Antes era el Cártel de Neza. Hoy, una “ONG” de Edomex con poder

​ La jefa del Cártel de Neza, Delia Patricia Buendía, alías “Ma Baker”, sin duda marcó un hito en la historia del narco en México. Antes de Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”, Claudia Ochoa Félix, “La emperatriz los Ántrax” y otras tantas criminales ganaran los titulares de los periódicos, existió esta mujer de 53 años que por primera vez encabezó un cártel del narcotráfico en el país. 

Era tal su poder que, según las autoridades ordenó ejecutar altos mandos de la policía, tuvo en su nómina a magistrados y jueces y llegó a controla alrededor de 500 narcotienditas en el oriente de la zona metropolitana. De ahí su alto grado de peligrosidad y que las autoridades emprendieran una intensa búsqueda que finalizó con su detención en su propia casa.

Marcada con el número 414 de la calle Poniente 29 de la colonia La Perla en Nezahualcóyotl, agentes ministeriales la detuvieron el 19 de agosto del año 2002. La propiedad quedó asegurada por las autoridades y custodiada por la policía municipal. Más de una década después, y de manera inexplicable, dicha propiedad está actualmente en posesión de una organización denominada “México Unido Pro Derechos Humanos, A.C”, que se caracteriza por vender calcomanías, oficios y credenciales que acreditan a quien las adquiere como miembro de dicha agrupación. 

Y con lo cual, según los ofertantes, se pueda circular con el automóvil todos los días, violando en pleno el programa el Hoy No Circula. ¿Cómo fue que una propiedad confiscada a un grupo del crimen organizado termina en las manos de otra organización que se dedica a vender impunidad ante un programa oficial?

DURMIENDO CON EL ENEMIGO 

Un vecino, de nombre Leo, recuerda la anécdota con bastante claridad. Regresaba del trabajo con su papá en su vehículo cuando se toparon con un PT Cruiser color vino y de vidrios polarizados bloqueando el paso a media calle. Parecía que iba a entrar a la casa de la“Ma Baker”, pero estuvo sin moverse por algunos minutos. Leo decidió no pitarle para no molestarlos, y esperó pacientemente a que por fin se quitara. “Qué tal sin son narcos y nos madrean”, bromeó con su papá aquella vez. “Nunca me imaginé que sí lo eran y que la señora Delia fuera de las pesadas”, me dice riendo a más de una década de los hechos.

Y vaya que si era sanguinaria la jefa del Cártel de Neza, pues en sólo tres semanas del 2002 ordenó asesinar a Arturo Pérez Estrada, jefe de la base Plata en la delegación Iztapalapa; Guillermo Robles Estrada Liceaga, director de Operaciones Mixtas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y Nicolás Humberto del Águila Jiménez, agente del ministerio Público Federal. Según Leo, después del operativo en la casa de “Ma Baker”, la procuraduría puso sellos y aseguró con cadenas el zaguán. Agentes municipales estacionaban su patrulla frente a la casa para custodiarla, pero a lo único que se “dedicaban era a dormir”, me informa Leo que siempre pasa frente a la casa rumbo a su trabajo.

La custodia de los municipales duró algunos años hasta que desapareció junto con la cadena y los sellos de las autoridades. “Yo le calculo que la manta aproximadamente tendrá como dos años, quizá un poco más”, me dice Leo y agrega, “pero desde unos años antes volvieron a vivir ahí”. La manta a la que se refiere cuelga de la fachada de la casa e indica que es una oficina auxiliar de México Unido Pro Derechos Humanos A.C. Además invita a talleres, asesorías y sobre todo a afiliarse a la organización. Y en la parte inferior izquierda, advierte: “Inmueble donado por: SAE”. Que son las iniciales del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien por cierto también aparece en la manta con su logo.

La antigua casa de la Ma Baker. Foto VICE

LA INFORMACIÓN INÚTIL

Por medio de peticiones públicas de información, con los folios 0001700133215 y 0001700395115, VICE solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que nos precisara el número, la dirección y el status jurídico de todos los inmuebles asegurados a Delia Patricia Buendía, alías“Ma Baker”. La respuesta oficial de la PGR, de la cual VICE tiene copia, indica que debido a que la “información solicitada se encuentra inmersa en averiguación previa” tiene el carácter de reservada. Así que sólo se limitó a informar el número de bienes asegurados: tres. Nada de su status jurídico.

