Comunidades indígenas repudian Tren Maya; “Obrador no puede decidir”, afirman

​Pese a que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que está dispuesto a escuchar a todos los mexicanos con las llamadas “consultas ciudadanas”, luego de que se decidiera el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional, comunidades indígenas de la Península de Yucatán desaprobaron hoy el proyecto de Tren Maya del presidente electo y rechazaron cualquier resultado que se obtenga de la consulta que se realizará 24 y 25 de noviembre.

En un pronunciamiento conjunto, expresaron su “desagrado” por considerar que “ninguna persona fuera de la Península de Yucatán” puede “decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer” en sus territorios y llamaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a que se prohiba de forma “total y absoluta” antes y después del 1 de diciembre cualquier tipo de subasta, autorización, permiso de cambio de uso del suelo o licencia para el establecimiento del proyecto de servicios, sin haber obtenido primero el consentimiento de los pueblos indígenas por los que pasaría el proyecto.

 “Desde la pasada administración hemos estado expectantes con respecto al megaproyecto Tren Maya, lo hemos seguido puntualmente y desde que se inició a hablar del mismo estamos atentos a su desarrollo. Manifestamos que desde ese momento lo desaprobamos y nos desagrada por cuanto que violentaba los derechos indígenas de los que somos sujetos y que están consagrados en nuestra Constitución Política. Esperábamos que con el cambio de administración nosotros, las comunidades indígenas, fuéramos visibles para la Federación y reconsiderara las formas para intentar poner en marcha el megaproyecto Tren Maya, pero con desagrado nos percatamos de que en esta nueva administración la historia no cambiará y la esperada justicia no llegará a los pueblos indígenas de México.

 “Con respecto a la llamada consulta, desde este momento rechazamos cualquier resultado que la misma tenga ya sea a favor o en contra. No es permisible que nadie, ninguna persona fuera de la Península de Yucatán pretenda decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer en nuestros territorios, así como nosotros jamás intentaremos decidir lo que se hará con sus bienes, derechos y posesiones”, expresan.

Las comunidades que firman el documento se encuentran representadas en las organizaciones Coordinación “Unir Fuerzas para la Defensa del Territorio”, Prodiversa A. C., Red de Productores de Servicios Ambientales Ya’ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab A. C., Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Muuch Kambal A. C., Consejo Indígena de Atasta, Cladem Yucatán, Movimiento de Resistencia Civil, Candelraria Campeche, Sociedad Cooperativa Turística Repobladores de Chiquila y Ejido de Conhuas en Calakmul.

En su pronunciamiento, explican que se oponen al proyecto porque este ya cuenta con “presupuestos, licitaciones, trazos y hasta fecha de inicio” y nadie les ha consultado “absolutamente nada”.

“La única información que tenemos es lo que los noticieros han transmitido y las filtraciones que nos han llegado. De manera oficial no hay autoridad alguna que se haya sentado a dialogar con nosotros a pesar de que la obra física pretenden asentarla en nuestro territorios; ni hablar de buena fe, esta no existe, todo se ha llevado a nuestras espaldas, y para estar en condiciones de que sea culturalmente adecuada en primer término quisiéramos que cualquier decisión que se pretenda tomar sea en presencia de nuestras representaciones y en nuestros territorios”.

Las comunidades enfatizan que no se oponen al progreso, sino a la certeza de que el megaproyecto no les dejará beneficios ni desarrollo regional.

Advierten que tomarán “las acciones que sean necesarias” para que sus derechos se cumplan y llamaron al presidente electo a considerarlos como sujetos de derechos colectivos y a utilizar las consultas como un mecanismo para acopiar y acercar información para tomar decisiones informadas sobre esa base, no como “una simple encuesta” para aceptar o rechazar el megaproyecto.

Las comunidades piden asimismo que la Manifestación de Impacto Ambiental y la Evaluación de Impacto Ambiental la elabore un organismo independiente de la empresa que se encargue del mismo megaproyecto, y del gobierno; que cuente de garantes con una misión de observación como la oficina del Alto Comisionado de la ONU, CNDH o CIDH, y que dicha manifestación cuente con una proyección a 40 años.

Rechazan también cualquier tipo de diagnóstico de tipo forestal o faunístico sin la participación de las comunidades indígenas y menos si con ello “se pretende justificar las afectaciones y destrucción de la selva”, así como la intención de construir o establecer ciudades en el municipio de Calakmul por considerar que ello “descompondría a las comunidades indígenas e impactaría a todo el estado de Campeche y a la Peninsula”.

Hasta el momento, advierten, el tren proyecto de Tren Maya “no tiene nada de maya, ni de beneficio a la población maya. No queremos ser un Cancún o Rivera Maya, donde las cadenas hoteleras, de transporte de restaurantes son los únicos beneficiarios”.