Gobierno de Veracruz deberá solventar el manejo financiero de 76 mil 603 millones de pesos

​El gobierno de Veracruz deberá solventar ante la Auditoría Superior de la Federación el manejo financiero de 76 mil 603 millones de pesos, lo anterior, como parte de las irregularidades detectadas en el manejo financiero de los años 2012 al 2016.

Dicho monto incluye la simulación de reintegros por 4 mil 770 millones de pesos, que obligaron a la presentación de denuncias penales contra exfuncioanrios Duartistas.

El Auditor General del Estado, Lorenzo Antonio Portilla, recordó que en el 2014 se firmó una minuta de trabajo por la que se calendarizaba el reintegró de los recursos que corresponden a la transferencia de a 8 fondos federales y recursos del Seguro Popular de los ejercicios del 2009 al 2011.

En ese entonces Fernando Charleton, titular de Sefiplan y Mauricio Audirac Murillo, Contralor General, se comprometieron que en los meses de marzo y agosto de ese mismo año regresarian el dinero, sin embargo, el Gobierno de Veracruz no cumplió.

Por lo anterior, ASF presentó las denuncias penales, e inclusive, personal de la Procuraduría General de la República (PGR) estuvo tres meses en las instalaciones del ORFIS integrando las carpetas de investigación por este caso.

Portilla Vásquez aclaró que él firmó la minuta como instancia coadyuvante de la ASF para el seguimiento de la devolución de los recursos, por lo que negó tener responsabilidad ante el incumplimiento del Gobierno del Estado de devolver los 4 mil 770 millones 211 mil 965.90 pesos, que corresponden a 8 fondos federales y recursos del Seguro Popular de los ejercicios del 2009 al 2011.

El Titular del ORFISapuntó que el Estado de Veracruz, representado por el Secretario de Finanzas, reconoció el adeudo el cual se debía depositar a las cuentas bancarias específicas del ramo 33 y del Seguro Popular de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, así como manifestó su plena conformidad con los alcances por lo que asumió la obligación de efectuar cada uno de los depósitos.

 “En dicha minuta se señala que la Contraloría General del Estado, en el ejercicio de sus funciones, sería la única instancia responsable de analizar las causas que motivaron la falta de aplicación de los recursos, a fin de determinar si existían responsabilidades legales y administrativas de los servidores públicos responsables de su administración”.

 Y en el documento también se señala que al ORFIS actuará como coadyuvante de la ASF, en la verificación de la aplicación definitiva de los recursos depositados, pero como el Estado no cumplió con los compromisos señalados la ASF, se presentó la denuncia de hechos ante la PGR.