El dato era irrelevante, pues lo que se quería saber era las direcciones para constatar si estaban habitadas, donadas, selladas, etcétera. Debido a la poca información brindada por la PGR, se ingresó un recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y que después de varios meses nos dio la razón y ordenó a a la dependencia federal diera la información requerida. Pero la PGR simple y sencillamente apeló a que no está obligada a elaborar un lista “ad hoc” de los bienes asegurados. Y quedamos en lo mismo.

Finalmente, se averiguó que las direcciones de las dos propiedades restantes. En tanto con el folio 0681200057315 se le solicitó al SAE la confirmación de la supuesta donación de la casa en cuestión (o en su caso algún otro inmueble) a la asociación México Unido Pro Derechos Humanos A.C. Y la respuesta fue la siguiente: “Se informa que el SAE no ha donado inmuebles a la asociación citada por el peticionario”. 

Además aclaró que después de una búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB), se desprende que el inmueble de Poniente 29, no 414, col, La Perla “se encuentra en administración del SAE con proceso asegurado derivado de un procedimiento penal federal”. La incógnita se mantenía. ¿Cómo es que el SAE dona un predio a esta supuesta organización de derechos humanos? ¿Y en qué status jurídico y posesión de quién estarían los demás inmuebles asegurados a “Ma Baker”?

DDHH COMO NEGOCIO

A pesar de que en los volantes que reparten en sus oficinas viene la dirección del sitio web de la asociación, éste en realidad no existe. La poca información que se puede rastrear por internet nos dice que “México Unido Pro Derechos Humanos, A.C” fue fundado en 1998 por el Lic. Fernando Trueba Buenfil y “un grupo de profesionistas y luchadores sociales, con la finalidad de apoyar y asesorar integralmente a la comunidad de más escasos recursos y en situación de vulnerabilidad social…” Según otras páginas electrónicas, Fernando Trueba Buenfil actualmente preside la notaria 42 en Ciudad Nezahualcóyotl. 

Y en el famoso sitio de quejas www.apestan.com, una usuaria denominada como Zarahi, acusa a México Unido Pro Derechos Humanos A.C de fomentar “la corrupción y el fraude en las localidades vulnerables a donde acuden con promesas y recolectan firmas de mujeres indígenas para solicitar al Sedesol la aprobación de proyectos, mismos que nunca son desarrollados y fácilmente falsifican facturas para la comprobación de gastos”. Y en otro sitio se encontró un convenio con la Universidad Tecnológica de Neza (UTN) para que estudiantes realizaran estadías profesionales en México Unido Pro Derechos Humanos.

Dicha agrupación tiene tres oficinas en Neza, incluyendo la que fue domicilio de “Ma Baker” (Poniente 29 no. 414), donde me presenté personalmente. Pude mirar que frente a la casa había por lo menos cinco automóviles (algunos de ellos de lujo y con vidrios polarizados) y todos tenían la calcomanía de la asociación pegadas en sus puertas o en los vidrios. 

Toqué y pregunté por los requisitos para obtener la poderosa calcomanía, que todo lo puede. Me hice pasar como el hermano de un tianguista que necesitaba el adhesivo, se supone que son los que más la solicitan, pero los coches de lujo de afuera lo desmentían completamente. Una mujer me explicó que el paquete completo consiste en la credencial, un oficio y dos calcomanías, y su costo era de 350 pesos con una vigencia de un año. Sólo necesitaba una copia de mi credencial de elector, tarjeta de circulación y dos fotos infantiles. En menos de diez minutos la tenía, aseguró. Pero cuando fui a la oficina de Villada 823, col. Benito Juárez, la secretaria me dijo que en ese momento no tenía el papel para imprimir las calcomanías y que mejor regresara al siguiente día.

De varios pisos de altura, la construcción en color blanco también funge como clínica y sobre la banqueta había un automóvil de vidrios polarizados que en su puerta tenía rotulado: “vehículo donado por Gobernación”. En la tercera oficina (Granito de Sal no. 139, col. Benito Juárez) me recibió un hombre de la tercera edad que se ostentó como el ingeniero Margarito Valencia Gutiérrez. Hablaba por teléfono y sin que viniera al caso, o tal vez sí, para impresionarme y embaucarme, me extendió un par de supuestos oficios, que a leguas se miraban falsos, donde estaba escrito el nombre del ex jefe de la Policía Federal (PF), Manuel Mondragón y Kalb. Y donde se pedía interceder por dicha organización en algún asunto vago. “¿Es de Gobernación, no?”, me preguntó en tono casual. Cuando se desocupó, el anciano me especificó que los precios para la calcomanía eran los mismos, 350 pesos por el paquete. Pero prefirió llamarlo donativo.

Actualmente en el Estado de México abundan dichas organizaciones que se hacen pasar como defensoras de los derechos humanos y a lo único a que se dedican es a lo mismo, vender calcomanías y credenciales.

 En la misma calle de la“Ma Baker”, hace unas semanas se instaló otra organización que se denomina “Frente Mexiquense Pro Derechos humanos A.C.” La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) tiene dado de alta en su lista de organizaciones no gubernamentales a México Unido Pro Derechos Humanos A.C y a Ricardo Valencia Rico como su titular. 

No obstante, dentro de los estatutos reglamentarios de dichas organizaciones se les prohíbe usufructuar económicamente de sus actividades, muchas lo hacen cotidianamente. En varios de los logos de estas asociaciones agregan las siglas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Al respecto, su jefe de información, Miguel Ángel Paredes Ramos, me hace saber que por ningún motivo la CNDH otorga concesiones ni licencias de intermediación para arreglar litigios o violar las normas oficiales y exhorta a denunciar a dichas organizaciones.

La jefa del cártel de Neza integró a casi toda su familia al negocio de las drogas. Agentes ministeriales la detuvieron junto a sus hijas, Nadia Isabel y Marcela Gabriela Bustos Buendía, y sus respectivos esposos, Fernando Morales Castro y Mario Solís Ariza. Sólo otro de sus yernos, su brazo derecho, Carlos Morales Gutiérrez, alias “El Águila”, tardó un poco más en ser apresado.

Y sucedió porque tuvo una audacia graciosa, por llamarla así —quizá en otro país hubiera sido una absoluta tontería, pero estamos en México—. Una vez intervenido por las autoridades el otro inmueble de la organización (Poniente 22 no. 4189, col. La Perla) a los pocos días lo dejó sin custodia policial y el Águila pensó que era el mejor lugar para esconderse. 

Y así fue por unos meses hasta que finalmente fue detenido. Ahora este domicilio no tiene ningún tipo de sellos ni de custodia y por las ventanas abiertas y las cortinas que ondean al viento, se puede deducir que está habitada. Cuando toqué, nadie me abrió. En tanto la otra casa en la Calle Luis García 244 col. Ampliación Santa Martha Acatitla, ninguno de los vecinos me pudo informar si está habitada.

Reportes periodísticos han dado cuenta del escaso o nulo control que tiene el SAE sobre los bienes asegurados a la delincuencia organizada. Robos a sus bodegas y una vigilancia fallida le ha provocado, entre febrero del 2015 y febrero del 2016, aproximadamente 31 mil 823 hurtos registrados oficialmente. VICE solicitó una entrevista a la coordinación de comunicación social del SAE para saber del status real de los inmuebles asegurados a la“Ma Baker”, pero nunca regresaron la llamada como lo prometieron.

En tanto una vocera de México Unido Pro Derechos Humanos, quien no quiso ser identificada, vía telefónica informa que se encuentran en dicha casa desde hace aproximadamente tres años y fue porque solicitaron al SAE dicho “beneficio”. “Así nos fue otorgada esta propiedad”, aseguró.

Cuando se le informa que tenemos documentos oficiales que niegan esa donación, recula. Y pese a la manta que cuelga afuera de la casa en donde específica que esa propiedad les fue donada por el SAE, dice que más bien la organización es depositaria y que pagan 4 mil pesos de renta al SAE. Se le solicitan los documentos que dice tener para comprobar sus dichos, pero se niega a mostrarlos. 

Tampoco reconoce que vendan ningún tipo de documentos para violar la ley, pese a que tan sólo unos días antes llamé a su oficina y sin más preámbulos pregunté sobre las calcomanías para circular todos los días en el automóvil.

“¿Va a querer el paquete completo o nada más la credencial?”, me respondió una voz femenina.