"Alcanzaría Bermúdez 45 años de prisión por desaparición forzada"

Por desaparición forzada fue denunciado Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública junto a otros mandos de esa dependencia, implicados en el asesinato de los cinco jóvenes de Playa Linda, sustraídos por policías estatales en Tierra Blanca, con lo que Bermúdez podría alcanzar los 45 años de prisión.

Hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron este mediodía José Benítez Herrera, padre de José Benítez de la O y Carmen Garibo Maciel, madre de Susana Tapia Garibo, junto al abogado Celestino Espinosa Rivera, para ampliar la denuncia que ya existe por el caso.

En la ampliación, los padres, a nombre de los cinco, pidieron que la FGE retome elementos que la PGR y la misma FGE dejaron fuera de la indagatoria, como la rotación de Marcos Conde Hernández, ex delegado de la SSP sobre quien ya pesaban otros señalamientos y la permanencia de elementos que no pasaron las pruebas de control y confianza.

Del caso, está abierta la investigación ministerial FGE/FIM/IM/01E/2016, en la cual señaló el abogado, quedaron fuera patrones de conducta constante de los elementos "que dan a entender y se puede deducir la participación de los mandos".

Explicó que se solicitó a la Fiscalía que esos hechos los tomen en cuenta para sacar datos que puedan derivar en la probable responsabilidad de la cadena de mando.

"Datos conocidos, que Marcos Conde fue detenido antes de ser policía estatal portando armas, estuvo preso en Villa Aldama; que no pasaron los exámenes de control y confianza; que fueron cambiados de área o región junto con grupo y quien hacía los cambios era el Secretario de Seguridad Pública", dijo.

Los padres fueron atendidos por el director de investigaciones ministeriales de la Fiscalía, con quien estuvieron reunidos por espacio de hora y media.

Espinosa Rivera detalló que al tratarse de probable responsabilidad, la Corte Interamericana ha señalado que es posible y lógico utilizar la prueba indiciaria en estos casos donde el estado trata de evitar lo más posible que haya pruebas materiales directas.

"Entonces se permite que se hagan deducciones de todos los patrones para sacar una probable responsabilidad y eso es lo que se está pidiendo al estado".

El abogado explicó que al llevarse esa investigación en el sistema tradicional, es más fácil que se integre una consignación al juez que lleva la causa y este otorgue una orden de aprehensión y libere el auto de formal prisión.

"Consideramos que existen suficientes elementos para eso, se los traemos, se lo otorgamos a la Fiscalía, le exigimos que actúe en consecuencia y ya dependerá de ellos", agregó.

La ampliación fue para la cadena de mando, pues por el delito de desaparición forzada se castiga a quien la comete, la tolere y conozca de ella.

"El código penal habla de diez a 30 -años de prisión- aumentando hasta una mitad si sobreviene la muerte en una desaparición forzada, estamos hablando de hasta 45 años", expresó.

Por su parte, José Benítez Herrera dijo  que aunque Bermúdez ha sido procesado por enriquecimiento ilícito "lo que quiero es que se haga justicia sobre los hechos de nosotros nada más, lo demás no me interesa".

El padre dijo que todas las víctimas del ex jefe policiaco y sus elementos deben participar ayudando a la Fiscalía a que haga su trabajo.

"Que participen, para que se haga justicia hay que presentar pruebas, hay que denunciar porque con la boca no se puede, tiene uno que presentar argumentos", acotó.

Benítez Herrera recriminó que la Procuraduría General de la República abandonó el caso, al igual que la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV); la única comunicación de los padres es con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob)