Fiscalía de Veracruz encubrió violación sexual a menor de 5 años

“José” –nombre ficticio- menor de edad de cinco años que vivía en Tierra Blanca,  fue violado tantas veces, aparentemente por su abuelo, que su esfínter anal interno no podía mantener el excremento dentro.

Pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE), lo supo, e inició una carpeta de investigación al respecto (UIPJ/DXI/FE7°/***/2016, en su versión pública), jamás se preocupó por separar al menor de su agresor y castigar al responsable; de hecho, la FGE desconoce ahora el paradero del menor, pues sin más, la familia del pequeño se dio a la fuga.

El pequeño, cuya identidad real es resguardada por las autoridades por obvias razones, estaba al cuidado de sus abuelos desde los dos años, pues su madre trabajaba en esta ciudad para su manutención.

Así consta en la recomendación 9-2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitida hace algunas semanas, donde solicita la reparación del daño a la víctima y una sanción para la Fiscal Séptima Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ), quien llevó y desdeñó el caso.

Luego de la polémica por el asesinato de tres menores y el suicidio de su madre con tal de no dejarlos en manos de su ex pareja, también acusado de violentar a al menos uno de ellos, en la que se descubrió que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sabía del hecho y aun así no actuó, Veracruz ha incurrido también en este ilícito, evadiendo el interés superior de la niñez.

Si bien la recomendación fue emitida este año, los hechos ocurrieron cuando el titular era Luis Ángel Bravo Contreras.

Hechos

El 23 de mayo del 2016, el pequeño “José”, entonces de cinco años de edad, acompañó a su abuela a una consulta médica en la Unidad Médico Rural de Tierra Blanca, donde personal de la misma percibió un olor desagradable que provenía del menor.

Por ese motivo, el médico se ofreció a revisarlo, siendo diagnosticado con incontinencia rectal, que según su abuela, padecía desde hacía dos años.

“A la exploración física se encontró: ‘agujero anal grande con salida de excremento abundante […] recto muy lastimado’”, según consta en el expediente.

En el parte médico quedó documentado que el pequeño mostró pavor ante la indicación de quitarse la ropa “y refirió que su abuelo, quien funge como su padre, lo lastima”.

De acuerdo con testimonios recabados con los mismos vecinos, se indicó que el niño también sufría de maltratos físicos y psicológicos en su hogar, por lo que se dio por aviso al DIF municipal de Alto Lucero.

Derivado de lo anterior, una vez que se realizaron las acciones pertinentes, el 3 de junio del 2016, la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Municipal de Alto Lucero, interpuso la denuncia por hechos constitutivos de delito, cometidos en agravio del menor de identidad resguardada, ante la Fiscal involucrada, iniciándose la carpeta de investigación ya mencionada, dentro de la cual, se encontraron algunas irregularidades que atentan contra los derechos del pequeño.

La CEDH indica que por principio de cuentas, al momento de presentar al menor de edad ante la Fiscal, ésta omitió recibirle declaración alguna, sin que se observe que haya existido un acuerdo previo de no ser oído dentro de la investigación o de que el mismo menor se haya negado a hablar “obstaculizando su acceso a la justicia como víctima de un delito; pues es importante reiterar que por su edad no debe ser considerado como incapaz para expresarse. Al contrario, su declaración para la investigación es fundamental”.

Otra de las omisiones de la fiscal séptima es que si bien hizo referencia a que  se le solicitaría a la Procuradora de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Alto Lucero, como la parte denunciante, su anuencia para canalizar al menor a la institución correspondiente con el fin de que recibiera atención médica y psicológica, esto no sucedió, pues dicha atención no fue brindada al menor de edad.

Aunado a ello, agrega,  el perito en psicología mediante oficio 044, señaló que no pudo rendir el dictamen respectivo, pues valoró al agraviado de forma inmediata, sino que se citó hasta quince días después, momento en el que ya no fue presentado por sus abuelos.

La fiscal también omitió brindarle medidas de protección consistentes en vigilancia en el domicilio de la víctima, señalando que se enviaría el oficio conducente al Secretario de Seguridad Pública para su cumplimiento, con vigencia de 60 días, medidas dentro de las cuales se debía informar a la parte agraviada sobre la posibilidad de ser trasladado a un refugio, albergue o domicilio temporal.

Sin embargo, tampoco se hizo de esta manera, ni fue girado el correspondiente oficio a la SSP “lo cual no solamente demuestra una omisión, sino que también nos permite afirmar que la protección en favor de la víctima se limitó al llenado de un formato, lo cual se constituye en el desinterés y la falta de un compromiso serio por parte de la autoridad responsable frente a los derechos de las víctimas”, destaca la recomendación.

Por si fuera poco la fiscal, que inicialmente tuvo como imputados a la madre y los abuelos maternos, no los citó a comparecer y posteriormente, el 13 de julio de 2016, a través de un oficio informó que no existía un probable responsable dentro de la investigación, pese a que el menor había señalado a su abuelo de ser el agresor.

La fiscal séptima también desdeño el dictamen médico del menor, emitido por personal de la Dirección General de los Servicios Periciales, en el que se indica que el pequeño se encontraba visible y extremadamente lastimado en su integridad física, que dichos agravios le habrá provocado secuelas fisiológicas severas y que recibía maltratos y falta de cuidados alimentarios por parte de sus tutores.

Lo último que la FGE supo del menor, fue cuando estuvo a disposición de la fiscal, el 3 de junio, y que no lo separó de sus tutores; posteriormente la familia del menor se esfumó, lo que implica una violación grave a los derechos del menor, que puede seguir siendo violentado, lo que de acuerdo con la CEDH “lo colocan en un peligro real e inminente, en tanto no se conozca su paradero y se restablezcan sus derechos”.

Hasta el momento, la fiscal en cuestión continúa desarrollando actividades como servidora pública de la Fiscalía, por lo que la Comisión exige una sanción para que responda por la responsabilidad, legal o administrativamente, que se le atribuye.