repiten las madres al referirse a las pistas certificadas que cada una consigue para integrarlas a las carpetas de investigación de sus hijas e hijos desaparecidos.
“Somos puras madres con dolor, puras madres, que nos urge, localizar a nuestros hijos”, dice María de la Luz López Castruita, que desde hace más de 12 años recorre el país con la foto de su hija, Irma Claribel Lamas López, desaparecida en Torreón, Coahuila, a los 17 años.
Lucy recuerda muy bien el último día que vio a su hija. Era miércoles 13 de agosto de 2008; Irma tomó sus cosas y se fue de casa sin permiso. Tenía días buscando pretextos para ir a un concierto de Caifanes en Saltillo. Lucy pensó que era una rebeldía más de su hija, pero Irma no volvió. Su esperanza es encontrarla con vida.
Desde entonces se ha dedicado a organizar labores de búsqueda en grupos, con los que recorre calles, hospitales, salas de emergencia, centros de rehabilitación o de detención de menores, clínicas psiquiátricas. Y ahora, las cárceles. En esos lugares las madres buscan una pista, un testimonio, una descripción que las ayude a encontrar en algún sitio a sus desaparecidos.
“Nos están esperando”
En México las instituciones de justicia están empeñadas en convertir a las personas desaparecidas en cifras de muertos o restos hallados en fosas. Por eso la labor de Búsqueda Nacional en Vida es todo un desafío que reta las inercias y las omisiones de la impunidad.
“Las familias ya estamos cansadas de buscar a nuestros familiares en basureros, en cuevas, en ríos en montes. A ellos se los llevaron vivos y por eso vivos los estamos buscando. Exigimos a las autoridades que hagan su trabajo. Si no lo hacen, que apoyen a las familias para que podamos hacer búsqueda en vida porque ya estamos cansados de buscarlos en muerte”, es una de las consignas que más repiten en sus manifestaciones las madres de Búsqueda Nacional en Vida.
El colectivo nació en el año 2017, en Coahuila, donde organizaron su primera jornada de búsqueda, acompañadas por el obispo Raúl Vera, figura clave en la defensa de los derechos humanos.
A su causa se han sumado más de 100 familias de todo el país que se organizan por whatsapp y dos veces al año salen a jornadas de búsqueda. Han recorrido distintos estados: Coahuila, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Morelos y Jalisco.
Las técnicas de investigación de este colectivo de mujeres pueden compararse con las más profesionales de la autoridad. Ahora saben cómo conseguir la sábana que registra las llamadas telefónicas de los celulares de sus hijos o sus hijas para revisar desde dónde y a quién llamaron antes de que les perdieron el rastro. También revisan las redes sociales, verifican si sacaron dinero de un cajero automático o si pidieron un taxi.
Al seguir la pista de su hija, Lucy López supo que Irma había tomado un carro de sitio para buscar una dirección a un hora de distancia de su casa. Con la ayuda de los choferes de su barrio, logró rastrear en pocas horas el último lugar donde Irma había estado.
María de la Luz López Castruita, Lidia Lara y Rosaura Magaña, integrantes del colectivo. Foto: Cortesía Búsqueda Nacional en Vida.
“Duramos ahí como unas dos horas, entonces le hablamos a la patrulla. Estaban ahí los policías tratando de que abriera la puerta y entonces me dice uno, ‘señora vaya y ponga la denuncia porque su hija es menor de edad y esto es secuestro”. Así, Lucy supo que su hija había quedado atrapada en una red de trata. Desde ese día 13 de agosto de 2008 su propósito ha sido encontrarla viva y en cada entrevista que da a la prensa aprovecha para enviar recados a su hija.
“Me gustaría que [este mensaje] llegara a Cari, me gustaría que llegara a mi hija, que ella viera que yo no he dejado de luchar, que voy a seguir luchando hasta que me muera. El último suspiro lo voy a entregar a ella, a la búsqueda”, dice en entrevista.
Lucy explica que las autoridades no le han puesto interés a la búsqueda de personas vivas. Los esfuerzos se han concentrado al rastreo de cuerpos enterrados en fosas y al final de cuentas no dan los resultados que ellas quisieran.
“Se están llenando los laboratorios de restos y restos y restos y las autoridades no le están poniendo interés a la búsqueda en vida” comenta Lucy, impaciente de encontrar a todos los desaparecidos vivos que -dice- les “están esperando”.
La justicia tiene una deuda con ellas. Los gobiernos a veces la asumen y a veces, no. Ella es una de las afortunadas porque ha contado con el apoyo de las autoridades de su estado. Pero la mayoría de las veces las madres y sus acompañantes cubren sus gastos individuales y hacen colectas para saldar los costos.
Algunas cuentan con viáticos porque están inscritas al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI). Sin embargo, para su última caravana en Jalisco, el RENAVI incumplió los compromisos firmados y las madres tuvieron que pedir 60 mil pesos para pagar su transporte. Todavía conservan esa deuda.
En el último año, el RENAVI sufrió un recorte y el fondo para búsquedas ya no admite el registro de nuevas familias. En delante, no contarán con recursos para buscar.
Así, las familias del colectivo se organizan por cuenta propia ante la falta de resultados de las autoridades. Cada historia les comprueba, que por la ruta institucional los casos de desaparición de sus hijos e hijas quedan empantanados en el eterno papeleo y la omisión de ministerios públicos empeñados en perseguir causas penales desde sus oficinas, sin salir a campo.
Rosaura Magaña explica que las fiscalías no atienden con prisa las denuncias por desaparición, las primeras diligencias demoran entre 15 a 30 días y lamenta que sólo envían oficios a otras dependencias pero no salen a buscar.
A pesar de la urgencia, apenas hace dos años existen comisiones gubernamentales para la búsqueda de personas a nivel federal y estatal, y no siempre están encabezadas por gente experimentada. Son tan recientes que en los hechos no queda claro su papel en las investigaciones. Esta falta de claridad deriva en una rivalidad cada vez más evidente con las fiscalías.
A noviembre del 2020 México acumula más de 79 mil 500 personas desaparecidas y no localizadas, pero apenas en agosto pasado entró en vigor un protocolo homologado de búsqueda que intentará facilitar la recuperación de personas con vida.
Las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, presentadas en julio pasado, revelan que 104 mil 652 personas fueron localizadas con vida. Pero la autoridad no especifica la causa de la ausencia, y solo reconoce que 303 son casos de personas desaparecidas de forma involuntaria. O sea, a la fuerza. La misma cifra actualizada a noviembre arroja 803 casos.
[ CRÉDITOS ]
Este texto forma parte de la serie “Camino a encontrarles: Historias de búsquedas”. Un proyecto de podcasts y reportajes escritos y coproducidos por A dónde van los desaparecidos, IMER noticias y Quinto Elemento Lab.
Texto y fotos por Paloma Robles*
Ilustraciones por La Lechuga Ilustradora
MÁS DE